"Sabiendo que el Mepco tiene un mecanismo de ajuste automático una vez que se acaban los fondos, que obliga a aumentar rápidamente los precios de los combustibles, no vamos a permitir que eso ocurra", dijo el ministro de Hacienda.
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Este aumento en el riesgo país responde fundamentalmente al escenario internacional, dicen los expertos, donde el panorama se ha complejizado, sobre todo por la mayor inflación que acompaña a las principales economías del mundo. El factor interno no ha incidido mayormente en este incremento, estiman.
"En este momento estamos en un proceso de consulta ciudadana. Lo que ya se ha señalado desde el programa de gobierno es un esquema que tiene como 4 capas", detalló Mario Marcel.
La economista y académica de la UAI expuso en los diálogos ciudadanos por la reforma tributaria. En cuanto a la recaudación que se pretende, subrayó que 4 puntos del PIB parece apropiado, “pero es importante no olvidar que, al mismo tiempo, se espera hacer una reforma de pensiones que con alta probabilidad generará impuestos implícitos nuevos que entrarán gradualmente”.
“Están los recursos, se aportaron US$ 40 millones para que durante todos los meses de invierno este mecanismo funcione y el precio de parafina se mantenga en torno a los $1.000 en la Región Metropolitana", aseguró el titular de Hacienda.
Jorge Hermann, economista de Hermann Consultores afirma que “el Mecanismo de Estabilización de los Combustible está siendo utilizado a fondo por parte del gobierno para contener el alza de los combustibles internacionales, tanto así, que este miércoles será la primera vez en la historia que no se cobra impuesto específico a todos los combustibles".
Para lograr esta aprobación, el gobierno tuvo que hacer modificaciones, ya que ingresó una serie de indicaciones en su tramitación en las Comisiones Unidas de Trabajo y Hacienda del Senado, logrando destrabar la discusión. El respaldo en la Cámara fue unánime.
El vicepresidente del ente rector, Pablo García, expuso ante la comisión de Economía de la Cámara. En la instancia dijo que “la disponibilidad de información permite evitar el sobreendeudamiento, facilita el acceso a crédito y mejores condiciones para las personas”.
Las modificaciones apuntan al artículo 10 de la Ley 21.420 respecto de una de las modificaciones de la Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios. En particular, se precisa la entrada en vigencia de la eliminación del beneficio de crédito especial para las empresas constructoras.
Considera mayores ayudas tanto en lo referido al subsidio a las mipymes, como al suplemento para la canasta de alimentos. Con ello, el Ejecutivo logró que el proyecto pase a la sala del Senado, para luego avanzar a su tercer trámite en la Cámara. El texto original tenía un costo fiscal de unos US$465 millones.
Los cambios apuntan a cambiar la fórmula de entrega del subsidio para las micro, pequeñas y medianas empresas. Según lo señalado por Hacienda, el subsidio comenzará en $22 mil en mayo, con un reajuste de $4 mil en agosto subiendo hasta los $26 mil. Luego en enero, en caso que el salario mínimo suba a $410 mil, el subsidio pasará a $32 mil. También se extenderá el complemento para la canasta de alimentos hasta abril del próximo año. Con las modificaciones, la iniciativa fue aprobada y despachada por la Comisión de Hacienda del Senado.
El ministro de Hacienda, Mario Marcel, señaló que entre los objetivos del proyecto está dar un mayor grado de flexibilidad en la gestión financiera de los gobiernos regionales.
Con este tributo, el gobierno espera recaudar 0,5% del PIB, lo que hoy equivale a unos US$1.600 millones. En el diseño se establecería que se aplicará sobre todo el patrimonio neto de las personas. Las dudas de los expertos se centran en una implementación compleja, en que no recaudaría lo que se proyecta y en que en muchos países ya va de retirada.
En el Informe de Finanzas Públicas del primer trimestre, Hacienda proyectó que la economía se expandirá entre 2022 y 2025 un 2%, cifra que se ubica levemente por arriba del registro de 1,8% del segundo mandato de Michelle Bachelet. Sin embargo, los economistas advierten que el resultado de la actual administración tiene riesgos a la baja y por ello se inclinan por un crecimiento promedio más cercano a 1,5%.
La subsecretaria de Hacienda, Claudia Sanhueza, afirmó que “la aprobación de esta iniciativa representa un paso fundamental en el combate contra la elusión y evasión tributaria".
