La investigación estableció que los hechos comenzaron a registrarse a partir de 2006, cuando la primera víctima tenía 10 años de edad.
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El imputado causó la muerte de la víctima con un arma blanca provocándole 18 heridas cortopunzantes. La mujer había dado a luz ocho días antes y el bebé estaba presente cuando su madre fue asesinada.
El fiscal jefe de Antofagasta, Cristian Aguilar Aranela, a cargo de la investigación del caso, informó que el tribunal del país europeo ya confirmó la fecha para noviembre próximo.
En la acción interpuesta por el abogado Marcelo Brunet se hace presente que podría existir irregularidad en el pago que recibieron profesionales por supuestas funciones prestadas en junio de 2021, dado que en algunos casos, dichos personeros no aparecen en el registro histórico. Sólo se pedía una declaración jurada para acreditar que las labores se prestaron, lo que abrió sospechas en la derecha. En paralelo, el diputado Jorge Alessandri pidió un pronunciamiento de Contraloría, aunque desde Segpres descartan haber incurrido en faltas.
Fiscalía Centro Norte, que había pedido arresto domiciliario total, les imputó el delito de lesiones menos graves.
Camilo Gajardo Escalona fue imputado por la Fiscalía Sur otros cuatro hechos similares.
La jueza Soledad García, del Juzgado de Garantía de Los Ángeles, aceptó la solicitud de la Fiscalía y señaló que “la libertad de los imputados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad”. Asimismo, se fijó un plazo de dos meses para la investigación.
Se le consideró culpable del delito de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas. Fiscalía pide una pena de 12 años de prisión.
Ismael Fritz Ñancul fue formalizado por delitos de secuestro, incendio, robo con violencia, disparos injustificados y tenencia ilegal de arma de fuego y municiones.
En fallo unánime, el Tribunal Oral en lo Penal de Cauquenes condenó a Óscar Ariel Escobar Ortiz, quien le propinó cinco heridas cortopunzantes al suboficial Pablo Andrés Pineda Gutiérrez el 12 de enero de 2021.
En la performance, de un grupo de disidencia sexual conocido como Las Indetectables, se hacía alusión al aborto con una bandera de Chile. Ministerio Público perseguirá el delito de ultraje público a las buenas costumbres.
De acuerdo con lo que se indica en la querella, "la actitud y posición del Gobierno fue de absoluta inactividad y permisividad respecto de las amenazas y actividad realizada por el Sr. Héctor Llaitul”.
Tras conocerse la sentencia de 20 años de cárcel contra Pradenas por una serie de delitos de carácter sexual, Carlos Gajardo, exfiscal y abogado parte del equipo jurídico querellante, valoró que “el tribunal hizo una valoración muy correcta de lo que se denomina la perspectiva de género”.
El fiscal Miguel Ángel Rojas resaltó que se aplicó "la tercera mayor pena" de la legislación chilena. "Está acordé de acuerdo a la vulneración de bienes jurídicos que se acreditaron a lo largo de las jornadas de juicio”, afirmó.
“Nos parece que es un fallo esperanzador para muchas mujeres”, sostuvo el jurista.
