Mediante un instructivo emitido por la cartera, se apunta a mejorar la fiscalización del gasto público en esta materia, dado el cuestionamiento que ha habido sobre la institucionalidad tras destaparse los casos de traspasos irregulares de recursos a fundaciones. Según el documento, sus instrucciones son aplicables a convenios que establezcan transferencias a instituciones privadas, tanto en los casos que estas sean beneficiarias finales de los recursos, como si actúan a modo de entidades ejecutoras o administradoras de recursos cuyo beneficiario sea un tercero.