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Los recursos pendientes de rendición de estas entidades ascienden a $1.143.287.410 y corresponden a distintos períodos y programas destinados a mejorar la educación y la infraestructura escolar. Otros, en tanto, responden a problemas en coordinación, control interno y transparencia.
El ente fiscalizador analizó las transferencias de los organismos entre 2007 y 2023. En el caso de la Secretaría Regional de Educación de la RM, determinó que aún no se han rendido $ 2.888.393.255, mientras que en la Subsecretaría de Educación, ese monto se eleva a $ 75.849.011.589. En la indagatoria se determinó que, incluso, algunos beneficiarios de esos recursos ya han fallecido, así como también algunos sostenedores ya fueron traspasados a los SLEP.
Es contradictorio suponer que una empresa estatal en la distribución eléctrica lo habría hecho mejor frente a la actual emergencia, cuando ha quedado de manifiesto que el Estado ha fallado en cumplir con una serie de obligaciones.
Junto con ello, el representante de la institución confirmó que parte de los fallecidos formaba parte de programas de protección.
Aunque existen más de 50 subsidios estatales identificados, el Ministerio de Desarrollo Social define cinco como ayudas específicas a los hogares para el pago de servicios públicos. De ellos, el único que podría responder estrictamente a un subsidio directo, según los expertos, es el que rebaja la cuenta de agua potable para las familias más vulnerables, que es de carácter nacional. Otros dos son regionales, para el combustible en Aysén y Magallanes. A estos ahora se agregará el subsidio a las cuentas de la luz, cuya postulación termina este domingo.
En el último estudio de Fiscalización de Empleados Públicos, realizado por el Consejo para la Transparencia, da cuenta de que el total de funcionarios en el país alcanza los 810.064.
Revisa los beneficios otorgados por el Estado que tendrán modificaciones tras el aumento del salario mínimo mensual, que llegó a $500.000.
