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Se trata de la primera vez que la ministra en visita que investiga malversación de caudales públicos en el Ejército inculpa al excomandante en jefe que ejerció el cargo entre los años 2002 a 2006. Al igual que al resto de los exmáximos jefes militares se le atribuyó usar de forma irregular dineros que debían ser destinados a labores de inteligencia, entre otras actividades regladas por la ley. Cheyre quedará preso y en los próximos días la magistrada debe resolver si le otorga libertad bajo fianza. También se ampliaron cargos para Izurieta y Fuente-Alba.

En la causa abierta contra la vicepresidenta argentina conocida como “los cuadernos de las coimas”, el juez federal Julián Ercolini manifestó que no pudieron incorporarse elementos que establecieran la existencia de pagos y personas que los habrían realizado.

El máximo tribunal rechazó los recursos de casación contra la sentencia que condenó, a penas de entre 10 y 15 años de presidio, a los exagentes del órgano de inteligencia de la dictadura por su responsabilidad en tres delitos de secuestro calificado perpetrados en 1974, en Estación Central y San Joaquín.

Un juez federal ordenó que los mails que el exmandatario intercambió con sus abogado sean entregados a la comisión de la Cámara de Representantes que investiga el ataque al Capitolio. “Los correos electrónicos muestran que el presidente Trump sabía que las cifras específicas de fraude eran erróneas, pero siguió promoviendo esos números”, dijo el juez David Carter.

Se trata de la primera postulación realizada por el Presidente Gabriel Boric al Máximo Tribunal del país.

Según las autoridades, se redujo en más de un 50% el número de cédulas de identidad caducadas, luego de que la pandemia generara un retraso en su renovación.

En mayo el Ejecutivo anunció una agenda integral de reparación por las vulneraciones ocurridas en el contexto del estallido, la cual contemplaba la creación de una instancia que pudiese validar la condición de "afectado" de quienes así lo solicitaran. Sin embargo, como aquello no se ha materializado, diferentes entidades insisten en la necesidad de concretar esta instancia y acusan sentirse "abandonados" por el gobierno.

Marcela Ríos aseguró que “es importante que podamos tener a las personas bajo custodia cuando los delitos lo ameritan, pero insisto, son decisiones que toma el poder judicial fundada en los hechos y en la evidencia que tienen a disposición en cada momento".

En el libelo la exsecretaria de Estado pide una compensación económica de $ 387.733.776, por lo que denuncia fue una falta de servicio. Asegura que la entidad encabezada hoy por Juan Peribonio, permitió que su expresidenta María Eugenia Manaud desplegara conductas que ella califica como “abusivas” en su contra.

“Debemos desocupar todas las tierras que los ocupantes rusos están tratando de mantener para sí mismos. Sólo así podremos destinar toda la fuerza en el Derecho Internacional”, aseveró el mandatario ucraniano.

El máximo tribunal condenó al fisco por el hecho registrado en 2006, tras afirmar que Gendarmería incurrió en una falta de servicio “por no implementar las medidas de resguardo de la integridad física de quienes tiene bajo su custodia” ni trasladar de manera oportuna a la víctima a un centro médico.

Tras la solicitud de renuncia "no voluntaria" realizada por el gobierno a la directora del Sename, Rosario Martínez, ella asegura que es porque el Presidente Boric quiere a alguien de confianza en el servicio. Explica entonces que pese a haber llegado al cargo a través del sistema de alta dirección pública, es militante de RN y fue nombrada durante el gobierno de Sebastián Piñera.

La ministra de Justicia, Marcela Ríos, le pidió a la socióloga que abandonara la institución argumentando pérdida de confianza. La experta en reinserción social adolescente había sido designada por el expresidente Sebastián Piñera en octubre de 2020 y fue la primera directora nombrada por el sistema de Alta Dirección Pública. Su salida se da justo cuando La Moneda está ad portas de promulgar la ley que culminará el proceso de transformación de este organismo y que crea el nuevo Servicio de Reinserción Social Juvenil.

Nicolás Gabriel Carrizo y Agustina Díaz, ambos con relación directa con Brenda Uliarte -la persona que organizó el intento de magnicidio y pareja del brasileño Fernando Sabag, autor del fallido ataque a la vicepresidenta argentina- continuarán en prisión de manera preventiva hasta que tenga lugar un juicio, según informaron medios argentinos.

La ministra Angela Vivanco informó que de un total de 14.900 computadores se aislaron de la red 150, lo que representa un 1% del total.