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El 12 de abril, la ministra Izkia Siches anunció que la policía uniformada contaría con una fuerte inversión para adquirir 34 vehículos y mil dispositivos aéreos para hacer frente a los hechos de violencia entre el Biobío y La Araucanía. Sin embargo, según explicaron desde el gobierno, esta disposición aún no puede ejecutarse dado que el proceso de compra ha demorado más de lo normal. Recién el 1 de agosto, la Contraloría tomó razón del documento que autoriza la partida presupuestaria por $5.500 millones.

Durante una transmisión en vivo a través de la plataforma Twitch, el ministro de la Segpres se refirió a las diferencias que -a su juicio- tiene el actual gobierno con las administraciones anteriores, desde el retorno de la democracia.

La titular de Interior realizó un balance de gestión en la comisión de Resguardo del Orden Público de la Cámara de Diputados. Instancia en la que, tras abordar la crisis migratoria del norte, también informó que han materializado más de 580 expulsiones judiciales y han concretado 800 resoluciones para iniciar expulsiones administrativas.

La jefa de gabinete aseguró que "esperamos que estos hechos no se sigan reiterando en el tiempo”.

Ministras de Interior, Izkia Siches, y de Defensa, Maya Fernández, se reunirán este martes para abordar el tema.

¿Qué explica ese exceso de piel delicada ante la expresión de la ministra sobre golpes en la cabeza? Nadie lo tomó como un diagnóstico médico, sino que salieron en masa los diputados a victimizarse y provocarle un daño mortal al gobierno. Más allá de los cálculos políticos, hay en la personalidad de la doctora una cierta tendencia al desparpajo que molesta en el mundo político.

Respecto de la ampliación de las querellas en contra del líder de la Coordinadora Arauco Malleco, Héctor Llaitul, la ministra del Interior recalcó que se adoptó esta decisión “al ver que el Ministerio Público todavía estaba dubitativo entre actuar y no actuar, decidimos dar el paso al frente y poder liberar ese camino”.

El Mandatario y el gobierno sopesaron varios factores para tomar la decisión que implicó un giro drástico en el discurso que había defendido La Moneda. Análisis jurídicos de los dichos del comunero, dar un mensaje de autoridad al Ministerio Público, y la presión de la DC y la derecha para no concurrir con sus votos a una nueva prórroga del estado de emergencia en la Macrozona Sur, fueron algunos de ellos. Con la acción, el Ejecutivo logró amarrar los respaldos necesarios para extender la medida, la que deberá visar el Congreso este viernes.

“Aquí hay una adjudicación de lo que han sido hechos constitutivos de delitos en las últimas dos semanas y en ese mismo tenor creemos necesario que el Ministerio Público investigue y esclarezca la responsabilidad de los últimos atentados incendiarios y es por eso que se piden distintas diligencias de lo que ha sido todo el transcurso de 2022″, señaló la ministra del Interior Izkia Siches.

En la derecha afirman que la ministra del Interior ha buscado agendar un encuentro formal con ellos, lo cual todavía no se ha dado. En la oposición hay un tenso ambiente con el Ejecutivo, marcado por la campaña del plebiscito de salida, por lo que todavía no hay ánimo para una reunión.

La ministra del Interior aludió a querellas interpuestas en años anteriores "por Ley de Seguridad del Estado". Además, reiteró el rechazo por parte del Ejecutivo hacia declaraciones “que intenten llamar a la violencia" o que "intenten provocar no solo a nuestro gobierno, sino que también a los pasados en el contexto de lo que vivimos en el sur”.

El exintegrante de la CAM fue detenido en 2020, tras un operativo antidroga de la PDI que logró la incautación de más de 800 kilos de cocaína base. Este viernes iniciará el juicio en su contra, junto a otros 18 imputados en el caso.

Aunque los ministros culparon a la derecha, en la derrota también incidió la ausencia, el rechazo o la abstención de 16 diputados oficialistas. Ahora La Moneda está obligada a renovar el estado de excepción para el sur -medida resistida por el PC y el Frente Amplio- o presentar una nueva reforma para iniciar su tramitación desde cero.

Los cambios impulsados por el Ejecutivo no fueron respaldados por los legisladores de la Cámara Baja, quienes rechazaron el veto por 61 votos a favor, 69 en contra y 17 abstenciones. Los desmarques provinieron por parte de legisladores de la derecha, así como también del propio oficialismo.

Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados dio su visto bueno a corrección planteada por el Presidente Boric a reforma que permite destinar a militares a tareas de seguridad interna. Los diputados Luis Sánchez, Andrés Longton y Camila Flores se abstuvieron. La diputada Karol Cariola reconoció "preocupaciones importantes y de fondo" en bancada comunista.