El presidente de la Asociación Nacional de Fiscales (ANF), Francisco Bravo, aseguró que solicitaron una reunión con la ministra de Justicia, Marcela Ríos, la cual les fue rechazada.
12 dic 2022 11:59 AM
El presidente de la Asociación Nacional de Fiscales (ANF), Francisco Bravo, aseguró que solicitaron una reunión con la ministra de Justicia, Marcela Ríos, la cual les fue rechazada.
La iniciativa reúne una serie de fallos relacionados con vulneraciones ocurridas en las diferentes etapas de un proceso penal.
“Trump Corp y Trump Payroll Corp se salieron con la suya con un esquema que otorgó a los altos ejecutivos lujosos beneficios y compensaciones mientras ocultaba intencionalmente sus ganancias a las autoridades fiscales para evitar pagar impuestos”, subrayó el fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg.
Corte federal de apelaciones de Atlanta, dictaminó por unanimidad que un tribunal inferior no podía limitar la investigación del Departamento de Justicia, al aceptar la solicitud del exmandatario de bloquear el acceso de los investigadores a los registros de los archivos secretos incautados en su mansión de Florida.
La secretaria de Estado aseguró que la postulación de José Morales, por parte del Ejecutivo, fue difícil ya que "el gobierno tuvo que seleccionar a esta persona a partir de una quina elaborada por el Poder Judicial”. Sin embargo, aseguró que el fiscal adjunto jefe de la Fiscalía Local Santiago Norte “fue muy claro en su presentación, manifestó y presentó un plan concreto en materia de persecución penal".
Secretaría sigue adelante con sus pesquisas contra el exmandatario. Y con los resultados de las elecciones intermedias ya prácticamente completos y la campaña presidencial de 2024 a meses de distancia de que comience en serio, los fiscales federales cuentan con tiempo abundante para continuar su labor incluso mientras Trump comienza a promoverse ante los electores.
La magistrada Ángela Vivanco manifestó que “no es parte del procedimiento" que los candidatos concurran a exponer a la Comisión de Constitución de la Cámara Alta, como lo solicitan sectores políticos. "La Corte Suprema ya definió la quina de postulantes y ahora es responsabilidad del Presidente nominar al candidato a fiscal nacional, en un plazo de diez días hábiles”, indicó.
Una resolución dictada por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de ese país, señala que la presentación de una denuncia constitucional es “una atribución que le ha sido conferida” a la Fiscalía y agregó que la evaluación y calificación de esta corresponde al Congreso. Castillo es investigado por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada.
El pasado 26 de octubre el Tribunal Oral en lo Penal de Angol dictó sentencia condenatoria en contra del exoficial Marco Aurelio Treuer, por el asesinato del joven mapuche de 17 años que ocurrió en 2002 en un fundo de Angol, en el contexto de una ocupación ilegal.
La defensa del exmandamás de la institución castrense recurrió a la instancia luego de que la ministra Romy Rutherford -quien lo procesó por delitos reiterados de malversación de caudales públicos- le denegara el beneficio.
El tribunal de alzada desestimó las alegaciones del excomandante en jefe del Ejército, quien pedía revocar la sentencia del ministro Mario Carroza. La resolución sella una de las peores semanas del general del "nunca más".
Se trata de la primera vez que la ministra en visita que investiga malversación de caudales públicos en el Ejército inculpa al excomandante en jefe que ejerció el cargo entre los años 2002 a 2006. Al igual que al resto de los exmáximos jefes militares se le atribuyó usar de forma irregular dineros que debían ser destinados a labores de inteligencia, entre otras actividades regladas por la ley. Cheyre quedará preso y en los próximos días la magistrada debe resolver si le otorga libertad bajo fianza. También se ampliaron cargos para Izurieta y Fuente-Alba.
En la causa abierta contra la vicepresidenta argentina conocida como “los cuadernos de las coimas”, el juez federal Julián Ercolini manifestó que no pudieron incorporarse elementos que establecieran la existencia de pagos y personas que los habrían realizado.
El máximo tribunal rechazó los recursos de casación contra la sentencia que condenó, a penas de entre 10 y 15 años de presidio, a los exagentes del órgano de inteligencia de la dictadura por su responsabilidad en tres delitos de secuestro calificado perpetrados en 1974, en Estación Central y San Joaquín.
Un juez federal ordenó que los mails que el exmandatario intercambió con sus abogado sean entregados a la comisión de la Cámara de Representantes que investiga el ataque al Capitolio. “Los correos electrónicos muestran que el presidente Trump sabía que las cifras específicas de fraude eran erróneas, pero siguió promoviendo esos números”, dijo el juez David Carter.