José Luis Yáñez fue detenido por la PDI durante la noche del miércoles. Tribunal ordenó su ingreso al Centro de Detención Preventiva de Casablanca y decretó 150 días de investigación.
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Defensa busca que se declare ilegal la prisión preventiva en la que se encuentra la autoridad comunal que estuvo prófuga una semana.
"Este no fue el mejor momento de mi hermano. Él nunca pagó un soborno, ni ofreció; pero lo indujeron a decir eso, porque la que estaba a cargo de estas cosas era esta chica (Leonarda Villalobos), pero a él (Hermosilla) se le induce a decirle esto al cliente (Sauer)", señaló Juan Pablo Hermosilla.
Desde el Ministerio Público se informó que la designación de la fiscal Tatiana Esquivel apunta a "asegurar una gestión más especializada de la investigación, considerando la gravedad de los hechos denunciados y la complejidad del caso".
La sentencia se dictó en contra del teniente coronel Pedro Espinoza Bravo, el mayor Juan Morales Salgado, y el cabo primero Juvenal Piña Garrido, todos del Ejército, quienes tuvieron responsabilidad en la desaparición de Rodolfo Núñez Benavides, el 18 de mayo de 1976.
El defensor de los menores mostró en la audiencia de control de detención los certificados del Liceo de Tiltil y del Hospital San José que acreditaban que estaban en el recinto asistencial. No tenían antecedentes y juez suplente los privó de libertad. Se estableció responsabilidad del fisco por el actuar negligente de la policía. Indemnización se eleva a $82.000.000 en total.
A Luis Tranamil Nahuel se le imputan otros dos delitos de homicidio en calidad de frustrado contra otro policía y un civil, además del porte de arma de fuego, por lo que se solicita una condena de 47 años de cárcel.
El nuevo proceso, en virtud de la apelación que hizo el chileno, debe iniciarse el 4 de diciembre. La instancia fue postergada en febrero cuando el supuesto asesino de su exnovia japonesa reemplazó al defensor que lo representaba.
Comunero fue condenado por Ataques incendiarios y homicidios frustrados: t
Efectivos de Carabineros llegaron hasta las dependencias en que trabaja el abogado, en Alonso de Córdova, comuna de Vitacura. La policía uniformada busca pruebas que lo vinculan a eventuales pagos de coimas a funcionarios públicos. El objetivo es incautar computadores, documentos y celulares.
"Habrá que investigar a fondo, sin duda, estos hechos y aquellos que le dan origen, pero parece claro desde ya, que hay en marcha una operación obscura", aseguró el abogado en una declaración.
Respecto a la investigación por la desaparición y muerte del niño T.B., el máximo tribunal señala que las "desprolijidades" en el caso "habrían tenido lugar en las primeras diligencias, etapa durante la cual la requerida se encontraba con feriado legal y aun no asumía la investigación personalmente, de suerte tal que no es posible atribuirle responsabilidad alguna".
Ciper dio a conocer la grabación de una reunión del abogado -en la que se habla de pagos a funcionarios públicos para obtener información privilegiada- con el empresario Daniel Sauer y la abogada Leonarda Villalobos, quienes también serán blanco de las pesquisas. Tras conocer la información, Miguel Crispi resolvió romper el vínculo con el jurista como su defensor en el caso de líos de platas.
El proyecto por el que el municipio fue demandado consistía en la instalación de esculturas de bronce del reconocido artista Mario Irarrázabal en el Parque San Borja. Según el fallo de primera instancia, la iniciativa finalmente fue cancelada de forma unilateral durante la gestión de Felipe Alessandri, por lo que se obligó a la casa comunal a indemnizar a la fundación. La administración de Irací Hassler confirmó a este medio que buscarán apelar a la sanción en la Suprema.
“Estamos frente una nueva fenomenología, esto es criminalidad organizada. No podemos exponer a la familia”, planteó el fiscal regional de O’Higgins, Emiliano Arias.
