Esto según un estudio elaborado por Ricardo Bitrán, quien expresó que “la política pública de hacer caer a las Isapres es una mala política pública. Nadie se verá beneficiado con esto, solo habrá perdedores. Pierden los beneficiarios de las Isapres, los usuarios de Fonasa, los prestadores privados, y pierde también el Ministerio de Hacienda".
En lo que va del año, las aseguradoras han perdido 325.625 beneficiarios, pues terminaron el décimo mes totalizando 2.750.997 cotizantes y cargas, su menor nivel desde abril de 2011.
Según dio a conocer la titular de la cartera de Salud, "es necesario despejar la situación actual del financiamiento del sistema de aseguramiento privado, para poder avanzar en las reformas que nuestro sistema de salud necesita".
José Ignacio Valenzuela rebate las cifras que entregó el director de Fonasa a los senadores de la Comisión de Salud, y también se refiere a la contestación de la demanda que hizo el asegurador público tras la acción legal que presentó la clínica. "Creo que hay muchas contradicciones dentro de esta contestación que genera mucha incertidumbre y desconfianza por nuestra parte para seguir trabajando con Fonasa", afirma.
La discusión sobre el financiamiento del sistema de salud, a través de las indicaciones presentadas por el Ejecutivo a la Ley Corta de Isapres, han generado más dudas que certidumbre. Cambios sobre la deuda real de las Isapres, la forma de pago o su efecto en la estabilidad del sistema son aspectos vistos con preocupación por expertos de la U. San Sebastián. Patricio Fernández, exsuperintendente de Salud, dice que “son indicaciones insuficientes para garantizar la estabilidad del sistema”; mientras que el exministro de Salud, Enrique Paris, afirma que “la prioridad (en este debate) son los pacientes”.
En la contestación, Fonasa también pide que se rechace la demanda presentada por Red Dávila, y argumenta que "ha presentado su demanda en términos insuficientes, ya que no ha expresado un mayor detalle respecto de las prestaciones que pretende cobrar, al no indicar ni individualizar ninguno de los casos que compondrían la deuda supuestamente impaga".
Camilo Cid detalla cómo operará la Modalidad de Cobertura Complementaria (MCC) que el gobierno propone crear en la ley corta de isapres. Con el 7% de la cotización para salud, el asegurador público cubriría en promedio el 38% de lo que cuesta la atención de las personas, y de ahí en adelante serían las aseguradoras privadas las que cubrirían hasta llegar al 65%, para lo cual los afiliados tendría que pagar una prima adicional de entre $20 mil y $28 mil.
El viernes 3 de noviembre el gobierno ingresó indicaciones para mejorar la propuesta que crea la Modalidad de Cobertura Complementaria (MCC) en Fonasa, cambios que surgieron principalmente por las críticas que habían hecho las compañías de seguros de vida al proyecto inicial. Entre otras cosas, se estableció que la inscripción de los afiliados en la modalidad será por un plazo de doce meses, renovable por periodos iguales.
La cifra corresponde al 70% de la meta anual de la estrategia bautizada como el corazón de la reforma y que se implementó en siete comunas del país en abril de este año. Y, aunque el coordinador de la estrategia asegura que hay una avance adecuado en los tiempos y en las coberturas, tanto expertos como parlamentarios advierten que los datos aún son escuálidos para sacar conclusiones.
Los senadores Juan Luis Castro y Sergio Gahona se refieren a las indicaciones presentadas este viernes por el gobierno para buscar cumplir con el fallo de la Corte Suprema.
Libertad y Desarrollo recopiló dicha información es un reporte sobre “Los riesgos que la crisis de las isapres se transmita a los prestadores de salud”, donde insta a adoptar las propuestas que realizó el comité técnico convocado por los senadores de la Comisión de Salud en el marco de la ley corta de isapres.
Entre 2017 y 2023 el Estado les ha costeado el tratamiento a 143 personas que han demando para obtener los recursos para sus enfermedades que son raras y de baja frecuencia. En su mayoría son pacientes que padecen atrofia muscular espinal (AME) y deben utilizar el fármaco más caro del mundo.
Después de meses de trabajo, el ente técnico integrado por 16 expertos resolvió que las aseguradoras deberían devolver 402 mil millones de pesos a sus afiliados para restituir los cobros en exceso que se generaron al aplicar la nueva tabla de factores. Además, insistieron en la necesidad de reformar el sistema sanitario.
Según un balance realizado por Fonasa, Compin y Suseso, el año pasado los trabajadores cotizantes de Fonasa utilizaron en promedio tres licencias médicas, mientras que los cotizantes de isapres utilizaron 2,8 licencias médicas. En el total del sistema, las licencias médicas tramitadas en 2022 fueron más de 9,5 millones, un alza de 12,5% respecto al año anterior.
Esta jornada el Mandatario celebró los logros de esta iniciativa, indicando que ahora hay que mejorar las listas de espera, "y estamos trabajando firme en eso. Y parte importante del presupuesto en salud se va a dedicar justamente a aquello”. Asimismo, también destacó la importancia de ponerse de acuerdo políticamente para así mejorar la calidad de vida de los chilenos.
