El Ministerio Público solicita penas que suman 25 años de presidio para el fundador de la CAM.
12 mar 2024 11:08 AM
El Ministerio Público solicita penas que suman 25 años de presidio para el fundador de la CAM.
El hecho ocurrió durante la tarde del sábado tras una rencilla vecinal, y tras perpetrar el crimen, el imputado se infringió un disparo en el abdomen, por lo que debió ser formalizado por Zoom. Se estableció un plazo de 100 días de investigación.
Fiscalía solicitó ampliar plazo de detención para concretar diligencias pendientes.
El individuo, además, es acusado de porte ilegal de arma prohibida.
El Octavo Juzgado de Garantía de Santiago fijó la medida cautelar para el periodista. También está con arraigo.
La actual administración municipal se querelló en su contra, acusándolo de un fraude que superaría los $176 millones.
El hecho aconteció durante la madrugada del domingo, en calle Bulnes, cuando el imputado de iniciales M.E.G.C., en estado de ebriedad, le disparó a la víctima con una pistola calibre .45, provocándole la muerte en el lugar.
El líder de la CAM participó del ayuno que integrantes de la organización mantuvieron hasta el 15 de febrero de este año en penales de Biobío y La Araucanía.
Adicionalmente, el jefe comunal –quien también está siendo investigado por la Fiscalía- se sumó a la acción penal dirigida contra cuatro concejales de la comuna por el delito de cohecho, quienes habrían ofrecido a una empresa el servicio de aparcadero municipal, cuya licitación pública estaba siendo planificada en aquel momento.
La acción penal está dirigida en contra de la jefa comunal de Viña del Mar por cuasidelito de homicidio tras los incendios de inicios de febrero, y en particular aborda la muerte de cuatro personas al interior del Jardín Botánico. Asimismo, la acusa de no haber implementado planes comunales de emergencia y de restricciones de riesgo de desastres.
Dos exconcejales y un exseremi aceptaron su responsabilidad en un juicio abreviado.
Fiscalía de Alta Complejidad Occidente dirige la investigación que se inició por una querella del Consejo de Defensa del Estado a partir de una denuncia anónima sobre un "funcionario fantasma" en el municipio. El Juzgado de Garantía de San Bernardo fijó audiencia para el 6 de marzo.
Ministerio Público pide para los imputados penas que parten en los 43 años de privación de libertad.
El jefe del segundo piso se retiró en completo silencio del edificio del Ministerio Público en calle Catedral, evitando a los equipos de prensa que lo esperaron para conocer sus impresiones.
Máximo tribunal dictó una sentencia de reemplazo que fija una pena de 541 días para el condenado, abonándole el tiempo que permaneció en prisión preventiva.