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Nicolás Piña Palomera (34), quien está en prisión preventiva por lanzamiento de bomba molotov a un furgón policial y es parte del grupo de los presos vinculados a delitos cometidos durante el estallido social, denunció a través de un recurso de amparo en contra de Gendarmería que la entidad penitenciaria lo obligó a recibir al candidato presidencial el viernes pasado. A raíz de esto, dice que sufrió recriminaciones de sus pares y que posteriormente, en un allanamiento, fue maltratado por personal de la entidad penitenciaria sin justificación.

El Índice de Percepción del Consumidor (Ipeco) de la Universidad del Desarrollo anotó el mes pasado un alza de 8,6 puntos respecto a junio, hasta 87,5 puntos, lo que no se veía desde septiembre de 2019.

La Corte de Apelaciones de Santiago ordenó separar los juicios de una demanda grupal que presentaron 22 víctimas de trauma ocular tras los episodios de violencia en las manifestaciones del denominado “estallido social”. La resolución provocará una sobrecarga laboral para los tribunales, según explicó el abogado de los jóvenes, quienes piden compensaciones al Estado por más de 7 mil millones.

Quien fuera subsecretario del Interior entre marzo de 2018 y diciembre de 2019, Rodrigo Ubilla, entregó su testimonio en calidad de testigo el 15 de abril pasado ante la fiscalía. Mientras que el actual delegado presidencial, exintendente metropolitano, Felipe Guevara, lo hizo el 12 de mayo en calidad de imputado. Se investigan eventuales delitos de violaciones a los derechos humanos durante las manifestaciones del estallido social. Ambos apuntaron a la policía como el ente responsable de tomar decisiones de tipo operativo en materia del uso de la fuerza, señalando que por normativa ellos son quienes definen las estrategias a usar y que el Ejecutivo solo le pidió al entonces general director de Carabineros que “tomara medidas”.

En su testimonio de 11 carillas, y al que tuvo acceso La Tercera, el Mandatario detalló al Ministerio Público que no hubo por parte del gobierno “ninguna advertencia concreta y específica" que previera los hechos ocurridos el 18 de octubre de 2019. Consultado por el Ministerio Público sobre su frase "estamos en guerra ante un enemigo poderoso", explicó que se trató de una alocución retórica y que no se refería a los manifestantes.

El ala dura del movimiento protagonista del estallido social del 28 de abril buscará llegar al Congreso y será aliada del precandidato presidencial de izquierda, Gustavo Petro, de cara a las elecciones del próximo año.

En un comunicado, la CIDH recopiló la información en torno a estas movilizaciones y llamó al régimen castrista a cumplir con el Derecho Internacional así como reiteró su posición de poner fin al bloqueo de Estados Unidos sobre la isla, subrayando "que los derechos humanos se ven afectados como consecuencia del mismo”.

Se trata de una condena, a través de un juicio abreviado, de dos efectivos policiales por los delitos de apremios ilegítimos. Se les imputó la golpiza de dos jóvenes en Pedro Aguirre Cerda (PAC), una el 20 de octubre de 2019 y otra del 19 de noviembre de ese mismo año. Los desvinculados uniformados serán sentenciados el lunes y deberán pagar un total de $16 millones de pesos para reparar el daño ocasionado a las víctimas.

Durante la jornada, el ala de izquierda en la Convención Constitucional se dividió al redactar dos declaraciones sobre un tema que todos consideraban como crucial. Y, pese a que alcanzaron un acuerdo en una segunda votación, distintos puntos crisparon el ambiente en ese sector. Con todo, en la discusión se pudieron distinguir a distintas figuras que podrían marcar las futuras negociaciones.

La fiscal Centro Norte Ximena Chong recibió el 14 de mayo el documento del Servicio Médico Legal, conocido como Protocolo de Estambul. En el informe, de 27 páginas, el perito detalla que el menor de edad que habría sido tirado al lecho del río Mapocho por el sargento de Carabineros Sebastián Zamora tiene conocimiento de otras víctimas de la policía uniformada que han tenido seguimientos posteriores. "Se siente desprotegido", dice. El mismo menor de edad fue detenido por Carabineros a fines de mayo por daños, tras una serie de ataques a las sedes de la UDI, RN y al memorial del fallecido senador Jaime Guzmán.

Tras la orden del fiscal nacional, Jorge Abbott, de revisar las causas por presunta violencia institucional, en el marco de las protestas por la crisis social, hoy la Fiscalía Centro Norte -que concentra gran parte de estos casos por estar en la jurisdicción del sector de Plaza Italia- comenzó la revisión de cerca de 3.000 casos. Destinará a 35 abogados a llenar una planilla con 70 datos necesarios para determinar el futuro de estos casos, lo que podría incluir volver a tomar declaraciones a víctimas, y elaborarán un plan de persecución penal para estos delitos. Abbott dio como plazo máximo el 16 de agosto.

Cerca de ocho horas duró la sesión inaugural de la convención mandatada para ofrecer una propuesta de nueva Constitución al país. En un inicio -cuando las manifestaciones en las afueras del exCongreso amenazaban con suspender la histórica ceremonia- en sectores de la centroizquierda se acordó poner en el debate la situación de los denominados "presos de la revuelta" para dar continuidad a la jornada. Así se hizo: apenas investidos Elisa Loncón y Jaime Bassa, como presidenta y vicepresidente de la instancia, anunciaron que el primer debate será sobre un eventual indulto para los detenidos en el contexto del estallido social.

El escritor nicaragüense, que ejerció como vicepresidente del gobierno sandinista a mediados de los 80, sostiene que el Presidente de Nicaragua ya no posee ningún límite: “Su interés fundamental es permanecer en el poder -por medio de una tercera reelección- y llegar a las elecciones de noviembre con un candidato opositor a su gusto”. Sergio Ramírez también dice a La Tercera que parte de la izquierda de América Latina “no quiere entender que en Nicaragua hay una dictadura”.

Tras formalizar al excarabinero Patricio Maturana en agosto pasado por las lesiones graves que le provocaron la ceguera a Fabiola Campillai, la fiscalía pidió al Servicio Médico Legal realizar un examen sicológico y siquiátrico a la víctima, de acuerdo a las normas del Protocolo de Estambul. Esta pericia es necesaria para el Ministerio Público, con el objetivo de establecer si se configuran o no responsabilidades penales y poder llevarlo ante la justicia para lograr condenas.