En documentos presentados ante un tribunal estatal en Manhattan, la fiscal general Letitia James dijo que las pruebas en el caso civil mostraban un “uso fraudulento repetido y persistente” por parte del exmanadatario estadounidense y su empresa familiar de estados financieros falsos y engañosos entre 2011 y 2021.
La medida fue dispuesta por el fiscal federal Carlos Stornelli, quien resolvió impulsar una acción penal contra altos mandos de la Guardia Nacional Bolivariana durante las protestas callejeras de 2014 y en las que murieron al menos 25 presuntos opositores al gobierno de Nicolás Maduro.
Según indicó el presidente de la SNA, Antonio Walker, “al fiscal Valencia le manifestamos la preocupación que tenemos por el ambiente de inseguridad que se vive en el sector rural, con robos y asaltos diarios y que no tienen notoriedad pública".
En su tercera visita a Caracas, el fiscal de Corte Penal Internacional, Karim Khan, firmó un memorando de entendimiento con el presidente venezolano Nicolás Maduro, el que también se contempla ofrecer asistencia técnica y asesoría en las reformas judiciales “para garantizar que haya más justicia, más responsabilidad y una paz sostenible” en ese país.
Smith fue elegido por su experiencia en la presentación de casos de alto riesgo contra políticos en Estados Unidos y en el extranjero. El exmandatario republicano enfrenta un cargo en virtud de la Ley de Espionaje, así como otros por obstrucción de la justicia, destrucción o falsificación de registros, conspiración y declaraciones falsas.
El líder del ente persecutor sostuvo además que la tasa de homicidios con imputado desconocido “se ha deteriorado muy significativamente”, y que 2 de cada 5 homicidios no tienen un sospechoso al momento de presentar la denuncia.
Según el ministerio Público, Leonardo Palacios funcionario fue atacado tras asistir a “una audiencia de juicio contra dos procesados por asesinato”.
Las declaraciones grabadas, hechas por el expresidente de EE.UU. en julio de 2021 en su club de golf en Bedminster, Nueva Jersey, parecen debilitar sus reiteradas afirmaciones de que había desclasificado los documentos que se llevó de la Casa Blanca a su finca Mar-a-Lago en Florida al concluir su mandato.
Ell fiscal de distrito de Orange County, Todd Spitzer, acusó al gobierno de Chile de negarse a entregar antecedentes penales de aquellos chilenos que ingresan a Estados Unidos utilizando el programa de exención de visa y que han sido detenidos luego en ese país.
El documento "Ministerio Público, análisis y propuestas" de la organización, plantea 16 propuestas para mejorar el trabajo de la fiscalía. Lo anterior, ante el bajo número de funcionarios, así como también los resultados que obtienen las investigaciones, las cuales cada vez adoptan más salidas no judiciales, toman más tiempo y han aumentado el número de causas sin un imputado conocido.
El fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, interpuso el recurso legal contra el legislador Jim Jordan, quien preside la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Representantes y que realiza una investigación al manejo que el persecutor le ha dado a la situación judicial del exmandatario. Bragg argumentó que es una “campaña obvia para intimidarlo y atacarlo” por haber encausado al expresidente estadounidense.
El republicano Kevin McCarthy, máxima autoridad de la Cámara baja de EE.UU. afirmó que el fiscal de distrito de Manhattan “Alvin Bragg está intentando interferir en nuestro proceso democrático al invocar la ley federal (y) presentar cargos politizados contra el presidente Trump, por supuesto utilizando fondos federales".
No se conocen los cargos exactos contra el expresidente. El caso se centra en pagos a estrella porno a cambio de su silencio. Marca la primera vez que un expresidente enfrenta cargos criminales.
Además, el persecutor Patricio Rosas sostuvo que entre los sujetos que escapan de la cárcel y quienes tienen una orden de detención vigente hay 25.000 personas.
El aspirante republicano a la Casa Blanca en 2024 dijo que iba a ser arrestado este martes por cargos derivados de una investigación sobre un pago de 130.000 dólares a la estrella porno Stormy Daniels en 2016. De ser acusado, sería el primer expresidente de Estados Unidos en enfrentar cargos criminales.
