Según la Fiscalía salvadoreña el exmandatario autorizó el asesinato de seis sacerdotes jesuitas -cinco de ellos españoles- y dos mujeres perpetrado por militares en 1989.
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El exmandatario brasileño fue declarado culpable por el cargo de recibir sobornos para negocios en una empresa subsidiaria de la estatal Petrobras. Hubo ocho votos a favor de la condena y dos para la absolución, en una sentencia que aún está sujeta a apelación.
El exmandatario salvadoreño enfrentaba cargos por los delitos de agrupación ilícita e incumplimiento de deberes. “Se consideraban intocables, pero llegó la hora de poner fin a tantos años de impunidad selectiva; esos que hacían negociaciones oscuras a costa de la sangre de los salvadoreños han sido condenados a pagar en prisión por el daño causado a la sociedad”, dijo el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro.
Jueza de un tribunal de Bogotá rechazó solicitud de la Fiscalía General de archivar investigación contra el controvertido político. “Contrario a lo aseverado por el fiscal, sí existen elementos probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida que permite afirmar con probabilidad de verdad que la conducta delictiva de soborno sí ocurrió, y que el doctor Uribe puede tener la condición de partícipe”, afirmó la magistrada.
Exmandatario debe entregarse esta mañana ante las autoridades estadounidenses, luego de ser rechazada una moción de emergencia para suspender su detención.
El exmandatario deberá comparecer este viernes a las 09.00 (hora local) ante las autoridades de California, después de que una jueza del Tribunal del Distrito de Columbia, haya negado la petición de su abogado, con la que solicitaba a través del referido recurso la suspensión de su detención en Estados Unidos y la posterior entrega a los tribunales de Justicia de Perú.
La petición de reclusión para el exmandatario ecuatoriano y su mujer se da después de que diez de los 37 acusados en el proceso judicial -que contempla presuntos delitos de corrupción y cuyo perjurio económico asciende a 76 millones de dólares- no se presentasen a una comisaría periódicamente, como lo ordenó el juez que investiga el caso.
La actriz señala que tuvo una relación extramarital con Donald Trump entre 2006 y 2007, después de conocerlo en la Mansión Playboy. Diez años después recibió un pago del tabloide Enquirer para que contara su historia amorosa con el exmandatario, pero esa práctica estuvo dirigida por cercanos a Trump: la idea era que el artículo nunca fuera publicado.
Indira Rodríguez, una de las integrantes del equipo legal del exmandatario, contó que el derrocado gobernante peruano “piensa que lo pueden envenenar, así que no quiere comer lo que le sirven en la prisión”, agregando que su salud mental ha empeorado.
El exmandatario peruano se encuentra actualmente en EE.UU. en libertad bajo fianza mientras se resuelve un recurso de apelación presentado por su defensa ante la extradición anunciada hace un mes por el Departamento de Estado estadounidense.
La información la entregó este martes la Fiscalía peruana, que pide 35 años de cárcel para el exmandatario por su presunta participación en delitos de corrupción durante su gobierno. A Toledo, que gobernó entre el 2001 y el 2006, se le acusa de haber recibido 20 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de ayuda para obtener contratos de obras públicas.
Su fundación, el Centro Carter, informó en Twitter que el exmandatario, así, “ha decidido permanecer el tiempo que le queda en su casa, rodeada de su familia, donde recibirá cuidados paliativos en lugar de someterse a una intervención médica”.
El expresidente peruano difundió una carta en sus redes sociales, en la que requiere a Volker Turk para que se autorice una visita a la prisión de Barbadillo, en las afueras de Lima, lugar donde se encuentra “arbitrariamente detenido”.
El expresidente busca que el encuentro se concrete para "darles detalles de mi injusta prisión y persecución política".
El destituido mandatario peruano manifestó durante audiencia judicial que no tuvo ninguna responsabilidad en el fallido golpe de Estado y que su encarcelamiento es una “venganza política”. Afirmó que “jamás” ha cometido un delito de rebelión y que no llamó a levantarse en armas a nadie. ”Pero sí debo decir que quien se levantó en armas para acabar con la vida de más 30 peruanos es el actual gobierno”, demandó.
