La exalcaldesa de Maipú fue trasladada a eso de las 18.20 horas por personal de Gendarmería desde el Centro de Justicia hasta el recinto penitenciario, donde no ingresó por la entrada principal por donde pasan los detenidos, sino que por una puerta lateral.
El requerimiento busca captar las sumas de dinero que se encuentran en poder de la empresa Pantec SpA, titular de la plataforma para adultos, por concepto de cualquier tipo de retiro de ganancias, pago o retribución a las que tenga derecho la imputada.
La militante del Frente Amplio -que ya anunció que apelará al fallo del Juzgado de Garantía de Viña del Mar- fue condenada a 61 días de presidio, lo que se sustituyó por una pena de remisión condicional.
El imputado era supervisor de la víctima, quien se desempeñaba como funcionaria en el Hospital Regional de Iquique.
La mujer cuestionó el criterio de la Corte de Apelaciones tras revocar la prisión preventiva del exvolante e instó a otras presuntas afectadas a realizar las denuncias correspondientes.
La Fiscalía investiga una posible vinculación entre los imputados y el Tren de Aragua, ya que personas del sector donde se mantuvo cautiva la víctima, han dado cuenta de que pertenecen a esa organización criminal.
La Corte de Apelaciones acogió a tramitación un recurso contra Corfo, Codelco y sus dos nuevas filiales, Salares de Chile y Minera Tarar, que interpuso Juan Francisco Sánchez, socio del estudio Valdivia Legal. Según el abogado, la operación se realizó "burlando todos los requisitos y limitaciones que la Constitución y la ley imponen a la actividad empresarial del Estado”. Sánchez asegura que actúa a título individual: “No trabajo para nadie. Al menos no todavía. Esta es una acción deducida por un ciudadano".
Respecto a los hechos, el alcalde electo de Puente Alto sostiene que las declaraciones de los querellados fueron emitidas en diferentes instancias, en medios de comunicación y posterior difusión en redes sociales, además de mensajes descalificatorios en contra de su persona, vinculándolo a episodios de violencia ocurridos durante el estallido social.
Casi 2 semanas permaneció el exjugador en el módulo 86, zona del penal que recibe a imputados y reos relacionados con delitos de connotación sexual.
El exfutbolista, formalizado por el presunto delito de violación, partió rumbo a su departamento junto a su hermano, para cumplir con el arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional y prohibición de acercarse a la víctima impuesto por la Corte de Apelaciones.
El imputado, de nacionalidad boliviana, perpetró el ilícito la madrugada del pasado domingo 27 de octubre, cuando llegó hasta el domicilio de la víctima, de 26 años de edad, a quien agredió y posteriormente la violentó sexualmente.
Según informó el Ministerio Público, el imputado y la víctima -su conviviente- habían mantenido una discusión.
El documento presentado por la defensa se centra en los hechos denunciados que habrían tenido lugar entre el 22 y 23 de septiembre en el Hotel Panamericano.
Los colombianos Harlin Yesi Bravo Gamboa y Yin Dagoberto Cáceres Rivas volaron de Santiago a la comuna del norte de Chile para dar muerte a la víctima, a la que responsabilizaban de la pérdida de una importante cantidad de droga de su propiedad.
La víctima habría sido atacada con un cuchillo en un sitio eriazo ubicado en el sector Los Jofreses.
