Ante la Segunda Sala del máximo tribunal, el Ministerio Público apuntó a que se investigan delitos comunes, en tanto, Felipe Vélez, fiscal general militar, recalcó que "no hay participación de civiles" en los hechos de la causa.
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Segunda Sala del máximo tribunal tiene el tema en agenda.
El hecho ocurrió el viernes en la calle Arauco en Chillán. El Juzgado de Garantía estableció un plazo de tres meses para desarrollar la investigación.
Fiscalía apuntó que el secuestro habría sido motivado por la recuperación de una motocicleta, la que habría estado en posesión de una de las víctimas.
No obstante, hay un porcentaje en el que estos cobros no resultan ser efectivos, pues los deudores no tienen dinero en las cuentas bancarias o no cotizan.
La sentencia fue calificada como "histórica, inédita y simbólica" por el fiscal Marcelo Maldonado. Los condenados fueron acusados por los delitos de trata de personas para explotación sexual, lavado de activos y asociación criminal. Durante la investigación se dilucidaron un total de 40 víctimas.
La Fiscalía Regional de Los Lagos valoró la sentencia dictada por el Tribunal Oral de lo Penal de la ciudad. En la investigación también se estableció que el condenado utilizaba una doble identidad para evitar ser identificado.
La víctima denunció haber sido agredida sexualmente en dos oportunidades por el uniformado.
Las acciones contra Forum Servicios Financieros y General Motors Financial Chile apuntan a cobros abusivos en contratos de crédito automotriz. La demanda del Sernac acusa a Forum de aplicar cargos indebidos bajo “Gastos de Administración Prenda” y a GM por “Gestión de Garantía”, con multas que podrían ascender a $31.964 millones y $29.497 millones respectivamente.
La magistrada dijo que no tenía sentido ahora un encuentro con el jefe del Ministerio Público.
Otros seis exgendarmes quedaron con arresto domiciliario total. Fiscalía Occidente apelará de esa resolución buscando que también queden en prisión preventiva.
En principio, la magistrada se desempeñará en el cargo hasta fin de año.
“Cualquier persona que tenga información acerca de hechos como los que ella señala, de posibles pagos o amenazas, lo que esperamos es que nos aporte a la justicia, porque serían situaciones graves", sostuvo el jefe del Ministerio Público.
Al inicio de la acusación, cuando la fiscalía de Arica presentó la acusación, el ente persecutor pedía penas de 53 años de cárcel para cada uno.
Durante esta jornada se desarrolló una audiencia ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso, donde se logró un avenimiento entre las partes. El integrante de la Cámara Alta deberá cumplir una serie de exigencias, entre ellas aclarar que pese a las diferencia que tiene con el otrora diputado RD no tuvo la intención de imputarle los robos de computadores que ocurrieron en el Ministerio de Desarrollo Social que dirigió. Asimismo, junto con tener que realizar un comunicado público, deberá eliminar los "tuits" que generaron la controversia.
