Vendían terrenos, extorsionaban, secuestraban personas y traficaban droga. Su líder era apodado "Camaleón" y está detenido en su país por otro delito.
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Grupo es investigado por triple homicidio ocurrido en abril. Participaron más de 500 detectives.
La portavoz del Ejecutivo dijo que “sobre relaciones o negocios (del grupo chiita libanés en territorio nacional) es algo que efectivamente tendrán que pronunciarse y responder las autoridades correspondientes”.
La fiscal María Alejandra Jorquera, detalló que "el imputado abusando de la confianza depositada por las familias de las víctimas, comete todos estos delitos”.
"Si la preocupación del fiscal regional es el ingreso de personas que tienen antecedentes penales, que son parte de estructuras criminales, esas personas no entran por el paso fronterizo de Colchane", aseguró el subsecretario.
Raúl Arancibia indicó el territorio nacional podría ser "el lugar más seguro para él en este momento" para el narco más peligroso de Ecuador.
TOP de Iquique estableció 15 años de presidio efectivo para Ricardo Salazar y de 10 años para Yolanda Salazar por el delito de asociación ilícita para el tráfico de drogas. Además, impuso a los hermanos otros ocho años de presidio, por el delito consumado de tráfico ilícito de drogas.
Eduardo Ríos Briones, el persecutor jefe de Iquique destacó que la cartera encabezada por Carlos Montes se comprometió a entregar más información que la requerida en la orden respectiva. "Toda ha sido recibida de manera efectiva. Información digital, documental, así que estamos conformes con la diligencia”, señaló.
Para Carlos González Vaca, alias “Estrella", el ente persecutor pide dos penas de presidio perpetuo calificado, una pena de reclusión perpetua y 125 años de presidio por los distintos delitos por los cuales se le acusa. Para todos los imputados las penas que se solicitan superan los 30 años de cárcel. Se les imputan delitos como secuestro, explotación sexual, tráfico de drogas y tráfico de migrantes.
“Tenemos que acostumbrarnos un poco a ellos”, afirmó Raúl Arancibia, el persecutor regional de Tarapacá.
La intervención consideró cerca de 20 inmuebles. Se incautó además armamento y munición.
