El criterio establecido por el gobierno, en orden a que todo funcionario nombrado por el Ejecutivo debe renunciar por el solo hecho de ser formalizado, sin atender a ninguna otra consideración, abre el riesgo de que la función pública sea gravemente afectada.
Es un hecho que para romper la tendencia que el país lleva en materia de homicidios se requieren medidas a gran escala que trascienden a un gobierno de turno, lo que demanda un amplio acuerdo entre todas las fuerzas políticas.
Si bien la cifra de fatalidades ha tendido a mantenerse estable en los últimos años, el país debería empeñarse en disminuir significativamente esta estadística, considerando que muchos accidentes son evitables.
El último informe de Naciones Unidas detalla un escenario dramático de violaciones a los DD.HH. y crímenes de lesa humanidad que exigiría una actitud más decidida de la comunidad internacional contra el régimen de Daniel Ortega.
En el escenario actual, donde varios ministros de la Corte Suprema podrían ser destituidos, y hay vacancias que aún no se llenan, es indispensable contar con un nuevo sistema de designación de jueces que termine con el “besamanos” y reduzca las gestiones de promoción a nivel político.
El gobierno debe ser muy cauto en la fórmula de condonación que propondrá, ya que criterios laxos no solo generarán incentivos perversos en materia de no pago, sino que además sería especialmente injusto para los que sí han pagado. Además, podría desplazar otras necesidades urgentes en educación.
Las millonarias pérdidas del sistema al primer semestre indican que las Isapres aún están muy lejos de lograr un equilibrio financiero. El gobierno y los parlamentarios deben actuar con sumo cuidado para impedir que el cuadro se agrave aún más.
Pese a los avances, debe ser motivo de especial preocupación que la inasistencia aún se ubique por debajo del período previo a la convulsión social de 2019, en especial en el nivel de educación preescolar.
Resulta difícil de entender que a pesar de las críticas que al gobierno le han traído una serie de designaciones políticas -cuestionando su bandera de que el “amiguismo” no tendría espacio-, el episodio se repita con la designación de Diego Vela en la OCDE.
Aun cuando al cierre del primer semestre se produjo una disminución importante en el número de asesinatos, la cantidad de homicidios sigue estando entre las más altas de nuestra historia, lo que es señal de que el flagelo está lejos de haber sido controlado.
El debate presidencial confirmó que la contienda está abierta y si bien los recientes sondeos favorecen levemente a Harris, no hay que olvidar que en las últimas dos elecciones estas mediciones subestimaron el apoyo a Trump.
No parece procedente que los jueces sean acusados constitucionalmente por el solo hecho de haber hecho gestiones para asegurar su nominación, ya que el actual sistema de designación fuerza a que ello ocurra. Distinto es si se prueba que hubo contraprestaciones a cambio.
Es grave que en el “caso Hermosilla” se hayan filtrado antecedentes propios de la esfera íntima, lo que abre la interrogante de por qué esos registros formaban parte de la investigación y hasta dónde la Fiscalía puede ampliar su ámbito de acción.
Si bien el estudio de la Agencia de Calidad de la Educación sobre el impacto de los SLEP en los resultados del Simce arrojó en general datos positivos, estos no deben alimentar narrativas simplistas que sugieren que el sistema debería continuar tal como está.
