El anuncio del ministro de Justicia para reformar al sistema de notarios es un paso positivo. Es de esperar que, al contrario de iniciativas anteriores, esta vez se logre avanzar.
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Contar con instituciones policiales sólidas, validadas por la ciudadanía y que cuenten con el respaldo de la autoridad política, es clave para dar seguridad a la población y proteger el Estado de derecho.
El extenso cierre de los colegios y la consecuente falta de interacción social afectó gravemente las habilidades socioemocionales de los niños, y requiere una respuesta urgente que involucre a todos quienes participan en el proceso formativo de los menores.
En sus primeras dos semanas de trabajo, la Comisión Experta ha dado muestra de una disposición a los acuerdos que contrasta con el ambiente que primó en el anterior proceso constitucional.
Las señales que den las autoridades locales en la lucha contra el narcotráfico son importantes, pero para que sean efectivas deben ser parte de una estrategia mayor, sino pueden terminar siendo simples maniobras comunicacionales.
Lejos de entregar tranquilidad, la propuesta que prepara el gobierno para hacer frente a la crisis que afecta al sector privado de salud agrega más incertidumbre sobre el futuro del sistema.
El asalto al aeropuerto dejó en evidencia el déficit de seguridad que aún presenta una instalación estratégica para el país, que debiera contar con los más altos estándares de protección.
Las movilizaciones en lugar de favorecer los objetivos que dicen buscar solo han profundizado la crisis de la educación pública. Es urgente, por ello, avanzar en una estrategia que devuelva a los estudiantes a las aulas.
El reciente cambio de gabinete, si bien no contempló modificaciones en el comité político y afectó principalmente carteras sectoriales, vino a confirmar que el diseño que dominó los primeros seis meses del gobierno quedó definitivamente atrás.
El rechazo a la reforma tributaria refleja que la actual administración todavía tiene deficiencias muy notorias en su gestión política.
El Imacec de enero y la caída del IPC el mes pasado reflejan una situación más favorable de la prevista hace solo unos meses por el mercado, pero ello no cambia los problemas estructurales que sigue arrastrando la economía chilena y que es necesario corregir.
El colapso del sistema político, económico y social de ese país, que se aceleró en la última década, da cuenta de la incapacidad de la comunidad regional para responder a tiempo y debe ser una señal de alerta ante otras crisis que se están gestando en la región.
El proceso constitucional que se inicia debe tomar las enseñanzas que dejó la fracasada experiencia anterior, dejando de lado los maximalismos y privilegiando los espacios de acuerdo.
Para recuperar el ritmo perdido en el desarrollo del mineral -que sólo el año pasado aportó al Fisco más de US$ 5.000 millones- cualquier política nacional del litio debe aprovechar el know-how del sector privado. Por ello, es positivo que la autoridad esté dando señales en ese sentido.
Una iniciativa que habilite las negociaciones colectivas por rama puede tener importantes efectos sobre la productividad, dadas las rigideces que ya tiene el código laboral chileno.
