“Esta designación reafirma el compromiso de Estados Unidos en la lucha contra la corrupción endémica en Panamá. La corrupción priva injustamente al pueblo de Panamá de servicios públicos de calidad como escuelas, hospitales y carreteras, perjudicando sus perspectivas económicas y su calidad de vida”, dijo el secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, al anunciar la medida
En una audiencia pública del juicio en su contra por liderar un presunto golpe de Estado, el exmandatario peruano se quejó de la forma que cumple su prisión preventiva. "No tengo derecho a tener una comunicación con mis hijos, con mis padres y con mi familia. Pueden quitarme la libertad, pero no pueden quitarme el derecho a comunicarme; hay una tortura a mi familia, a mis hijos, a mis padres”, afirmó Castillo.
Fiscales dejaron en evidencia una serie de situaciones de corrupción que afectarían al ahora encarcelado mandatario, a varios ministros de su gobierno, asesores y cercanos a su grupo familiar. Los hechos investigados comprometen todavía más la situación procesal del expresidente izquierdista y explicarían la hipótesis fiscal sobre la estructura de las redes que lo involucrarían.
Un tribunal salvadoreño sentenció al exmandatario a cumplir la pena por el delito de defraudación al fisco en modalidad de evasión. Funes ya fue condenado a fines de mayo de este año a 14 años de prisión por la tregua pactada con las pandillas, decisión calificada de “histórica” por la Fiscalía de ese país centroamericano.
El exmandatario peruano percibe dicho ingreso en su calidad de exjefe de Estado, aún estando privado de su libertad en el penal limeño de Barbadillo. A la vez, como “exservidor público", percibió la remuneración y asignaciones por su cargo hasta diciembre de 2022, fecha en que produjo el quiebre constitucional en ese país.
Según la Fiscalía salvadoreña el exmandatario autorizó el asesinato de seis sacerdotes jesuitas -cinco de ellos españoles- y dos mujeres perpetrado por militares en 1989.
El exmandatario brasileño fue declarado culpable por el cargo de recibir sobornos para negocios en una empresa subsidiaria de la estatal Petrobras. Hubo ocho votos a favor de la condena y dos para la absolución, en una sentencia que aún está sujeta a apelación.
El exmandatario salvadoreño enfrentaba cargos por los delitos de agrupación ilícita e incumplimiento de deberes. “Se consideraban intocables, pero llegó la hora de poner fin a tantos años de impunidad selectiva; esos que hacían negociaciones oscuras a costa de la sangre de los salvadoreños han sido condenados a pagar en prisión por el daño causado a la sociedad”, dijo el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro.
Jueza de un tribunal de Bogotá rechazó solicitud de la Fiscalía General de archivar investigación contra el controvertido político. “Contrario a lo aseverado por el fiscal, sí existen elementos probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida que permite afirmar con probabilidad de verdad que la conducta delictiva de soborno sí ocurrió, y que el doctor Uribe puede tener la condición de partícipe”, afirmó la magistrada.
Exmandatario debe entregarse esta mañana ante las autoridades estadounidenses, luego de ser rechazada una moción de emergencia para suspender su detención.
El exmandatario deberá comparecer este viernes a las 09.00 (hora local) ante las autoridades de California, después de que una jueza del Tribunal del Distrito de Columbia, haya negado la petición de su abogado, con la que solicitaba a través del referido recurso la suspensión de su detención en Estados Unidos y la posterior entrega a los tribunales de Justicia de Perú.
La petición de reclusión para el exmandatario ecuatoriano y su mujer se da después de que diez de los 37 acusados en el proceso judicial -que contempla presuntos delitos de corrupción y cuyo perjurio económico asciende a 76 millones de dólares- no se presentasen a una comisaría periódicamente, como lo ordenó el juez que investiga el caso.
La actriz señala que tuvo una relación extramarital con Donald Trump entre 2006 y 2007, después de conocerlo en la Mansión Playboy. Diez años después recibió un pago del tabloide Enquirer para que contara su historia amorosa con el exmandatario, pero esa práctica estuvo dirigida por cercanos a Trump: la idea era que el artículo nunca fuera publicado.
Indira Rodríguez, una de las integrantes del equipo legal del exmandatario, contó que el derrocado gobernante peruano “piensa que lo pueden envenenar, así que no quiere comer lo que le sirven en la prisión”, agregando que su salud mental ha empeorado.
El exmandatario peruano se encuentra actualmente en EE.UU. en libertad bajo fianza mientras se resuelve un recurso de apelación presentado por su defensa ante la extradición anunciada hace un mes por el Departamento de Estado estadounidense.
