Además, el exmandatario sostuvo que "durante el 18 de octubre la izquierda no protegió la democracia".
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Además, el exmandatario sostuvo respecto al golpe de Estado que "se puede discutir de las razones y consecuencias, pero no podemos ser indiferentes a las violaciones a los derechos humanos".
Además, el exmandatario afirmó que durante su gobierno "no defendió a Pinochet", sino "la soberanía de Chile".
Una nueva Concertación -esta vez desde la derecha al centro, incorporando a la sociedad civil- es lo que propone el expresidente como hoja de ruta a su sector para volver a La Moneda. “Una gran mayoría es la única forma de hacer cambios de forma seria, responsable y sustentable en el tiempo”, asegura.
El exmandatario aseguró en una carta a El Mercurio, a raíz del paro del Colegio de Profesores, que “los niños, niñas y jóvenes de Chile no tienen la culpa ni deben pagar las consecuencias de un gobierno que llegó al poder a costa de promesas populistas que hoy no pueden cumplir".
El empresario de 71 años que gobernó el país centroamericano entre 2009 y 2014, fue sentenciado en primera instancia a 128 meses de prisión por un caso conocido como “New Business”, relacionado con la compra de una editorial de periódicos, informó la fiscalía de Panamá. Además, se multó al expresidente con 19.2 millones de dólares.
“Esta designación reafirma el compromiso de Estados Unidos en la lucha contra la corrupción endémica en Panamá. La corrupción priva injustamente al pueblo de Panamá de servicios públicos de calidad como escuelas, hospitales y carreteras, perjudicando sus perspectivas económicas y su calidad de vida”, dijo el secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, al anunciar la medida
En una audiencia pública del juicio en su contra por liderar un presunto golpe de Estado, el exmandatario peruano se quejó de la forma que cumple su prisión preventiva. "No tengo derecho a tener una comunicación con mis hijos, con mis padres y con mi familia. Pueden quitarme la libertad, pero no pueden quitarme el derecho a comunicarme; hay una tortura a mi familia, a mis hijos, a mis padres”, afirmó Castillo.
Fiscales dejaron en evidencia una serie de situaciones de corrupción que afectarían al ahora encarcelado mandatario, a varios ministros de su gobierno, asesores y cercanos a su grupo familiar. Los hechos investigados comprometen todavía más la situación procesal del expresidente izquierdista y explicarían la hipótesis fiscal sobre la estructura de las redes que lo involucrarían.
Un tribunal salvadoreño sentenció al exmandatario a cumplir la pena por el delito de defraudación al fisco en modalidad de evasión. Funes ya fue condenado a fines de mayo de este año a 14 años de prisión por la tregua pactada con las pandillas, decisión calificada de “histórica” por la Fiscalía de ese país centroamericano.
El exmandatario peruano percibe dicho ingreso en su calidad de exjefe de Estado, aún estando privado de su libertad en el penal limeño de Barbadillo. A la vez, como “exservidor público", percibió la remuneración y asignaciones por su cargo hasta diciembre de 2022, fecha en que produjo el quiebre constitucional en ese país.
Según la Fiscalía salvadoreña el exmandatario autorizó el asesinato de seis sacerdotes jesuitas -cinco de ellos españoles- y dos mujeres perpetrado por militares en 1989.
El exmandatario brasileño fue declarado culpable por el cargo de recibir sobornos para negocios en una empresa subsidiaria de la estatal Petrobras. Hubo ocho votos a favor de la condena y dos para la absolución, en una sentencia que aún está sujeta a apelación.
El exmandatario salvadoreño enfrentaba cargos por los delitos de agrupación ilícita e incumplimiento de deberes. “Se consideraban intocables, pero llegó la hora de poner fin a tantos años de impunidad selectiva; esos que hacían negociaciones oscuras a costa de la sangre de los salvadoreños han sido condenados a pagar en prisión por el daño causado a la sociedad”, dijo el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro.
Jueza de un tribunal de Bogotá rechazó solicitud de la Fiscalía General de archivar investigación contra el controvertido político. “Contrario a lo aseverado por el fiscal, sí existen elementos probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida que permite afirmar con probabilidad de verdad que la conducta delictiva de soborno sí ocurrió, y que el doctor Uribe puede tener la condición de partícipe”, afirmó la magistrada.
