La acción presentada por la Fiscalía Regional entregó como argumento que lo dispuesto en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, de la cual Chile y Holanda se encuentran adscritos, constituye la base jurídica para la cooperación en materia de extradición entre ambos países.
La nueva audiencia de preparación de juicio oral, quedó agendada para el 18 de mayo a las 09.00 horas.
La fiscalía pide 30 años de presidio para el ciudadano colombiano Víctor Gutiérrez, el "sicario" que contrató Renato López, autor intelectual del homicidio y para quien el Ministerio Público solicita, a su vez, 20 años de pena. Para Claudio Riveros, el chofer que trasladó al "Parce" y conservó el arma después del crimen, 20 años; y para Melissa Palma, pareja de Gutiérrez y cómplice, 10 años. La lectura de sentencia se realizará de forma remota el 18 de abril, a las 13:00.
La fiscalía pide para Daniel Bustos Trabol, quien es considerado uno de los “presos del estallido”, una pena de 12 años de presidio. Lectura de sentencia se realizará el sábado 9 de abril, a las 9.30.
La acción constitucional fue presentada por la comunidad mapuche de la comuna de Galvarino denominada Ranquilco Grande a través del abogado Richard Caifal. El escrito solicita a la corte que deje sin efecto o declare nulas "todas las normas aprobadas que digan relación o afecten a los pueblos indígenas”. El proceso de participación ha sido blanco de críticas debido a su baja participación. Se quiso llegar a 18.790 personas, pero la cobertura fue de 7.549, es decir, un 0,6% de quienes están registrados en la Conadi.
Abogado defensor de la exjefa comunal señaló que "la fiscalía no sabe dónde está, lo único que tiene información es que entró a la ciudad de Ámsterdam”. Persecutor afirmó que Rojo no ha registrado movimiento migratorio en otros países de Europa. Oídos los alegatos, el juez Marco Rojas resolvió elevar la solicitud del fiscal a la Corte de Apelaciones de Antofagasta.
La Segunda Sala del máximo tribunal rechazó por unanimidad que una eventual declaración del exjefe del Ejército en las oficinas de la magistrada y sin la presencia de su abogado defensor constituyan una “amenaza a su libertad”, como lo manifestó la defensa del general (R) mediante un recurso de amparo.
En la audiencia, el tribunal escuchó a la defensa del excomandante en jefe del Ejército, a la abogada del CDE, querellante en la causa, y al fiscal del Ministerio Público Militar.
Al ser consultada sobre beneficios carcelarios, como los recibidos por los autores del crimen del matrimonio Luchsinger Mackay, la ministra Ángela Vivanco señaló que "ojalá estas materias se puedan regular adecuadamente" de modo tal que "no haya de ninguna manera tratos diferenciados". Sobre la fuga de Karen Rojo indicó que "nadie pidió que se repusieran medidas cautelares” y que “hay responsabilidad en las partes intervinientes en ello”.
En la audiencia, la jueza Perla Roa dio lugar a los argumentos entregados por la fiscal Marcela Cartagena y determinó ampliar el plazo por tercera vez. El defensor Penal Público del tío abuelo del menor, el único imputado hasta ahora, dijo que "no vislumbramos, a más de un año de investigación, ningún antecedente científico ni concreto que vincule a nuestro representado en el hecho investigado por el Ministerio Público”.
La Fiscalía pudo acreditar en el juicio que, desde aproximadamente el año 2017 hasta junio de 2020, el condenado efectuó actos de significación sexual y de relevancia en contra de las niñas, las que tenían 7 y 11 años cuando comenzaron a ser abusadas.
La exautoridad pedía al máximo tribunal anular el juicio para realizar un nuevo litigio en un tribunal "no inhabilitado". Corte desestimó la nulidad. La exjefa comunal contrató una agencia de comunicaciones para una asesoría política de su campaña a la reelección en 2016 por $ 24 millones que pagó con fondos de subvenciones escolares y recursos de salud municipal. El fiscal jefe de Antofagasta, Cristián Aguilar, aseguró que Rojo “deberá cumplir su pena de forma efectiva en la cárcel de esta ciudad”.
La fiscalía formalizó al imputado en calidad de autor, un exmilitar de 70 años, por los delitos de tráfico ilícito de armas y robo en lugar no habitado. Tribunal fijó la medida cautelar con una fianza de un millón de pesos, lo que fue apelado por la fiscalía y será resuelto por la Corte de Apelaciones el miércoles.
“Lo sustantivo que a nosotros nos preocupa es la composición y no dejar estas atribuciones tan abiertas que podrían calificarse a los jueces de acuerdo a sus fallos, cosa que no es adecuada porque obviamente podría afectar la independencia judicial”, advirtió la ministra Ángela Vivanco. Si bien, expresó conformidad con la existencia de la entidad, señaló que hay aspectos como la revisión integral de los tribunales en audiencia pública que se debe precisar para evitar que abarque aspectos jurisdiccionales. Además dijo que debe estar integrado por jueces y ser encabezado por el presidente del máximo tribunal.
Este lunes, la Corte dictó la sentencia en segunda instancia por el delito de homicidio calificado de Rodrigo Andrés Rojas de Negri y del homicidio calificado, en grado de frustrado, de Carmen Gloria Quintana Arancibia, perpetrados el 2 de julio de 1986, en la comuna de Estación Central.
