La Comisión Interamericana de Derechos Humanos indicó en un comunicado que la fiscal Patricia Benavides y su núcleo familiar se encuentran en riesgo debido al actual contexto de crisis institucional que vive ese país y por las investigaciones que lleva a cabo, tras la destitución del presidente Pedro Castillo.
En cifras del Ministerio Público, el año pasado se registraron 416 denuncias menos en los delitos de violencia rural, siendo las usurpaciones de terrenos las que presentan la disminución más grande, con un 74% menos de ilícitos. Lo sigue el delito de amenazas, que baja más de la mitad respecto de lo ocurrido el 2021 y, finalmente, los delitos violentos, como homicidios u ataques armados, caen un 7%.
Sobre la continuidad del proceso, la secretaria de Estado señaló que "la definición de la quina debe ocurrir la próxima semana y nosotros vamos a seguir trabajando para hacer que este procedimiento sea lo más transparente y abierto a la ciudadanía, con foco en las prioridades del país".
Cámara Alta debe ratificar nominación con un quórum de 2/3.
La titular del Equipo Especial contra la Corrupción en el Poder, dependiente del Ministerio Público del vecino país, Marita Barreto, señaló que las amenazas de muerte a sus miembros motivaron a que la fiscal general de la Nación, Patricia Benavides, presentara una denuncia constitucional contra el mandatario ante el Congreso.
Los abogados Raúl Noblecilla y Ronald Atencio, quienes ya presentaron la semana pasada una denuncia por encubrimiento de personal contra la fiscal Patricia Benavides, sostienen que la titular de la Fiscalía ha actuado de manera ilegal tras interponer una denuncia constitucional contra el mandatario peruano, aforado según la Constitución del país.
La titular del Ministerio Público presentó una denuncia constitucional ante el Congreso en contra del mandatario, por presunto tráfico de influencias, abuso de poder y otros delitos.
Carabineros informó que el sistema de seguridad con que contaba el inmueble, habría sido “determinante para que no se llevara a cabo la sustracción de más especies”.
“Hubo una tergiversación de lo que dije”, acusó el mandatario argentino, según consigna el medio trasandino Página 12. “El nombre de (Alberto) Nisman no lo introduje yo, sino los que hicieron la pregunta”, subrayó Fernández, ante acusaciones de amenazar al fiscal Diego Luciani que pidió 12 años de prisión para la actual vicepresidenta Cristina Fernández, por un presunto delito de corrupción.
El mandatario argentino aseguró que la actual vicepresidenta, acusada de corrupción, “es una mujer honesta, que no ha participado en nada de lo que están diciendo”. Además, comparó la situación del persecutor que indaga actualmente a Cristina con el fiscal Alberto Nisman, quien fue hallado muerto -en un caso aún poco claro- cuando investigaba en 2015 a la exmandataria por el caso Amia.
El juicio contra Francisco Luis Correa Galeano arranca el 19 de septiembre, momento en el que el acusado tendrá que prestar declaración por delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas. La Fiscalía ha solicitado una pena ejemplar para el procesado, mientras los cuatro sicarios participantes en el homicidio cumplen castigo en prisión por 23 años y seis meses.
El persecutor brasileño Augusto Aras dijo a periodistas que la negativa del actual mandatario a aceptar la derrota electoral ante Luiz Inácio Lula da Silva sería “una afrenta a la democracia”. “No me preocupa que esto ocurra. Las instituciones brasileñas están comprometidas con la democracia”. Bolsonaro ha criticado repetidamente la votación electrónica de Brasil como susceptibles de fraude, sin aportar pruebas.
“Esta administración (de Biden) tiene dificultades para seguir la ley y ahora está tratando de que sus burócratas ordenen que los hospitales y los médicos urgencia realicen abortos”, aseguró el fiscal general de ese estado, Ken Paxton en su cuenta de Twitter, compartiendo la demanda que ha presentado a un juzgado de primera instancia de Texas.
Aunque la sentencia inicial fue de 47 años para cada uno de los implicados, un juez de la ciudad colombiana de Cartagena reconoció una rebaja de la mitad de la pena por aceptar los cargos, aunque descartó la posibilidad de otorgarles otros beneficios.
