"El día de hoy se le va a ingresar la urgencia suma para que este proyecto pueda ser despachado en 15 días", dijo el ministro vocero de gobierno, Jaime Bellolio. En horas de la mañana, el ministro de Justicia manifestó confianza respecto a la prontitud de su tramitación: "Creo que existen mayorías en el Congreso para aprobar esta iniciativa, de manera que no debería haber tanta dificultad".
El titular de Justicia indicó que el gobierno está trabajando con una comisión para regular las normas sobre el uso de la fuerza en casos como el registrado el lunes en una residencia de menores de Providencia.
Titular de Justicia, Hernán Larraín, ha liderado contactos con comisión de Constitución del Senado. Desde la centroizquierda han propuesto negociar en un “paquete” a los reemplazos de los tres que ya se encuentran vacantes, para evitar que se “entrampen” las nominaciones y el pleno quede “cojo” por mucho tiempo. El principal nudo: los dos cupos externos.
“Hemos trabajado razonablemente bien todo esto y el estado de excepción ha sido un marco legal que ha facilitado el trabajo para enfrentar la crisis sanitaria”, dijo el ministro de Justicia.
Con la decisión del Tribunal Constitucional, el secretario del Senado no podrá ser formalizado por el Ministerio Público en el marco de la investigación en su contra por infringir las medidas sanitarias al acudir a un restaurantes de mariscos en cuarentena. "Las sanciones penales que requieren de un cierto procedimiento vamos a evaluar cómo se continúan con ellas", dijo Hernán Larraín.
Hoy el ministro de Justicia le mandó a decir elegantemente por Twitter a la Comisión de Constitución del Senado que ya ha tenido que renovarle 19 veces la suma urgencia al proyecto desde enero y que no avanza. En su cartera reclaman que dicho grupo nunca lo ha puesto en tabla, pese a que sí lo han hecho con otras normas que no tienen esa premura legal. Los congresistas opositores retrucan que están atestados de trabajo, incluso por otras leyes del gobierno. La reforma, ingresada el 2018, es el enésimo intento por cambiarle las reglas del juego a un gremio al que Larraín ya acusó de hacer lobby el año pasado.
El lunes se llevó a cabo la primera reunión de la mesa de trabajo convocada por el Ministerio de Justicia y de la Mujer para aunar un criterio común frente al 84% de deudores de pensiones de alimentos. La meta es alcanzar un acuerdo que represente a todo el arco político y también al Poder Judicial. El plazo autoimpuesto es de cinco semanas.
El secretario de Estado afirmó que su cartera "respeta plena y absolutamente la separación de los poderes y las determinaciones que los jueces hacen en el ejercicio de sus funciones”.
Esta tarde, comuneros detenidos en la cárcel de Angol iniciaron una huelga de hambre seca. El machi Celestino Córdova se mantiene en el hospital de Nueva Imperial producto de su ayuno.
Hernán Larraín apuntó sus dardos hacia el senador Manuel José Ossandón (RN), que se ausentó de la sesión de esta jornada, y que de haber asistido y votado en favor del juez, habría permitido dar el quórum necesario para la aprobación de su postulación.
El machi condenado por el incendio con resultado de muerte del matrimonio Luchsinger Mackay lleva 93 días de ayuno, y su situación -junto a la de otros mapuche condenados en Angol- se llevó por delante las prioridades del nuevo ministro del Interior, Víctor Pérez. Para el gobierno la urgencia es que lo deponga, sobre todo tras los violentos episodios del fin de semana. Pero no hay piso en Palacio ni en su sector para concederle que cumpla sentencia en su domicilio. Sí "hay posibles puntos de encuentro" en otras demandas. Las negociaciones las lleva el subsecretario de Justicia y no la cartera del nuevo jefe de gabinete; ambas se reunieron ayer.
Una de las causas que más pesa en la oposición contra el candidato del presidente Sebastián Piñera es su fallo absolutorio de 2010 en el caso Los Queñes, en el cual absolvió a los carabineros acusados del crimen de los ex frentistas Raúl Pellegrin Friedmann y Cecilia Magni Camino, en octubre de 1988.
78 de 99 reos traslados de Santiago a la cárcel de Rancagua a mediados de junio dieron positivo para covid-19. Lo mismo pasó en la Serena y Valdivia que recibieron 20 y 17 reos contagiados, respectivamente. El incidente puso en tela de juicio los protocolos sanitarios seguidos por Gendarmería y obligó al Ministerio de Justicia a acordar con el Minsal una nueva regla para el traslado de reos: no se mueve nadie sin examen de PCR.
El titular de la cartera hizo el llamado en el marco de su cuenta pública telemática correspondiente a su gestión durante 2019.
Hernán Larraín se trasladó hasta la zona para conocer el estado de los menores de la Residencia Nido de Hualpén. "La pregunta aquí es si hubo supervisión efectiva, y luego, por qué la supervisión nunca arrojó antecedentes de estos hechos", indicó.
