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Luego de que se cerrara una extensa investigación en su contra, Juan Miguel Fuente-Alba fue acusado por la fiscalía y se solicitó a la justicia que lo condene a 15 años de prisión por el delito de malversación de caudales públicos. Pero hace unos días el Consejo de Defensa del Estado pidió reabrir la indagatoria. ¿La razón? El 29 de abril pasado, el exmilitar entregó una declaración por escrito -de 94 páginas- intentando desvirtuar una a una las imputaciones del Ministerio Público. Así, el CDE pidió que se hagan una serie de diligencias para "contrastar múltiples afirmaciones contenidas" en su último testimonio.

El fiscal José Morales informó al Séptimo Juzgado de Garantía que dio inicio a una investigación separada que involucra a la entidad de propiedad del Grupo Luksic y a los otros bancos que, teniendo la obligación legal de reportar operaciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), no lo hicieron, lo que impidió iniciar antes esta indagatoria en contra del excomandante en Jefe del Ejército. Asimismo, el Ministerio Público notificó a la justicia que mantiene vigente una causa penal en contra de uno de los hijos del matrimonio por los movimientos que realizó en sociedades inscritas en el extranjero.

El Ministerio Público, además, acusó a la cónyuge del exmilitar y solicitó respecto de ella una condena de 10 años y un día de cárcel por supuestamente haber ayudado a su esposo a ocultar el origen de los dineros fiscales malversados. Con esta decisión, el fiscal José Morales ahora puede ir a juicio oral. Junto con esto se pidió el comiso de cinco propiedades del matrimonio.

En la audiencia, además, el fiscal José Morales reformalizó al ex comandante en jefe del Ejército. El fiscal señaló que la pareja habría realizado el delito de lavado de dinero, en "forma reiterada", entre 2010 y 2016.

Permaneció seis meses privado de libertad en el Batallón Militar de Peñalolén acusado por la ministra Romy Rutherford de malversar $ 3.500 millones provenientes de gastos reservados del Ejército. El general (R) Juan Miguel Fuente-Alba fue el primer comandante en jefe de la rama castrense en ser procesado. Después vendría su sucesor, general (R) Humberto Oviedo. Hoy, Fuente-Alba ya suma 23 días de arresto domiciliario total en su casa de Chicureo. A través de varios cuestionarios intercambiados con La Tercera, el general (R) encara por primera vez de manera pública los cargos que enfrenta ante la justicia.

La Sala Penal en decisión unánime ofició al organismo dirigido por Iván Aróstica para que les envíe la resolución dictada este miércoles 3 que, según trascendió, reitera que para ellos la investigación contra el ex comandante en Jefe del Ejército estaba suspendida en su totalidad y no sólo una de sus aristas.

El excomandante en jefe del Ejército enfrenta los cargos tras el presunto delito base de un enriquecimiento ilícito. Según el Ministerio Público, gastó más de $ 7 mil millones en seis años, pese a que su sueldo mensual era de casi $ 3 millones.

La petición que hará el fiscal pretende "asegurar" el arresto en prisión del excomandante en jefe, en caso de que la Corte Marcial eventualmente pudiera cambiar su medida cautelar en la causa de la justicia militar, que indaga la ministra Romy Rutherford.

Desde que ingresó al Batallón de Policía Militar N°1 -hace 94 días acusado de malversación de platas públicas- el excomandante en jefe del Ejército Juan Miguel Fuente-Alba ha restringido sus visitas al mínimo, escucha música clásica, no cuenta con la simpatía de los otros internos y pasa horas en un computador preparando su defensa.

Lleva más de tres meses en prisión preventiva procesado por malversar $3.500 millones desde las arcas del Ejécito y ahora la Fiscalía Centro Norte va tras la responsabilidad del ex alto oficial en las maniobras que realizó para ocultar el orígen ilícito de su abultado patrimonio.

El general (R) presentó un recurso acusando que en su procesamiento se vulneraron sus derechos humanos y se actuó de manera inconstitucional en su contra.

A fines de marzo la ministra Romy Rutherford alcanzará un nuevo punto álgido de la investigación por gastos reservados del Ejército ya que para esas fechas se espera el desfile de los ex jefes militares -todos los que sucedieron a Pinochet- beneficiados por la práctica irregular de "aportes mensuales".

La ministra en visita cumple este mes dos años a cargo de las 23 aristas de la investigación por el fraude en la institución. Ya acumula 13 procesados, todos de alta graduación -coroneles, generales- y sin miriamientos entre activos y en retiro. Y le queda otro año más.

El general (R) hizo cuatro rendiciones ante Contraloría. Este lunes declaró por cuarta vez ante la ministra Romy Rutherford.

El general (R) recurrió a varios subterfugios para ocultar el dinero proveniente de los gastos reservados del Ejército que incrementaron su patrimonio. Por eso, la Fiscalía lo formalizará por lavado de dinero en las próximas semanas. En el expediente surge un dato hasta ahora desconocido: unos meses antes de dejar el Ejército, en 2014, giró US$ 250 mil, la totalidad del saldo de los gastos reservados destinados a su mandato.