La ministra en visita de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Marianela Cifuentes, dictó acusación contra varios exuniformados. El exjefe comunal de Providencia se encuentra cumpliendo condena en su domicilio debido a su avanzada edad.
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El juzgado fijó en 150 días el plazo de investigación y no dispuso medidas cautelares para los imputados.
Las imputadas fueron detenidas tras una investigación del Ministerio Público y de personal del OS9 de Carabineros en un allanamiento a las oficinas de ese municipio de la Región de La Araucanía.
Se dispusieron medidas de seguridad para afectados.
El hombre de 34 años fue hallado culpable de cometer estos delitos de forma reiterada, entre 2011 y 2017, en contra de su sobrina, una prima de ésta y una tercera menor.
Ministerio Público los acusa de delitos de soborno y cohecho.
La fiscalía lo acusó por infringir la Ley 20.00, conducir bajo el efecto de estupefacientes y amenazas a Carabineros. El artista quedó con la medida de firma mensual.
Sujeto fue detenido tras pesquisar una tarjeta Bip! que utilizó horas después de que, supuestamente, cometiera el crimen. Es un hombre chileno de 20 años.
El tribunal fijó 100 días de investigación.
La Fiscalía detalló que la mordedura, en la zona del mentón, pudo comprometer la vida del afectado al ser una parte con estructuras nerviosas y vasos sanguíneos. Sin embargo, el Juzgado de Garantía suspendió la formalización a la espera de informes siquiátricos del imputado.
"Se ha acreditado su inocencia absoluta en las acusaciones falsas que se le hicieron sobre la base de antecedentes y pruebas amañadas", aseguraron sus abogados Ciro Colombara y Aldo Díaz.
Sergio Chiffelle Kirby, actual procurador del número de la Corte Suprema de Santiago, fue condenado por la ministra en visita de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, María Cruz Fierro, por la muerte del exmilitante del FPMR, registrada en 1989. A la misma pena fueron condenados los excabos primeros de la Armada Luis Ceballos Guerra y Óscar Arturo Aspée.
El sujeto, de nacionalidad venezolana, fue fiscalizado por personal municipal el miércoles. Además de no contar con papeles, protagonizó varios desórdenes en la vía pública.
Según el fallo divulgado este viernes por el Poder Judicial, al poner en duda ante la luz pública la ceguera de la querellante “se deshonra la dignidad de la senadora Campillai, pues se le atribuye implícitamente un actuar malicioso y un aprovechamiento de su condición de no vidente".
El Consejo de Defensa del Estado interpuso una acción en sede civil en contra de la ONG representada por el exmilitante RD, Daniel Andrade. "No dio cabal y oportuno cumplimiento a las obligaciones que asumióen cada convenio", se lee en el escrito.
