A través de una declaración pública, los abogados Jorge Bofill y Sebastián Contreras, afirmaron que no existe "ningún cuestionamiento en materia de probidad durante el ejercicio del cargo como comandante jefe del general (R) del “nunca más”.
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Fue su propia declaración en calidad de inculpado, junto a otros testimonios, la que llevó a Juan Emilio Cheyre a ser procesado y quedar detenido en el denominado caso "fraude en el Ejército". En el interrogatorio ante la magistrada admitió que fue él quien implementó un sistema de entrega de dineros en efectivo a los excomandantes en jefe, mensualidades que fueron desde los $ 400 mil a $ 1 millón, y que el origen de dichos montos provenía de gastos reservados. También jugaron en contra las declaraciones de otros compañeros de armas que lo sindicaron como un malversador de caudales públicos. Aquí detalles inéditos de su encausamiento.
Se trata de la primera vez que la ministra en visita que investiga malversación de caudales públicos en el Ejército inculpa al excomandante en jefe que ejerció el cargo entre los años 2002 a 2006. Al igual que al resto de los exmáximos jefes militares se le atribuyó usar de forma irregular dineros que debían ser destinados a labores de inteligencia, entre otras actividades regladas por la ley. Cheyre quedará preso y en los próximos días la magistrada debe resolver si le otorga libertad bajo fianza. También se ampliaron cargos para Izurieta y Fuente-Alba.
El excomadante en jefe del Ejército Juan Emilio Cheyre (2002-2006) es indagado por la ministra en visita como presunto autor del delito de malversación de fondos públicos, poniéndolo en el foco de las pesquisas de la jueza, quien podría procesarlo durante esta jornada. Quienes fueran sus colaboradores más cercanos durante su gestión como jefe militar ya fueron interrogados, dando cuenta de cómo se usaban los dineros cuestionados y que tenían su origen en "gastos reservados".
El informe que será presentado a la Corte de Apelaciones no es vinculante, pero establece una mirada jurídica respecto al excomandante en Jefe del Ejército que -de ser acogida- podría elevar la condena de 3 años y un día en libertad vigilada que dictó en primera instancia el juez Mario Carroza.
A fines de marzo la ministra Romy Rutherford alcanzará un nuevo punto álgido de la investigación por gastos reservados del Ejército ya que para esas fechas se espera el desfile de los ex jefes militares -todos los que sucedieron a Pinochet- beneficiados por la práctica irregular de "aportes mensuales".
Se comenta que desde la defensa del militar retirado hay molestia porque el procesamiento contendría una serie de omisiones y contradicciones que el juez Hormazábal no habría tenido en cuenta al momento de dictar el procesamiento.
De los cinco generales que han sucedido a Pinochet desde 1998, solo uno ha estado cerca de gozar de un retiro tranquilo. De los otros cuatro, uno murió a los seis años de colgar el uniforme, otro ha sido condenado por un caso de derechos humanos -y esta semana procesado en otro-, y los otros dos, a punto de ser procesados en causas donde se investiga fraude y otros delitos financieros.
El ministro en visita acusa al excomandante en jefe del Ejército de torturas contra 24 personas, en 1973, en La Serena. El procesamiento da cuenta de víctimas que lo reconocen y una supuesta contradicción. Defensa del exoficial rechazó los hechos.
El ex comandante en Jefe del Ejército, que ya fue condenado como encubridor del homicidio calificado de 15 personas, fue notificado de un nuevo proceso en su contra, en este caso, como autor de apremios ilegítimos que se habrían producido en La Serena en 1973.
El ex Comandante en Jefe del Ejército deberá cumplir una pena de 3 años y un día en libertad vigilada intensiva. "No hay certeza acerca de que haya participado con actos anteriores o simultáneos a la ejecución de las víctimas, existe respecto de ello una duda razonable", dice el fallo del magistrado.
En calidad de encubridor, el ex comandante en jefe del Ejército fue uno de los once condenados. Revisa el detalle de los hechos que corroboró el magistrado.
Además, el magistrado dictaminó que el fisco pague $ 3.610 millones a los familiares (esposas, hijos y hermanos) de las víctimas de la "Caravana de la Muerte" episodio La Serena.
El juez Mario Carroza se apronta a condenar al excomandante en jefe del Ejército -quien fue el primer jefe militar en pedir perdón a nombre de la institución por las violaciones a los derechos humanos perpetradas durante el régimen del general Pinochet- a una pena de entre cinco y 10 años de cárcel por el episodio "La Serena" de la denominada Caravana de la Muerte.
Ambas parte se refieren a la participación del ex comandante en jefe del Ejército, general (R) Juan Emilio Cheyre en los consejos de guerra a raíz de las actas reveladas por La Tercera.
