Diversas causas penales presentadas por la casa de estudios en contra de 12 personas por desórdenes y daños ocurridos entre enero y marzo de 2020, en las dependencias de la institución, llevaron a que algunos constituyentes pidieran vetarla y otros a no tomarlo en cuenta con motivo de la primera salida a regiones del pleno, pactada para la semana del 22 de noviembre. Al final, El Campanil no verá ninguna sesión, pero sí algunas actividades.
En el planteamiento enviado por la mesa directiva liderada por Elisa Loncón y Jaime Bassa a los convencionales en el día de ayer, se incluye, además, la eventual realización del plebiscito dirimente aprobado en el reglamento del organismo. Según la planificación, las primeras normas constitucionales se votarían en el pleno el próximo 11 de enero. Con esos plazos sobre la mesa, ningún contenido sería zanjado antes de los comicios presidenciales del 21 de noviembre.
La definición de un Estado Plurinacional, abandonar el presidencialismo e implementar mecanismos de democracia directa fueron algunos de los debates que, incluso previo a la publicación del reglamento, tuvieron lugar de forma no oficial entre los convencionales. Hoy, con las siete comisiones temáticas y sus respectivos integrantes definidos, es posible ver en cuáles de ellas estas y otras discusiones tendrán lugar.
En días en que la función pública es mirada con desdén por algunos, vale la pena destacar que el proceso político avanza también gracias a ellos. Y que las exigencias y expectativas tradicionalmente puestas en los políticos también se encuentran en aquellos kellufes, en tantos y tantas funcionarias públicas a lo largo y ancho de Chile.
Esta semana, la Convención Constitucional terminó de aprobar todos sus reglamentos de funcionamiento. Sin embargo, quedaron dudas en el camino: Vamos por Chile está evaluando una presentación a la Corte Suprema a raíz de la aprobación de los plebiscitos dirimentes y aún no se sabe si es que el Congreso o La Moneda presentarán una reforma para habilitar esos plebiscitos. Ahora, el órgano constituyente entra en su fase de discusión de las nuevas normas constitucionales.
"Agradezco la colaboración de la Cámara Alta y el apoyo de la inclusión para continuar con los desafíos que implican escribir una nueva Constitución", dijo la presidenta Elisa Loncon en el encuentro que contó con la presencia del vicepresidente de la Convención, Jaime Bassa, los senadores José Miguel Insulza, y los secretarios John Smok y Raúl Guzmán.
Varias reuniones han sostenido convencionales y parlamentarios para coordinar una estrategia común, que permita a la Convención Constitucional contar con los recursos necesarios para su funcionamiento. Los contactos se dan en medio de las negociaciones de la directiva del organismo y la Dirección de Presupuesto, luego de que la repartición rechazara una solicitud de aumento de recursos para el ciclo 2021 y cuando el Ejecutivo ya ingresó al Legislativo su propuesta para financiar el proceso durante el 2022, en la que se contemplaron alrededor cuatro mil millones de pesos.
Aunque aún se discuten las últimas etapas del reglamento que regirá a la Convención, los recientes dichos del vicepresidente de la mesa del órgano, sobre cómo se podría transitar por un cambio al régimen político, adelantó un debate de fondo. ¿El próximo Mandatario estará atado de manos a lo que determine la Convención? ¿Existen límites para las decisiones que los constituyentes determinen en cuanto a los poderes Ejecutivo y Legislativo? ¿Cómo se debe interpretar lo expuesto en la actual Constitución cuando se habla de "modificaciones sustanciales"?
El vicepresidente de la Convención Constitucional reiteró la posibilidad de que la nueva Carta Magna incluya la instauración de un régimen transitorio por el cual el nuevo gobierno deba llamar a elecciones anticipadas de Presidente de la República y parlamentarios.
A menos de dos meses de la presidencial, el vicepresidente del órgano advirtió que si la nueva Constitución establece un régimen transitorio que fije qué comicios deben realizarse un año después de su entrada en vigencia, el nuevo “gobierno tendrá que llamar a elecciones”. Sus dichos tensionan nuevamente el debate sobre los límites del poder constituyente.
Tras el avance en la votación particular del reglamento de la Convención Constitucional, su vicepresidente advierte que “aquellos grupos sociales que llevan sus propias posturas sin la disposición al diálogo”, terminarán aislados y que las mayorías que se han configurado proyectan buenas señales para lo que viene. “Las decisiones que toma la constituyente cuentan con los 2/3 que se van a requerir luego para aprobar las normas constitucionales”, sostiene.
El escándalo Rojas Vade se ha liado con las macizas reyertas por el asunto de los 2/3 para resolver el marco autorregulatorio de la asamblea. El primer caso solo parece estirarse en el tiempo; no se ve que vaya a renunciar. El segundo se zanjaría esta semana y dirá si los dos grandes bloques de izquierda siguen en bandos distintos. Entremedio, la mesa Loncon-Bassa trata de maniobrar bajo fuego supuestamente “amigo”.
La revelación de La Tercera sobre el constituyente Rodrigo Rojas Vade se tomó la semana de la Convención. Sin embargo, a pesar de todo lo que ha sucedido sobre aquello, el jueves se produjo un duro encontrón entre constituyentes de los Pueblos Originarios y la mesa que preside Elisa Loncon debido al quórum que se aplicaría para las propuestas de la comisión de Participación Indígena.
El vicepresidente del órgano, Jaime Bassa, se reunió esta mañana con los abogados que asesoran a la mesa para analizar los caminos jurídicos que pueden tomar, entre ellos, llevar todos los antecedentes a la fiscalía. Esto, luego de que LT Domingo revelara que el convencional mintió durante años sobre un supuesto diagnóstico de cáncer. El objetivo es no aparecer haciendo una “defensa corporativa” y contener la crispación interna. La noticia descolocó a la directiva, la que se enteró el viernes pasado, y ya ha marcado diferencias tanto pública como privadamente.
El inédito encuentro de realizó cerca del mediodía en la sede del exCongreso Nacional, a un mes de que Interior remitiera un oficio invitando a la Mesa a reunirse para hablar sobre los hostigamientos ocurridos contra algunos integrantes de la instancia.
