La jefa de gabinete respaldó la gestión de la recién renunciada ministra de Justicia, Marcela Ríos, pues -a su juicio- la otrora secretaria de Estado vivió situaciones “injustas” a cargo de la cartera.
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Luego de que se diera a conocer que la mitad de los indultados por el Presidente Boric cuenta con condenas por delitos distintos a los que fueron sentenciados en el estallido social, desde la oposición se levantó una ola de duras críticas, muchas de las cuales apuntan a revocar la medida en consideración de las desprolijidades que el propio Mandatario reconoció.
Esta jornada se conoció que el órgano contralor solicitó al Ministerio de Justicia un informe para conocer los antecedentes de los 13 indultos realizados por el Presidente Gabriel Boric.
La mitad de los beneficiados que tuvieron que ver con hechos relativos al 18-O -Juan Olguín, Bastían Campos, Jordano Santander, Brandon Rojas, Luis Castillo y Sebastián Montenegro- fueron sentenciados por delitos comunes, además de los cargos que enfrentaron en las causas por las que fueron indultados por el Presidente Boric. En cuanto a sus arrestos, se repiten casos de robos, hurtos, amenazas y drogas. Solo uno no registra nada previo al estallido.
"Desde mi punto de vista, ese decreto, como tiene un defecto legal, puede ser invalidado por el Presidente, por la Contraloría, por el Tribunal Constitucional”, afirmó el exsecretario de Estado.
La titular del Interior se refirió a un informe en derecho solictado por diputados de RN que indica que el Mandatario incurrió en una “simulación jurídica” en el marco del proceso por el cual concedió 13 indultos y que “la infracción de la Constitución parece ser abierta”
El comité político del lunes estuvo marcado por el altercado derivado del la promulgación de indultos y de la posterior renuncia de la ministra Ríos. En la instancia la ministra Vallejo intentó explicar sus dichos -que indignaron a la oposición- ante los partidos de gobierno y se hizo un llamado a dar por terminado el asunto.
Si bien desde que se conocieron los beneficios otorgados por el Mandatario se desencadenaron una serie de reproches políticos, con la incorporación de nuevos antecedentes en la oposición advierten que se estaría derechamente ante actos que tendrían características ilegales. En el gobierno, en tanto, defienden la legalidad en la ejecución de los decretos.
La ministra vocera de gobierno sostuvo que "no se cumplió" el criterio de excluir en los indultos a personas que tuvieran "antecedentes complejos" previo al estallido.
El subsecretario de Justicia debió solicitar que se bajaran las transcripciones de dos decretos en los que aparecían su firma y se publicaran los documentos oficiales, debido a que su gabinete no había visto los indultos.
El sondeo de opinión revela que un 58% de las personas encuestadas está de acuerdo con eliminar esta facultad presidencial. Asimismo, un 74% no está de acuerdo con el indulto concedido al ex frentista Jorge Mateluna y un 73% considera que el país va por un mal camino, cifra más elevada desde que asumió el mandatario.
Para los representantes de las bancadas de diputados y diputadas de la coalición opositora, la renuncia de la exautoridad de Justicia "no la exime de su responsabilidad".
En el gobierno se vieron obligados a tomar medidas tras los graves errores que marcaron el indulto presidencial. La búsqueda de responsables terminó con la salida del jefe de gabinete, Matías Meza-Lopehandía, y de la ministra de Justicia, Marcela Ríos. Esta es la historia de cómo todos los presos del estallido que podían acceder al indulto están libres y que obligó a Boric a sacar de su equipo a su asesor más cercano.
Los primeros días del año fueron más que tensos en La Moneda. Esta vez los errores comunicacionales y estratégicos que se desencadenaron luego de que el Presidente decidiera indultar a 13 privados de libertad terminaron ayer con la salida de la ministra Ríos y el jefe de gabinete de Boric, Matías Meza-Lopehandía.
