El histórico templo de la institución está prácticamente en el suelo tras los ataques que sufrió en el estallido social. El costo para su restauración supera los $ 5 mil millones, por lo que la policía ya tomó una decisión: desprenderse y devolverla a Bienes Nacionales.
El informe tenía un total de cuatro párrafos. La única parte del texto que logró los 2/3 del plenario fue la inicial. La discusión estuvo marcada por los discursos de los convencionales que defendían la propuesta y por los constituyentes de derecha que lo criticaron duramente debido a que, a juicio de ellos, dividía al país.
Desde la asociación gremial emplazaron a la alcaldesa Macarena Ripamonti a definir su postura sobre dicha exposición y a darle explicaciones a los emprendedores de la V Región.
A través de un dictamen, el ente contralor señaló que si bien la seguridad y el orden público deben ser ejercidos por las policías, "a los municipios les está permitido, en dicho ámbito, llevar a cabo sólo labores de apoyo y colaboración, lo que, desde luego, también resulta aplicable, tratándose de las actividades de inspección, que servidores municipales puedan ejecutar con ocasión de alguna manifestación social”.
El candidato presidencial del izquierdista Pacto Histórico anunció que una vez elegido invitará a sus detractores a dialogar para construir acuerdos y evitar un estallido social.
El “octubrismo” ha confundido el todo por la parte y el momento con la historia. A partir de ello ha promovido políticas erradas y ha disociado a la clase política de una ciudadanía cansada de las estridencias y los excesos.
La Delegación Presidencial Metropolitana ejecutará un plan para recuperar el tradicional sector que se ha visto deteriorado, tras el estallido social. Por lo mismo, se instaló una mesa de trabajo entre distintos ministerios. "Es prioridad recuperar los espacios públicos con una estrategia que no solo sea policial, sino también cultural, artística, deportiva y participativa", explicó la delegada Constanza Martínez.
La semana pasada, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó una visita a Chile, durante la cual sostuvo reuniones con el Presidente Gabriel Boric, senadores y diputados, entre otras autoridades. Hernández habló con La Tercera para referirse a los avances en la materia este último año.
Esta semana, el Tercer Tribunal Oral en Lo Penal de Santiago absolvió a dos de los tres acusados por el incendio que, en octubre de 2019, destruyó el establecimiento de Plaza Baquedano. El propietario dice solo querer dar vuelta la página, por lo que se aferra al optimismo para presagiar un renacer para la zona cero del estallido social.
Durante su primera cuenta pública, el Presidente presentó una "Agenda Integral de Verdad Justicia y Reparación a víctimas en el contexto del estallido social". Entre las medidas expuestas por el Mandatario se contempla la reformulación de los programas de salud para víctimas, así como aumentar las pensiones de gracia. Finalmente, aseguró que su Gobierno impulsará un proyecto de ley de protección a defensores de derechos humanos.
Una de estas agresiones quedó registrada en un video que se viralizó en redes sociales, donde se podía apreciar a un joven de 18 años, identificado como Matías Soto Ramos, siendo golpeado con patadas y bastones en múltiples ocasiones por un grupo de efectivos policiales.
La Fiscalía Sur pide 8 años para el docente -uno de los primeros detenidos previo al estallido social-, contra quien el gobierno invocó la normativa que endurece las penas para delitos ligados al orden público. Pese a que el Ministerio del Interior ya desestimó la acción judicial en su contra, su defensa apunta a que el Ejecutivo no ha realizado gestiones para que la empresa estatal del tren subterráneo haga lo mismo. Esto para poder cambiar su situación procesal y así pactar una salida judicial distinta a un juicio oral.
Una año antes del estallido social, en 2018, la policía registró 3.492 lesionados. Desde entonces, la cifra se multiplicó y nunca se volvió a los indicadores de ese año, superando los 6.200 casos en 2020, por ejemplo, en plena pandemia. Expertos coinciden que este fenómeno se da por señales políticas equívocas y deslegitimación tras el 18-O.
Toda la Corte de Apelaciones de Santiago está querellada por presunta prevaricación luego que el titular del Séptimo Juzgado de Garantía fuera sumariado por dejar en libertad de oficio a 44 imputados que estaban en prisión preventiva por desórdenes públicos tras el estallido social. Esto generó una querella y abrió una causa penal. En medio de esa indagatoria, el abogado Octavio Sufán, de la Defensoría Penal Pública, instaló la sospecha respecto con quién se comunicó el día de la polémica resolución. Desde el entorno del magistrado aseguran que tras declarar fue él mismo quien autorizó a que el Ministerio Público revise su teléfono, lo que no ha sucedido, por ejemplo, en el caso de los ministros del tribunal de alzada capitalino.
