De acuerdo al informe financiero enviado por la Superintendencia de Salud, los precios base podrían subir hasta un 40%, lo que según parlamentarios y expertos generaría la fuga de los afiliados más jóvenes. En consecuencia, podría haber dos tipos de isapres: una para clientes jóvenes y otra para personas mayores o con enfermedades más caras.
Ese es el cálculo que hace un informe del Instituto de Salud Pública UNAB, en base a lo que propone el gobierno en la ley corta, donde si bien el Ejecutivo no hizo una estimación del costo fiscal de dicha propuesta, este estudio lo proyecta en casi $333 mil millones para los primeros seis meses en caso de que caigan las isapres. Además, los autores plantean que esta ley corta no busca el equilibrio financiero de las aseguradoras al aplicar el fallo de la Suprema, sino más bien hacerse cargo de las consecuencias que se generarán tras la caída de las isapres por el modo en que se está aplicando la sentencia.
Según sostuvo la ministra de Salud, para la cartera "es una situación grave", por lo que van a tomar todas las medidas, "y por supuesto hablar con los directivos de todos los Servicios de Salud”, añadió.
Respecto a eventuales devoluciones, el superintendente de Salud, Víctor Torres, detalló que “el cálculo de las posibles restituciones y, su forma de pago, serán regulados en una circular posterior”.
Según cifras de la Superintendencia de Salud, las isapres cerraron noviembre con 2.732.447 beneficiarios -la suma de cotizantes y cargas-, la menor cifra desde febrero de 2011. Además, el número equivale a una caída mensual de 0,67% (18.550 afiliados menos en el mes) y una baja interanual de 12,68% (397.107 personas menos en doce meses).
La discusión en torno a las aseguradoras aún no tiene resultados. Y es que, tras el fallo de la Corte Suprema que las obliga a devolver US$ 1.000 millones a los afiliados, su continuidad está en entredicho. Esta duda ha ido en aumento después de que este martes Víctor Torres, superintendente de Salud, dijera que las primeras isapres podrían desaparecer en febrero. ¿Quiénes se verían más perjudicados si esto sucede? Según expertos, serían cinco tipos de pacientes.
Esto según un estudio elaborado por Ricardo Bitrán, quien expresó que “la política pública de hacer caer a las Isapres es una mala política pública. Nadie se verá beneficiado con esto, solo habrá perdedores. Pierden los beneficiarios de las Isapres, los usuarios de Fonasa, los prestadores privados, y pierde también el Ministerio de Hacienda".
En lo que va del año, las aseguradoras han perdido 325.625 beneficiarios, pues terminaron el décimo mes totalizando 2.750.997 cotizantes y cargas, su menor nivel desde abril de 2011.
Según dio a conocer la titular de la cartera de Salud, "es necesario despejar la situación actual del financiamiento del sistema de aseguramiento privado, para poder avanzar en las reformas que nuestro sistema de salud necesita".
José Ignacio Valenzuela rebate las cifras que entregó el director de Fonasa a los senadores de la Comisión de Salud, y también se refiere a la contestación de la demanda que hizo el asegurador público tras la acción legal que presentó la clínica. "Creo que hay muchas contradicciones dentro de esta contestación que genera mucha incertidumbre y desconfianza por nuestra parte para seguir trabajando con Fonasa", afirma.
La discusión sobre el financiamiento del sistema de salud, a través de las indicaciones presentadas por el Ejecutivo a la Ley Corta de Isapres, han generado más dudas que certidumbre. Cambios sobre la deuda real de las Isapres, la forma de pago o su efecto en la estabilidad del sistema son aspectos vistos con preocupación por expertos de la U. San Sebastián. Patricio Fernández, exsuperintendente de Salud, dice que “son indicaciones insuficientes para garantizar la estabilidad del sistema”; mientras que el exministro de Salud, Enrique Paris, afirma que “la prioridad (en este debate) son los pacientes”.
En la contestación, Fonasa también pide que se rechace la demanda presentada por Red Dávila, y argumenta que "ha presentado su demanda en términos insuficientes, ya que no ha expresado un mayor detalle respecto de las prestaciones que pretende cobrar, al no indicar ni individualizar ninguno de los casos que compondrían la deuda supuestamente impaga".
Camilo Cid detalla cómo operará la Modalidad de Cobertura Complementaria (MCC) que el gobierno propone crear en la ley corta de isapres. Con el 7% de la cotización para salud, el asegurador público cubriría en promedio el 38% de lo que cuesta la atención de las personas, y de ahí en adelante serían las aseguradoras privadas las que cubrirían hasta llegar al 65%, para lo cual los afiliados tendría que pagar una prima adicional de entre $20 mil y $28 mil.
El viernes 3 de noviembre el gobierno ingresó indicaciones para mejorar la propuesta que crea la Modalidad de Cobertura Complementaria (MCC) en Fonasa, cambios que surgieron principalmente por las críticas que habían hecho las compañías de seguros de vida al proyecto inicial. Entre otras cosas, se estableció que la inscripción de los afiliados en la modalidad será por un plazo de doce meses, renovable por periodos iguales.
La cifra corresponde al 70% de la meta anual de la estrategia bautizada como el corazón de la reforma y que se implementó en siete comunas del país en abril de este año. Y, aunque el coordinador de la estrategia asegura que hay una avance adecuado en los tiempos y en las coberturas, tanto expertos como parlamentarios advierten que los datos aún son escuálidos para sacar conclusiones.
