Durante la mañana, la ministra del Interior, Izkia Siches sostuvo que “acciones en particular" sobre otras eventuales gestiones de comunicación con el líder de la CAM "evidentemente tienen que ser esclarecidas”.
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El 9 de julio de 2021 el líder de la Coordinadora Arauco Malleco, como dan cuenta las escuchas interceptadas por la policía, vivió momentos de "horror". Ese día, como fue de público conocimiento, supuestamente había fallecido Ernesto Llaitul, su hijo. Lo que pocos conocían fue la serie de contactos telefónicos que el comunero tuvo esa noche y que hoy son parte de la carpeta del caso, pues resultan piezas clave para la Fiscalía para entender cómo se organizaba Llaitul y los suyos para las acciones de sabotaje. En el mismo informe aparece hasta una conversación con una exdiputada socialista.
La exsecretaria de Estado se excusó de participar tras ser invitada para entregar antecedentes sobre el llamado telefónico que significó su renuncia. Desde el gobierno, en tanto, afirmaron que no pueden obligar ni comprometer la presencia de la exsecretaria de Estado al estar hoy fuera del Ejecutivo.
El sábado, el defensor del comunero mapuche aseguró que desde el 11 de marzo, además de la llamada telefónica instruida por la exministra de Desarrollo Social, Jeanette Vega, han existido otros intentos del gobierno para acercarse a Llaitul.
El informe criminológico forense que elaboró la PDI por encargo de la fiscalía, que se encuentra en la carpeta investigativa, da cuenta del perfil del histórico líder de la CAM que, desde la semana pasada, se encuentra en prisión preventiva. Según los investigadores, su experiencia en otros procesos judiciales "le permite desarrollar estrategias efectivas en cuanto a evadir la investigación penal que conlleva la comisión de las acciones delictivas".
Los cuestionamientos se deslizaron a en relación a que algunos ministros de Apruebo Dignidad que han cometido más errores que la extitular de Desarrollo Social no han corrido la misma suerte.
Las 4.495 páginas de la carpeta de la investigación desarrollada por la Fiscalía Regional de La Araucanía en contra del líder de la CAM, Héctor Llaitul, quien quedó esta semana en prisión preventiva, constituyen un verdadero mapa de sus pensamientos, preocupaciones, relaciones y movimientos. Las escuchas telefónicas, georreferenciación por antenas y los seguimientos permitieron a los investigadores descubrir el interés de Llaitul para que sus hijos lideren la causa mapuche en el futuro, un constante desprecio por otros grupos radicales y los nexos que ha mantenido con autoridades locales y activistas en el extranjero, incluso para, eventualmente, obtener financiamiento.
El fiscal regional de La Araucanía analiza los efectos del arresto del líder de la CAM, Héctor Llaitul, a quien le imputa que sus acciones “ponen en riesgo la vida de las personas”. Además, aborda los efectos políticos del caso.
En esa misma línea, el titular de Vivienda y Urbanismo expresó que la decisión del Mandatario podría darse luego de "un evento tan significativo", como lo será el referéndum constitucional.
Rodrigo Román, defensor del líder de la CAM, aseguró que su detención se trata de una "persecución política".
De acuerdo con lo que se indica en la querella, "la actitud y posición del Gobierno fue de absoluta inactividad y permisividad respecto de las amenazas y actividad realizada por el Sr. Héctor Llaitul”.
Fueron dos años y medio de seguimientos, empezando en febrero de 2020, en los que Héctor Llaitul se trasladó, habló y operó sin tener consciencia de que había sido marcado por la policía. Entre septiembre de 2020 y marzo de 2021, Llaitul estuvo en 9 localidades de la Araucanía las que tras su paso, sufrieron desde atentados incendiarios hasta usurpación e intimidación a trabajadores. Esta es la historia de cómo el cerco policial terminó con su caída.
Con el objetivo de calibrar la crisis y los caminos para resolverla, en las últimas horas el gobierno ha hecho esfuerzos para despejar si hubo otros personeros del Ejecutivo que hayan tomado contacto con el líder de la CAM, como lo hizo una de las asesoras de Jeanette Vega, lo que terminó con su salida del Ministerio de Desarrollo Social. La polémica tensionó aún más la recta final de las campañas del Apruebo y el Rechazo de cara al plebiscito y reflotó la idea de un ajuste ministerial.
Los parlamentarios, explicaron que la acusación interpuesta fue “por encubrimiento de los delitos de robo de madera, usurpación y atentado a la autoridad, por los antecedentes de hecho y de derecho que a continuación se exponen”.
