La firma del convenio entre el servicio y la ANI, y un impasse público en un reportaje de televisión, marcaron la salida de la ingeniera comercial de confianza del Presidente Piñera.
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Así desde el Ministerio de Justicia se intenta dar mayor protección y seguridad a los cerca de 1.046 internos de esta cárcel y a los funcionarios de Gendarmería. Ya la semana pasada se habían tomado 100 de estos test a la población penal.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, visitó esta jornada los recintos penales de San Joaquín y la ex Penitenciaria, donde compartió con algunos favorecidos por la iniciativa que comenzó a regir desde hoy.
En total serán 1.860 las personas que dejarán los recintos penitenciarios para evitar contagios por el coronavirus. Para asegurar el cumplimiento de la medida Gendarmería elaboró un sistema con teléfonos registrados, a los que se les instaló un chip de seguimiento y geolocalización, con el cual los indultados tendrán la obligación de contactarse cuatro veces al día con el Centro de Control.
La ceremonia que se llevó a cabo en La Moneda se efectuó luego de que esta jornada se diera a conocer el fallo del Tribunal Constitucional (TC) que el pasado lunes 13 de abril decidió rechazar un recurso presentado por senadores de Chile Vamos en contra de la iniciativa de gobierno.
Gendarmería evalúa controlar sus arrestos domiciliarios a través de videoconferencias y GPS, compartiendo su ubicación a través de sus teléfonos celulares.
Al interior de este recinto carcelario, al día de hoy martes 14 de abril, son 43 funcionarios y 22 internos los que tienen coronavirus. La población penal de este recinto alcanza las 1.046 personas privadas de libertad.
Según explicó el ministro Hernán Larraín ahora están a la espera que el Tribunal Constitucional informe de su determinación al Senado, y que la Cámara Alta haga lo mismo al Ejecutivo para publicar en el diario oficial la iniciativa que beneficiará a cerca de 1.300 condenados en medio de la pandemia por el Covid-19.
La información fue confirmada por el ministro de Justicia, Hernán Larraín en el marco del inicio de la discusión del proyecto en la Comisión de Constitución del Senado. La modificación implica que se extendió de 15 a 30 días el plazo que dio el Ejecutivo para que la iniciativa sea conocida y despachada por el Cámara Alta.
El secretario de Estado aseguró que "los planes y medidas, que hemos adoptado de manera urgente, de prevención y cuidado de la salud de este sector de la población (menores y privados de libertad), coinciden con la línea recomendada por esta Comisión”.
El ministro Hernán Larraín detalló que estas corresponden a las que ya cuentan con informe final. En total, hasta la fecha se han elevado 26 peticiones por parte de personas condenadas.
Defendió a Colonia Dignidad antes de la condena de Paul Schäfer, dio su voto para indultar a lautaristas en 2007, pidió perdón a 40 años del golpe y ahora, como ministro, defiende que el proyecto de indulto conmutativo no incluya a detenidos por violaciones a los DD.HH.
Hoy, los timoneles de la UDI y RN, Jacqueline Van Rysselberghe y Mario Desbordes, volvieron a reiterar su voto en contra para el veto aditivo presentado por el gobierno. El cálculo de La Moneda es que éste se aprueba en el Senado pero aún hay dudas en la Cámara.
Hernán Larraín afirmó que aunque "no tengo los antecedentes para hacer un juicio definitivo", en este caso el uso de la fuerza "no resulta proporcional".
Apuesta que los desórdenes van en retirada y que es el momento de escuchar, entender que el mensaje es potente y "empezar a dar respuestas".
