Podrán optar al apoyo del Estado los estudiantes que cumplan con las condiciones, el nivel socioeconómico requerido y completen el FUAS.
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Por error, la Ucen había incluido mal unos datos en su solicitud de adscripción, los que intentó enmendar en el camino, pero que les fue denegado por el Ministerio de Educación. Ante esto, el ente contralor dictaminó que la cartera "transgredió la ley N° 21.091 al no haber considerado los nuevos antecedentes aportados" por la casa de estudios.
La máxima autoridad de la universidad estatal alza la voz en el marco de la reforma al sistema de financiamiento de educación superior que debiese presentar el Mineduc en 2023. Su mirada, dice, es compartida por sus pares de instituciones del Estado, quienes ven necesario ajustar la gratuidad dependiendo de la propiedad de la organización.
Noviembre es la nueva fecha para complementar el Formulario Único de Acreditación para obtener el beneficio de la Gratuidad.
A nivel general, y considerando a universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica, los titulados de carreras de pregrado en 2021 se demoraron, en promedio, 10,1 semestres en obtener su título, versus los 7,6 semestres que tienen como duración formal las carreras. Es decir, 2,5 semestres extras.
No obstante, según cifras de la Subsecretaría de Educación Superior, las universidades son por lejos las casas de estudio que más beneficiarios han tenido, tanto iniciales como renovantes, aumentando progresivamente los estudiantes receptores.
Las instituciones plantean, entre otras materias, que el beneficio de la gratuidad debe extenderse en un año sobre la duración nominal de las carreras. Ahora el plazo de discusión se alargó en un año, ya que su entrada en vigencia será en 2024.
A fines de septiembre, el Mineduc emitió la resolución que permite a las instituciones acceder a casi 70 mil millones de pesos para solventar gastos asociados a estudiantes con gratuidad que hayan excedido la duración formal de sus carreras, pero también para paliar los ingresos que se vieron reducidos por la pandemia. Los rectores aún se muestran disconformes con la medida.
Según cifras de la Subsecretaría de Educación Pública, de los 69 mil alumnos que perdieron la gratuidad en los últimos años por exceder la duración de sus carreras, 51.301 tuvieron que acceder a créditos del Fondo Solidario de Crédito Universitario o Crédito CAE para costear la pérdida del beneficio y terminar sus estudios.
La medida, que entrará en vigor el 1 de enero, tendrá un costo de US$ 24,8 millones anuales y se da a conocer en momentos en que asociaciones y diputados, incluso del partido gobernante, intentan resucitar la reforma que busca ampliar de 12 a 14 semanas el plazo autorizado para abortar.
Exalumnos de establecimientos públicos demoran más que sus pares de particulares en terminar los estudios profesionales, mientras que las mujeres se atrasan menos. Además, un estudio de Acción Educar desmitifica que a los estudiantes más vulnerables les tome más tiempo concluir sus carreras, a la vez que expertos coinciden en que los becados tienden a titularse en el plazo nominal.
Según cifras de la Subsecretaría de Educación Superior, la cifra representa un 8,7% de los 789.133 jóvenes que han accedido al beneficio. De ellos, 22.711 quedaron sin el financiamiento durante 2020, el año de la pandemia. Mientras, 131.269 estudiantes que obtuvieron la cobertura ya se titularon.
Presentado por el presidente del Consorcio de Universidades Estatales de Chile (Cuech), Ennio Vivaldi, documento elaborado por la entidad invita a romper con la "lógica mercantilista" de la educación superior pública y relevar en la nueva Carta Magna el rol que cumplen las casas de estudio estatales, solicitando que sean "financiadas mayoritaria o completamente mediante aportes basales provenientes del Estado”.
El rector de la Universidad Católica de Temuco es, desde hace tres semanas, nuevo presidente de las universidades públicas no estatales. Asegura que la situación económica de las casas de estudio es frágil debido al Covid y la instauración de la gratuidad, con pérdidas millonarias. "La pandemia agudiza muchísimo más el efecto que está teniendo la ley", asegura.
El CFT Santo Tomás anuncia su ingreso a la gratuidad, lo que beneficiará al menos a 20 mil alumnos, cifra que podría crecer con la crisis socioeconómica que vive el país.
