En octubre de 2021 fue formalizada. Informes financieros de la PDI sobre depósitos en efectivo y giros a funcionarios policiales fundamentaron la decisión de la Fiscalía Centro Norte. De acuerdo a la indagatoria, entre 2008 y 2010, habría recibido un total de $42.138.000. El Ministerio Público solicitó ampliar el plazo de investigación en cinco meses y tribunal accedió.
Berkofff permanece en prisión preventiva en la cárcel de Lebu a la espera del desarrollo de una investigación en su contra por delitos relacionados con narcotráfico. Una vez que se declare firme la sentencia, comenzará el cumplimiento de la misma en el mismo recinto penitenciario de la Región del Biobío. Deberá cumplir una pena de tres años y un día de presidio como autor del delito de robo con intimidación y otra de tres años y un día de presidio por el delito de incendio.
En un fallo dividido, el máximo tribunal consideró que, si bien no se logró probar la participación criminal específica de dos acusados por el delito de sustracción de menor de edad, esto no fue impedimento para sentenciar al Estado a resarcir económicamente a los familiares de Óscar Miranda Segovia, quien fue víctima de un crimen de lesa humanidad perpetrado por agentes estatales.
El macabro crimen ocurrió el 29 de abril de 2021, cuando un menor de 12 años sacó a pasear a sus mascotas y no regresó a su hogar. La pena solicitada por el Ministerio Público es de presidio perpetuo calificado. La sentencia será dada a conocer el 2 de mayo.
Sandra Pávez fue apartada en 2007 de su trabajo como profesora de Religión en el Liceo Cardenal Antonio Samoré de San Bernardo luego de que se conociera su orientación sexual. El Fisco deberá pagarle a la docente US$ 30.000 por "daño inmaterial" y US$ 5.000 por “daño material”.
Así también, en otra causa por cohecho contra un exfiscal regional del MOP, Cristián Ríos, presentan recurso ante la Corte de Apelaciones de Temuco, para que fije fecha de juicio.
Concha mantenía una pena de 10 años y un día por ser el coautor del secuestro calificado de Juan Carlos Perelman Ide, además también se encuentra en calidad de acusado por el secuestro de Alfonso Chanfreau. El ex agente de la DINA fue detenido en la comuna de Maipú gracias a diversas diligencias investigativas y de inteligencia policial.
Bustos quien es considerado uno de los “presos del estallido”, se encuentra en prisión preventiva desde enero de 2020. Tras la sentencia, el fiscal José Morales señaló que "se trataba de un delito grave que afectó el transporte público de la Región Metropolitana durante prácticamente ocho meses, en que las más de 100 mil personas que ocupaban el Metro se vieron privados de ese servicio”.
En una resolución dividida, por tres votos contra dos, la Primera Sala del Tribunal Constitucional resolvió no acceder a la solicitud de suspensión del procedimiento que solicitó el excomandante en jefe del Ejército. El exjefe de esta rama castrense había presentado un recurso de inaplicabilidad para interrumpir la indagatoria que lidera la ministra Romy Rutherford en el caso de fraude en la institución militar. Además citó a alegatos para decidir la admisibilidad del recurso.
"En ningún viaje hizo cambio de destino con fin turístico o canjeó pasajes ni recibió dinero en exceso para su beneficio personal mediante engaño", afirmó el abogado Juan Carlos Manríquez. Ayer el exuniformado quedó bajo arresto y con prohibición de salir del país tras ser procesado por la jueza Romy Rutherford en una arista del caso fraude en el Ejército.
El presidente del máximo tribunal, Juan Eduardo Fuentes, forma parte de la comitiva que viajó al país transandino junto al Mandatario. En ese sentido, ayer el magistrado nacional se reunió con el vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia de Argentina, Carlos Rosenkrantz, y con el ministro de esa Corte, Juan Carlos Maqueda.
El Juzgado de Garantía de Talagante decretó que los imputados constituyen un peligro para la seguridad de la sociedad y de la víctima, quien fue violentamente agredido y sometido a humillaciones por parte de los imputados en una dependencia policial, en el marco del estallido social.
Manuel González Troncoso (56) desapareció el 25 de marzo tras salir desde su domicilio en el sector Los Álamos, a bordo de su camioneta, en dirección a un supermercado. Uno de los menores habría percutido un disparo en la cabeza de la víctima tras oponerse al robo del vehículo y de sus pertenencias. Posteriormente, los imputados ocultaron el cadáver en el sector Dunas de Pangue, en la provincia de Arauco.
Luis Antonio Gatica Fuentes, de 52 años, fue declarado culpable de los delitos de abuso sexual reiterado contra los menores de edad y almacenamiento de material pornográfico infantil.
La administración de los tribunales deberá designar un nuevo juez que no este inhabilitado de conocer la causa en los próximos cinco días.
