El secretario de Estado insistió en la correcta aplicación del beneficio presidencial y adelantó posibles problemas para la acusación constitucional contra la exministra Marcela Ríos, por la presentación que hizo un grupo de senadores ante el Tribunal Constitucional.
Los parlamentarios invocan el artículo 53 de la ley que regula los actos administrativos del Estado. Al hacer uso de esta potestad, el partido que lidera el senador Francisco Chahuán forzará a que el Presidente tenga que pronunciarse y hacerse cargo de la petición.
Por 66 votos a favor fue aprobada la instancia que, se espera, esté constituida a partir de marzo y a la cual se pretende invitar, entre otros, a la exministra de Justicia Marcela Ríos y a Matías Meza-Lopehandía, ex jefe de gabinete del Presidente Boric.
Un 43% dijo que el Presidente Boric debiera revertir el beneficio en el caso de quienes tienen prontuarios previos al estallido y un 37% es partidario de revocarlos todos.
Respecto a la polémica de los indultos, el sondeo revela que un 72% está de acuerdo con revocar el beneficio a Jorge Mateluna. A la vez, un 79% considera que las renuncias de la exministra de Justicia, Marcela Ríos, y del jefe de gabinete, Matías Meza-Lopehandía, han sido insuficientes para dar por terminada la crisis política.
Los indultos a presos del estallido social y un exfrentista pusieron abrupto término a lo que los sectores más duros de la derecha denominaban una eterna “luna de miel” de la oposición con el gobierno. Se activaron acusaciones constitucionales y ofensivas en el Tribunal Constitucional y Contraloría y la duda es si el impulso volverá a poner en sintonía en el proceso constitucional 2.0 a las fuerzas políticas que el año pasado votaron Rechazo.
Erigido como una de las figuras políticas mejor evaluadas según la última encuesta CEP, el edil RN no descarta probar una aventura presidencial. Analiza el estado actual de la derecha y critica con fuerza el manejo del orden público por parte del gobierno. "Hay que volver a la mesa de seguridad, más allá de que estemos indignados con los errores que ha cometido el gobierno con los indultos", dice.
El diputado del partido del Presidente Gabriel Boric asegura que el traspié del gobierno está más motivado por las “desprolijidades” cometidas en el anuncio de indultos, que por la decisión misma. En ese escenario, plantea que el desafío de sostener al Ejecutivo supone -para ambas coaliciones- que las intenciones de sobresalir por sobre otra se vuelvan “secundarias”.
La titular de Interior explicó que "no hay una herramienta en que la autoridad pueda revertir los indultos, otra cosa son los análisis que pueden hacer otros organismos respecto a cómo fue hecho el proceso".
El diputado Eric Aedo, de cara a las elecciones para consejeros constitucionales, se inclinó por ir en una lista junto al Socialismo Democrático, pues -a su juicio- son personas que quieren "cambios con tranquilidad y mesura".
"Hay que distinguir planos, un plano es si a uno le parece que esa atribución exista, que es un asunto que tiene que ver con modificaciones, reformas, revisiones. Y otra es que se cumpla efectivamente con el derecho vigente cuando se otorgue el indulto, que es un plano diferente”, señaló.
El secretario de Estado también dijo que el debate ha quedado trabado en "las consecuencias jurídicas de los indultos".
La secretaria de Estado enfatizó que trabajarán como gobierno para responder a la ofensiva de la oposición que desató la decisión presidencial. Además, valoró la aprobación de la reforma que habilita un nuevo proceso constituyente.
El partido que lidera el senador Javier Macaya convocó a tres abogados para redactar los escritos con los cuales se pretende argumentar la inconstitucionalidad de estos beneficios presidenciales. Los constitucionalistas Jorge Barrera, Constanza Hube y Felipe Hübner son quienes están detrás de esta arremetida gremialista en contra de la decisión de Gabriel Boric.
El abogado asumió como ministro de Justicia tras la salida de Marcela Ríos. Hacer un control de daños por los beneficios entregados por el Presidente a 12 condenados por delitos ocurridos durante el estallido social, además de Jorge Mateluna, serán su primera tarea. Recomponer los lazos con la Corte Suprema, el primer paso.
