La Secretaría de la Defensa azteca dijo que miembros del Ejército y de la Guardia Nacional fueron desplegados con la orden de evitar que los carteles del narcotráfico bloquearan más carreteras y que la gente pudiera realizar sus actividades con normalidad. Las extorsiones de los grupos criminales a agricultores recuerdan los días más oscuros de la guerra contra el narcotráfico en México entre 2006 y 2012.
Efectivos del Ejército y la Armada cubren desde mayo del año pasado un estado de excepción que ya va en su trigésima prórroga. En el Ejecutivo defienden la medida, la cual ha logrado reducir los hechos de violencia rural, aunque no en todos los frentes: los cortes de ruta han crecido un 13%.
La Corte Suprema resolverá el lunes una solicitud del Consejo que pide que la jueza que indaga el fraude en el Ejército siga seis meses más: “Existen 67 órdenes de investigar pendientes de entrega”, se lee en el escrito. De fracasar el intento, la ministra partirá el 4 de septiembre.
Ricardo Martínez lanzará un libro que repasa parte de la historia de la institución con un especial énfasis en "graves violaciones a los derechos humanos posteriores al 11 de septiembre de 1973 por parte de algunos de sus miembros", marcando su posición en medio de las conmemoraciones de la histórica fecha. En paralelo, el Círculo de Generales y Almirantes de la Defensa Nacional ofició al Mandatario con su postura: "Seguir abriendo heridas y pidiendo gestos a quienes lo han hecho en más de una oportunidad no ayuda a la tan necesaria cohesión nacional".
El exconvencional Ricardo Montero (PS) asumió una cartera fundamental para el trabajo entre el Ejecutivo e instituciones como la Armada y el Ejército, quienes hoy cumplen labores en el control del estado de excepción en la Macrozona Sur y la frontera norte. Sin embargo, en marzo del 2020 expuso sus convicciones más profundas ante el Senado -en medio de la discusión por el proyecto de infraestructura crítica- y que activaron cierta preocupación entre los uniformados. "Integrar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior es relativamente fácil. El problema es intentar retirarlas", dijo. Hoy el abogado dice que esas declaraciones responden a un "contexto político y social, completamente distinto”.
Los comandantes en jefe y auditores del Ejército, la FACH y la Armada estaban citados a la Comisión de Defensa Nacional para su sesión del martes 1 de agosto, sin embargo, la tarde previa fueron advertidos de que no debían viajar a Valparaíso por instrucciones del Ejecutivo y, posteriormente, por los parlamentarios. La ministra del Interior, Carolina Tohá, en tanto, advirtió: "El uso de la fuerza no es algo que las propias instituciones puedan definir y decidir".
La ministra del Interior dijo también que, por la naturaleza de la iniciativa, “hay que ser muy prudentes también al considerar esas opiniones, porque aquí estamos regulando lo que hacen las Fuerzas Armadas, y estamos poniéndole límites a las Fuerzas Armadas, y a Carabineros también".
En la comisión secreta de Constitución y Seguridad Ciudadana del pasado miércoles, los auditores de la Armada, la FACh y el Ejército hicieron sus reparos a la iniciativa del Ejecutivo que busca regular los protocolos de acción de policías y militares al momento de disparar. Por lo mismo, ahora será Defensa la que trabaje en las indicaciones con las entidades castrenses.
Dadas las nuevas tareas que ha asumido el Ejército en la cobertura de los estados de excepción y de protección a la infraestructura crítica, la institución busca subir en un 60% las matrículas a su escuela de suboficiales.
El responsable de Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas peruanas, general Manuel Gómez de la Torre señaló que la mandataria fue informada de las acciones militares en apoyo a la Policía Nacional durante las manifestaciones en su contra. La gobernante, al ser citada por la Fiscalía Nacional, sostuvo que desconocía dichas operaciones y en las que perdieron la vida más de 60 personas.
En medio de la revisión de un recurso de protección presentado por el exauditor del Ejército, el Presidente Gabriel Boric emitió un informe a la Corte de Apelaciones de Santiago para que rechazara la acción judicial, citando una serie de fallos de la Corte Suprema en la que se justifica la grabación sin consentimiento de una reunión, pues -expone- el registro fue realizado por una persona presente en la cita. Desde el gobierno aclaran, en todo caso, que en ese episodio también se realizó una denuncia al igual que en lo ocurrido con el diputado Mellado en Cerro Castillo, y que se trataría de asuntos distintos, pues en el caso que involucra al ex alto oficial se habría estado cometiendo un delito, el cual fue registrado como prueba.
Aunque hace meses en La Moneda habían dejado atrás la idea de que la medida tenía una aplicación restringida, el Ministerio del Interior presentó al Senado un nuevo decreto para no sólo circunscribir la presencia militar en las rutas, sino que desplegarlas por todo el territorio. La iniciativa se toma aprovechando que el Ejército y la Armada ahora cuentan con más bases, pero también ante una leve tendencia en el aumento de ilícitos más violentos.
De acuerdo con fuentes del caso, al militar se le incautaron una serie de dispositivos electrónicos que ahora están siendo periciados por los detectives. Fue procesado por el delito de infracción a la ley de delitos informáticos, y tras ello quedó en prisión preventiva.
Se trata de la primera condena de este tipo desde la Guerra del Pacífico, por lo que la determinación fue calificada como inédita. De acuerdo con lo resuelto durante el curso de la indagación, y como validó el máximo tribunal, el exmilitar habría puesto en riesgo la seguridad del país al mantener irregularmente información sensible y más de 72 mil archivos calificados como "secretos".
Desde el viernes, la institución castrense aloja un "ransomware", virus que encriptan la información hasta que se paga un rescate o se logra desactivar.
