A 17 días -12 de mayo- de que se cumpla el plazo que la Corte Suprema fijó para implementar el fallo que ordena a las aseguradoras restituir los cobros en exceso a los afiliados, la variable contrarreloj es la herramienta por la cual la oposición se ha ido decantando para presionar al Ejecutivo e insistir con un recálculo de la deuda. Senadores y diputados advierten que estos días estarán marcados por intensas negociaciones y ya se están fraguando los primeros encuentros.
La Corte Suprema fijó como plazo final para implementar el fallo el próximo 12 de mayo, quedando menos de un mes para que los legisladores envíen la norma que viabiliza la sentencia. En es contexto, los disputados terminarán de votar este miércoles el proyecto, sin embargo aún no hay claridad del proceso que le sigue y ya hay voces que desestiman la fecha tope.
Los diputados de la instancia hicieron pocos ajustes al proyecto. El principal cambio es que se rechazó una norma que establecía que, en un inicio, Fonasa pudiera contratar mediante trato directo en vez de hacer una licitación entre las aseguradoras para implementar la Modalidad de Cobertura Complementaria que crea la ley corta.
Pese a que la prima extraordinaria fue aprobada por mayoría, varios diputados emitieron sus reparos, asegurando que su voto a favor respecto a establecer un “techo” en el referido incremento lo hacen “con una pistola en la sien o en el pecho” y que “en ningún caso es un salvataje” a las aseguradoras.
La frase fue pronunciada por la parlamentaria (IND-RN) en el marco de la discusión de Ley Corta de Isapres que se discutía en la Comisión de Salud de la Cámara Baja, lo que provocó que el diputado Hernán Palma, cuya hija padece esa enfermedad, abandonara la instancia y se suspendiera la sesión.
Según indicó la autoridad de Redes Asistenciales, el traspaso de afiliados de isapre a Fonasa por el momento "no ha implicado un aumento en las consultas o de la lista de espera".
La semana pasada la diputada Joanna Pérez (Demócratas) ingresó una indicación a la ley corta de isapres que fue suscrita por parlamentarios de distintos partidos, y que busca incorporar esta nueva modalidad de pago. La ministra de Salud, Ximena Aguilera, dijo este lunes que “lo estamos considerando (...). En todo caso, si se acoge, sería algo optativo, no sería obligatorio”.
La indicación que quedó fuera de la redacción del proyecto tras un fallo del Tribunal Constitucional, significaba una reducción de la deuda de las aseguradoras privadas, lo que algunos parlamentarios oficialistas llamaron un "perdonazo" a las isapres.
Además, la ministra de Salud, aseguró que el gobierno no planea, de momento, pedir una prórroga para la aplicación de fallo sobre tabla de factores de las isapres.
Tras la resolución del TC que deja la mutualización fuera de la redacción del proyecto se abre un nuevo dilema en La Moneda: incluir o no una indicación para mitigar el efecto del fallo. En ese contexto, una de las opciones que se estudian es que a los afiliados se les pueda pagar la deuda en acciones de las aseguradoras.
El ministro Segpres valoró la resolución e indicó que el proyecto ingresado por el Ejecutivo "no comprendía la mutualización".
Legisladores manifestaron que fallo no declara inconstitucional el mecanismo, sino que determina que es iniciativa exclusiva del Ejecutivo, por lo que le solicitan darle "viabilidad y patrocinio". “La salud de millones hoy depende de que el gobierno asuma su responsabilidad”, indicó Javier Macaya.
Los parlamentarios aprobaron en general el proyecto por unanimidad. La presidenta de la instancia explicó que ahora la idea es que se puedan ingresar indicaciones hasta el 27 de marzo, para poder empezar a votar el proyecto en particular desde el 1 de abril.
El proyecto, enviado por el gobierno para que se aplique el fallo de la Corte Suprema que ordena a las aseguradoras de salud a restituir los cobros en exceso y aplicar la nueva tabla de factores a sus afiliados, fue aprobado en general por el Senado a fines de enero.
Este lunes -después del receso de febrero- el Parlamento volverá a sesionar con la agenda de seguridad, el pacto fiscal y la reforma previsional como prioridades.
