Según el senador, aquí se requiere "poder fiscalizador de verdad", porque "las empresas pueden hacer y deshacer”.
6 ago 2024 09:17 AM
Según el senador, aquí se requiere "poder fiscalizador de verdad", porque "las empresas pueden hacer y deshacer”.
El parlamentario del Socialismo Democrático planteó que en La Moneda "hay mucha incomodidad” por la posición de la colectividad liderada por Lautaro Carmona luego de las elecciones presidenciales en el país vecino.
Juan Luis Castro (PS) señaló que discutirán el próximo miércoles un proyecto de ley "que permita que todas las sanciones que se aplicarán a determinadas empresas, partiendo por Enel en la Región Metropolitana, vayan a contribuir al Fondo de Estabilización Energética".
La nueva grieta en la alianza de gobierno se produjo por las posturas contrapuestas respecto a los resultados de las elecciones en Venezuela, específicamente por el respaldo del PC al régimen de Nicolás Maduro.
A pesar de que fue promulgada la normativa, el Ministerio de Transportes retiró el reglamento de Contraloría hace seis meses, por lo que no se puede avanzar en la puesta en marcha del sistema que busca disminuir las muertes por exceso de velocidad.
El legislador socialista aseguró que no tiene "la convicción plena de que el arreglo financiero, respecto del mecanismo de cómo se van a llevar adelante las devoluciones y las alzas de tarifas vayan a compensar realmente lo que la Corte Suprema dijo que era que había que devolver”.
El senador aborda las críticas que realizó en este medio su par socialista, Juan Luis Castro, quien fustigó que tanto el gobierno como la derecha quisieron "maquillar" que ciertos artículos de la normativa le traspasan el costo a las personas.
El parlamentario sostuvo que no podía aventurar cómo se va a desarrollar la votación en la Cámara, pero sí indicó que en los comentarios de diputados del oficialismo "hay quejas, hay críticas”.
El parlamentario ha estado desde el inicio en la tramitación del proyecto que intenta viabilizar el fallo de la Corte Suprema. Este miércoles, en los pasos finales de la comisión mixta, mostró todo su descontento ante ciertos aspectos de la normativa y hoy critica el proceder del ministro Segpres, Álvaro Elizalde. "Llegó en la fase final buscando entendimientos, pero forzando cosas y a mi juicio cediendo más de lo que correspondía para alcanzar un acuerdo con la oposición", asegura.
Tras la segunda cita de la comisión mixta, el senador criticó que desde el Ejecutivo no estuvieran aún ingresadas de manera formal las indicaciones. La ministra Aguilera, por su parte, sostuvo que serán ingresadas este lunes 6, día que se realizará la tercera cita de la instancia.
El oficio fue ingresado ante el Tribunal Constitucional el pasado viernes por un grupo de senadores oficialistas, tras la aprobación en la Cámara Alta de una indicación del proyecto de la ley corta de isapres, que permitiría la rebaja de la deuda de las aseguradoras privadas a US$ 451 millones.
El presidente de la comisión de Salud de la Cámara Alta criticó la aprobación de la mutualización, indicación que reduciría en más de la mitad el monto adeudado por las isapres. "Acá se intentó reponer un criterio que la Corte Suprema desechó, entonces es un cuestionamiento al fallo, eso es lo delicado”, afirmó.
Pese a que dijo que "no va a haber riesgo" en dar cumplimiento al calendario propuesto por el Ejecutivo, el presidente de la Comisión de Salud hizo sus reparos al proyecto. “Mire lo ridículo que termina siendo una especie de boomerang, en que terminan las mismas personas haciéndose cargo de las deudas de otros", cuestionó.
Ante el inminente desmarque oficialista, la titular de Salud y el gobierno apostarán por un plan desesperado: tratar de aprobar la iniciativa de emergencia en favor de las isapres con el respaldo de Chile Vamos y los republicanos.
El plan diseñado por el comité político consideraba adelantar el alza del Índice de Costos de Salud (ICSA) para permitir que las prestadoras puedan asumir sus menores ingresos en lo inmediato en vista de los fallos de la Corte Suprema que obligan a reducir cobros. Sin embargo, un factor que enredó la discusión es que esta iniciativa fue incluida en el alza salarial del Sector Público.