“Esta administración (de Biden) tiene dificultades para seguir la ley y ahora está tratando de que sus burócratas ordenen que los hospitales y los médicos urgencia realicen abortos”, aseguró el fiscal general de ese estado, Ken Paxton en su cuenta de Twitter, compartiendo la demanda que ha presentado a un juzgado de primera instancia de Texas.
Aunque la sentencia inicial fue de 47 años para cada uno de los implicados, un juez de la ciudad colombiana de Cartagena reconoció una rebaja de la mitad de la pena por aceptar los cargos, aunque descartó la posibilidad de otorgarles otros beneficios.
Según la policía colombiana, el PCC de Brasil, uno de los grupos mafiosos más poderosos de Sudamérica, coordinó el homicidio de Marcelo Pecci. La prensa local también apunta al rol del Tren de Aragua, una pandilla venezolana muy violenta, que en la última década se ha expandido hacia Brasil, Perú, Ecuador, Bolivia, Chile y en zonas de la frontera con Colombia.
Marcelo Pecci, un fiscal especializado contra el Crimen Organizado, Narcotráfico, Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, fue asesinado a tiros el martes mientras estaba en la playa con su esposa, en una isla frente a la ciudad colombiana de Cartagena.
Los presuntos asesinos a sueldo dispararon hacia la playa desde vehículos acuáticos, mientras el persecutor guaraní Marcelo Pecci se encontraba en la playa junto a su esposa, con quien disfrutaba su luna de miel en la península de Barú, en Cartagena. El gobierno colombiano ofreció una recompensa de hasta 488.000 dólares por información que ayude a dar con el paradero de los autores del crimen.
Durante la audiencia de control de detención de dos imputados por los disparos registrados el domingo en el barrio Meiggs, la magistrada Paulina Moya interrumpió al fiscal Fernando García para confirmar la solicitud del Ministerio Público sobre la medida cautelar para ambos detenidos. Al resolver, la jueza aceptó la solicitud, no sin dejar constancia de que "el tribunal no puede imponer una medida cautelar más intensa, como sería la prisión preventiva, si los intervinientes no la han solicitado”.
En una entrevista con la cadena estadounidense CNN, la fiscal general de esa nación, Irina Venediktova, señaló que ha realizado múltiples visitas a Bucha, donde la comunidad “todavía está exhumando los cadáveres de la fosa común”. Así, ha agregado que las autoridades ucranianas quieren procesar “a estos criminales de guerra en tribunales ucranianos”.
La fiscal general de ese estado de EE.UU., Letitia James, dijo que “mi oficina está presentando una moción para declarar a Donald Trump en desacato al tribunal. A pesar de una orden clara del tribunal, se ha negado a entregar documentos como parte de nuestra investigación sobre él y los tratos financieros de la Organización Trump”.
"No se trata de xenofobia, no sé por qué le dan ese color al asunto cuando estamos hablando de delincuentes", afirmó el persecutor Raúl Arancibia.
"Obviamente no van a poder todo lo que tenían planeado en un inicio. En primer lugar porque no dan los tiempos", dijo al economista sobre el futuro gobierno de Gabriel Boric.
El persecutor principal del caso, Bed-Ford Claude comisario del gobierno de Puerto Príncipe, una figura equivalente a fiscal, había pedido además que se prohibiera a Ariel Henry abandonar el territorio haitiano, debido a las supuestas llamadas telefónicas que éste habría tenido con uno de los principales sospechosos del magnicidio. “Tengo el placer de informarle que se decidió cesarlo del cargo”, dijo el primer ministro en una carta distribuida públicamente.
La medida dispuesta este jueves por el fiscal Ramiro González implica que el mandatario argentino será objeto de una investigación penal por violar el decreto que él mismo había firmado y establecía el aislamiento social y prohibición de reuniones sociales, entre otras medidas, para impedir la propagación del Covid-19.
El juzgado accedió a la petición del fiscal Felipe Sepúlveda respecto de dictar cautelares sobre terrenos, un departamento y varios autos de propiedad de Gamboa e Inversiones Boris. Los aportantes de los fondos afectados valoraron la medida, pero insisten en que Sartor debe asumir su responsabilkidad.
Joshua Doctor, de 21 años, y quien se entregó este martes a la justicia, publicó “múltiples comentarios amenazantes” en la red social iFunny, dijo la fiscal Dana Nessel en una declaración. El sujeto también lanzó amenazas a la principal representante demócrata Nancy Pelosi y una gobernadora. En esas publicaciones, Doctor decía que usaría un arma para matar a funcionarios elegidos como forma de “catalizar” una nueva revolución estadounidense.
A la candidata presidencial de Fuerza Popular e hija del condenado exmandatario Alberto Fujimori, también está acusada de crimen organizado, obstrucción a la justicia y falsa declaración.
