El abierto fraude electoral diluyó por ahora las esperanzas de cambio en ese país y exige a la comunidad internacional redoblar sus esfuerzos para evitar que esta vez la dictadura logre su objetivo.
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Los millonarios proyectos anunciados por estos días en los sectores minero y de recursos naturales muestran la relevancia de que se brinden señales correctas a los inversionistas, donde contar con reglas claras y estables resulta fundamental.
Resulta desconcertante que reglas fundamentales del sistema electoral se estén resolviendo con meras lógicas transaccionales, sin medir las implicancias de poner en riesgo la obligatoriedad del voto, o de llevar a que la elección en dos días pueda terminar en un fiasco.
Ya resulta bochornoso que algunos de sus integrantes ventilen públicamente sus críticas a la investigación de la Comisión de Ética, pero aún más complejo es que den la idea de que pretenden que se les apliquen estándares privilegiados.
La vicepresidenta de EE.UU. y candidata demócrata obtiene en varias encuestas a nivel nacional mejores resultados que el mandatario en los estados clave que probablemente decidirán las elecciones del 5 de noviembre.
La expansión del crimen organizado justifica contar con nuevos recintos de máxima seguridad, pero el debate a largo plazo no debería centrarse solo en nuevas cárceles y dónde ubicarlas, sino también revisar aspectos como los criterios para decretar la prisión preventiva.
El respaldo del ministro Marcel a los dichos del nuevo timonel del SII -quien se mostró partidario de combatir la evasión antes que subir impuestos-, así como la decisión de priorizar el proyecto de cumplimiento tributario, ayudan a ordenar el debate.
Una estrategia integral contra la inseguridad también debe abordar una ampliación y mejoramiento de las condiciones de los recintos penales, así como atacar los focos que incentivan los casos de corrupción que involucran a funcionarios de la institución.
El enorme impacto que los retiros han tenido sobre el ahorro previsional, y la amarga experiencia que dejó la fijación de tarifas eléctricas, deberían ser motivos suficientes para que el Congreso deseche este tipo de iniciativas populistas y muy dañinas.
La reciente ola de asesinatos debería marcar un punto de inflexión, de modo que el gobierno y el Congreso comprendan la urgencia de concordar un plan integral para enfrentar el flagelo del crimen organizado.
Cambiar las reglas electorales sobre los extranjeros en la antesala de una elección y sin razones de peso, como pretende el gobierno, es una práctica no vista en nuestra tradición, cuyas implicancias para la democracia son graves.
Los lineamientos que ha entregado el director interino son auspiciosos, porque denotan una voluntad de revestir al SII de un rol eminentemente técnico y preocupado de materias de alta relevancia, como el combate al crimen organizado.
Es lícito que el gobierno busque apoyar a los sectores más vulnerables, sin embargo, es importante que anuncios de este tipo vengan a su vez acompañados de medidas que permitan compensar los menores ingresos.
Ante el veredicto unánime que exculpó al excarabinero Sebastián Zamora, es necesario interrogarse quién asume la responsabilidad ante un caso tan mal fundamentado, y por los negativos efectos que todo ello conlleva.
