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"La confianza de la ciudadanía en las empresas, que es de la esencia para el adecuado desarrollo de los mercados, está gravemente dañada en Chile", admitió la semana pasada el fiscal Ricardo Riesco, en el marco de una exposición académica vía Zoom. El abogado también fustigó las iniciativas legislativas que, durante la pandemia, "han pretendido justamente fijar en forma generalizada, no en forma especial ni focalizada, el precio de los bienes y servicios en Chile. Si se aplica a mansalva, una política pública de esa naturaleza termina indefectiblemente dañando el interés general”, dijo.

Para la autoridad antimonopolios "resulta plausible que la entidad fusionada tenga incentivos de aumentar precios debido a la cercanía competitiva de las partes". El acuerdo generaría eficiencias de €3.700 millones anuales durante los próximos seis años. Sin embargo, la FNE advirtió que “las partes no han acreditado aún cómo las eficiencias de la operación serían traspasadas a consumidores chilenos, que sirvan de contrapeso a los riesgos detectados”.

Se trata de Ricardo Paredes, quien asume como ministro economista, y el abogado Jaime Barahona.

Ricardo Riesco encabezó hoy la cuenta pública de la FNE, donde señaló que, a su juicio, la desconfianza y la sensación de abuso por parte de los ciudadanos fue una de las causas principales del estallido social de octubre.

Desde un eventual alza en los precios de armazones a un bloqueos de clientes. Diversos fueron los reparos que expuso la FNE a la compra de GrandVision (HAL) por parte de EssilorLuxottica. A la fecha la investigación se encuentra en fase II, luego de que la autoridad antimonopolios considerara insuficientes las medidas de mitigación propuestas.

Empresa Prolesur y la Fiscalía Nacional Económica (FNE), presentaron al tribunal antimonopolios un acuerdo extrajudicial, a modo de cierre de una investigación por incumplimientos a un fallo de 2004.

En la cuenta pública, Enrique Vergara aseguró que la institucionalidad está funcionando de manera eficaz.

El abogado de la Universidad de Chile y ministro saliente del tribunal económico rechaza las declaraciones emitidas por el fiscal nacional, Jorge Abbott, la semana pasada en La Tercera Domingo. Recalca que los delitos de colusión sí están siendo bien castigados en la actualidad y que eso no cambiaría si el Ministerio Público fuese el titular en la investigación de carteles.

Abogados le bajan el perfil a la extensión de la investigación a fase II. Se trata solo de algo procedimental para estudiar mejor la operación, aseguran, y no consideran que tenga una implicancia negativa de antemano.

La Superintendencia de Industria y Comercio le ordenó en diciembre suspender sus operaciones de transporte público de pasajeros.

Mario Ybar avizora una menor detección de carteles a raíz del fallo de la Corte Suprema que ayer puso fin al juicio en contra de CMPC Tissue y SCA Chile. A su parecer, la definición de coacción que realizó el máximo tribunal es bastante amplia, lo que provocará dificultades para la entidad persecutoria.

La empresa celebró que "la Corte Suprema estableció en forma categórica que SCA Chile sólo participó en la colusión porque CMPC, la empresa dominante, la obligó a participar bajo coacción y amenaza de que la compañía sería sacada del mercado".

Litigantes en casos de colusión piden cautela ante la serie de medidas que anunció al gobierno para combatir los denominados delitos de cuello y corbata. Ello debido a que aún no se conocen casos tras la última reforma al sector de libre competencia. En paralelo, persisten las discrepancias por el monopolio de la facultad penal que mantuvo el Servicio de Impuestos Internos y la Fiscalía Nacional Económica.

En junio de este año el regulador de libre competencia mexicano rechazó la compra de Cornershop por parte de Walmart, que terminó poniéndole la lápida también en Chile. Ahora Uber espera correr con mejor suerte.

Mientras el gobierno avanza con los decretos que fijan las metas de recolección y valorización para neumáticos y envases y embalajes, las empresas miran con atención cómo mitigar los riesgos de la interacción entre competidores que se dará al alero de los Sistemas de Gestión Colectivos de residuos. Asesoría externa y recomendaciones de la FNE, son parte de las acciones.