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El ministro Segpres se refirió a la agenda legislativa y a tres de los proyectos de ley que hoy se discuten en el Congreso: Reforma de pensiones, Proyecto de Indulto en el marco de las manifestaciones sociales de octubre de 2019, y la ley de matrimonio igualitario. Un itinerario que cuenta con breve plazo restando solo 90 días de gobierno ante la inminente segunda vuelta presidencial: "No se puede esperar que no se expresen ideas que tienen más o menos relación con un determinado candidato presidencial", dijo Ossa respecto a la cautela que debe tener en calidad de ministro.

Los senadores de oposición le respondieron inmediatamente. "Esta juntando peras con manzanas", dijo José Miguel Insulza, mientras que Pedro Araya acotó: “Intentan desviar la atención respecto de lo pésimo que está el gobierno, que se desfonda por todos lados". Ambos, en todo caso, admiten que la iniciativa no tiene mucho futuro, porque no están los votos para ser aprobado.

Por tres votos contra dos, la instancia aprobó el proyecto en particular, sin modificaciones. Ahora deberá ser visto en la Sala, y si se aprueba la idea de legislar, volverá a la Comisión de Constitución para una segunda discusión en particular del texto.

El ministro vocero de gobierno explicó que esta semana se evaluarán "distintas alternativas" para el IFE, opciones que van desde un subsidio laboral a revisar la creación de nuevos empleos en paralelo a la evolución de la pandemia. "El IFE es un Ingreso Familiar de Emergencia, y como tal, eventualmente dejará de existir cuando pase la emergencia. No tenemos certeza del plazo, pero ya hoy día tenemos mejores índices", dijo Bellolio.

Tres estudiantes fueron enviados a presidio por lanzar bombas molotov durante el estallido. Sus familias dicen que son presos políticos, pero la fiscalía y el gobierno opinan distinto.

Cerca de ocho horas duró la sesión inaugural de la convención mandatada para ofrecer una propuesta de nueva Constitución al país. En un inicio -cuando las manifestaciones en las afueras del exCongreso amenazaban con suspender la histórica ceremonia- en sectores de la centroizquierda se acordó poner en el debate la situación de los denominados "presos de la revuelta" para dar continuidad a la jornada. Así se hizo: apenas investidos Elisa Loncón y Jaime Bassa, como presidenta y vicepresidente de la instancia, anunciaron que el primer debate será sobre un eventual indulto para los detenidos en el contexto del estallido social.

El jefe de gobierno catalogó la medida como un primer paso para recuperar la “convivencia”. “Sacar a estas nueve personas de la cárcel, que representan a millones de catalanes, es un rotundo mensaje de concordia”, justificó.

Esta es la segunda gran ronda de indultos presidenciales que concede Trump luego de su derrota en las recientes elecciones y, al igual que la de este martes, está plagada de nombres relacionados con él y el Partido Republicano.

Iniciativa fue cuestionada por el gobierno, donde genera preocupación, entre otras cosas, la señal que se entrega y la posibilidad de que concite respaldo ciudadano. El tema provocó división entre algunos parlamentarios de la centroizquierda.

Esta revelación tiene lugar días después de que el todavía presidente, Donald Trump, concediera el perdón a su exasesor de seguridad nacional Michael Flynn, que se declaró culpable de mentir al FBI sobre haber mantenido contacto con un funcionario ruso.

El decreto beneficia a 110 políticos y activistas. Analistas creen que el régimen busca “legitimar” las parlamentarias de diciembre para hacer frente a sanciones de EEUU.

Se trata de Raúl Rojas Nieto (77), condenado en el marco del caso Caravana de la Muerte a una pena de 7 años, y de Víctor Mattig (79) fue condenado a 10 años y un día por el delito de secuestro calificado. Ambos casos, dicen desde el gobierno, tenían una situación jurídica menos compleja que otros internos y tenían el peor estado de salud. Se les conmutó la pena por arresto domiciliario.

La entidad carcelaria registra un total de 21 reingresos. Uno no tenía domicilio y pidió volver tras las rejas.

La ley que permitirá que cerca de 1.700 reclusos descompriman las cárceles en medio del avance del coronavirus -promulgada esta semana- abrió la puerta para que, en medio de la presión de su sector, el Presidente Piñera anunciara la revisión de diversas solicitudes de indulto particular, incluyendo a condenados por delitos de lesa humanidad presos en Punta Peuco. La controversia oficialista, que llegó hasta el Tribunal Constitucional, revivió así un antiguo debate sobre esta polémica y cuestionada facultad exclusiva del Mandatario.

En 2010, tras la petición de las iglesia Católica y Evangélica, Piñera decidió no indultar a condenados por delitos de lesa humanidad. Luego en 2013 cerró el Penal Cordillera y habló de "cómplices pasivos". Hoy, a raíz del proyecto de indulto conmutativo, la posibilidad de indultar a reos por violaciones a los DD.HH vuelve a surgir.