La Contraloría cumplió hoy 94 años de historia, y el jefe de la institución, Jorge Bermúdez, ya comienza a preparar la segunda etapa en su gestión, antes de terminar su periodo en diciembre de 2023. Por lo mismo, diseñó un plan estratégico para definir las prioridades de sus últimos años de mandato que serán: innovar, conectar e impactar. De este último punto se descuelga la decisión de oficiar ayer a la CMF y a fondos de inversiones por los fideicomisos del Presidente.
El ente fiscalizador indagó las responsabilidades administrativas de siete generales de la institución por su rol en el control del orden público durante el estallido social. Finalmente, absolvió a cuatro altos uniformados y solo se propusieron sanciones contra el subdirector Mauricio Rodríguez; el jefe de Operaciones, Enrique Bassaletti; y el general (R) Jorge Ávila. El general director, Ricardo Yáñez, tiene poco más de dos semanas para resolver si acoge o no el dictamen.
Recinto, habilitado como centro de salud en medio de la pandemia, denunció que el Ministerio de Salud le adeuda 2.900 millones de pesos más IVA. Contraloría declaró ilegal uno de lo contratos suscritos debido a la duplicación de servicios en otro documento. Mientras esa situación no se aclare, dijo el contralor Jorge Bermúdez, "no es posible que se pueda pagar plata pública en algo que fue declarado ilegal".
Según la máxima autoridad del ente contralor, desde que asumió el cargo en diciembre de 2015, ha existido un “aumento exponencial de los requerimientos de las personas respecto de hechos que ellos consideran irregulares”.
Esto a pesar de que se esperaba que el Mandatario realizara una ceremonia durante este viernes. Una vez que sea publicada en el Diario Oficial los afiliados podrán pedir el retiro del 10% de lo que han acumulado en sus cuentas individuales.
La entidad fiscalizadora no ve inconvenientes en que la ministra del Deporte encabece la corporación de los Panamericanos en su calidad de persona natural, aunque le recomienda abstenerse en caso de que se presente algún conflicto de interés en su condición de secretaria de Estado.
"Hoy más que nunca, cuando la ciudadanía diariamente se informa sobre iniciativas y resultados de la decisión de la autoridad, de una política pública que redunda en la vida de su entorno inmediato, la institucionalidad debe actuar con una sólida base de legitimidad que entrega la confianza".
Así se indica en una respuesta que le organismo entregó al Congreso producto de la consulta del diputado del PC, Amaro Labra.
El miércoles pasado el ministro del Interior Gonzalo Blumel cruzó hasta la oficina del contralor Jorge Bermúdez para abordar las diferencias de criterio que quedaron en evidencia en sucesivos decretos dados a conocer por el gobierno y la Contraloría.
Esta es la primera vez que el contralor puede ejercer la facultad de determinar el orden de subrogación, desde que el organismo se fundó en 1927.
Luego de la cumbre de Derechos Humanos en La Moneda del pasado martes, el contralor Jorge Bermúdez habría sugerido al Ejecutivo modificar la normativa interna del organismo que le permitiría elegir a su subrogante en caso de ausencia. Contraloría explicó que la subcontralora Dorothy Pérez mantendrá sus atribuciones y su inamovilidad en el cargo.
La Contraloría confirmó a este medio que fue una sugerencia que hizo la autoridad al Ejecutivo y que fue recogido en la legislación que se tramita hoy y que tiene discusión inmediata en el Congreso.
La última versión de este documento ingresó el 24 de julio al ente fiscalizador. Se aclararon tres puntos respecto del documento original: se explicita que el rol de las tres ramas uniformadas será sólo en las fronteras, se puntualiza que el Ministerio del Interior coordinará la labor policial y que él se entenderá con Defensa; y se incorporan las firmas del ministro Andrés Chadwick y del canciller, Teodoro Ribera.
Mientras el contralor busca establecer bien hasta dónde se limitarán las facultades de las FF.AA. en el combate al tráfico de drogas; el Presidente afirmó que el decreto "no es inconstitucional", y que espera su "muy pronta toma de razón ".
El ministro de Defensa, Alberto Espina, y el subsecretario para las Fuerzas Armadas, Juan Francisco Galli, se reunieron el viernes con el contralor Jorge Bermúdez. La cita fue solicitada por el gobierno y se produjo en medio de los cuestionamientos sobre la constitucionalidad de la medida.
