A juicio de Tommaso Valletti, experto en monopolio, la primera medida que se debe tomar es impedir que estas firmas sigan creciendo a través de adquisiciones, sin descartar su división. Afirma que el problema está en los modelos de negocios, que no muestran el verdadero costo a los consumidores y que frenan el potencial de competencia.
La situación se da a partir de una denuncia que acusa a la operación de una posible concentración contraria a la libre competencia.
A juicio de la entidad, esta exigencia, además de no tener justificación, constituye una “barrera de entrada legal difícil de superar. Actualmente sólo participa la Corporación Automóvil Club de Chile.
El fabricante de los detergentes Popeye denunció ante la FNE el supuesto incumplimiento de la transnacional respecto al avenimiento de libre competencia que acordó en el TDLC en 2014. En tanto, la productora Cleaner también estima que la anglo-holandesa “sigue abusando desde su posición de dominio”.
En su investigación, la FNE concluyó que TWDC (filial de Disney) entregó información falsa al notificar la fusión con Fox en 2018, señalando que no contaba con ciertos antecedentes exigidos por el reglamento que norma el procedimiento.
La red de adquirencia dijo que afectaría a todo el sistema de pagos: “En pocas ocasiones, si alguna, hemos observado una resolución tan catastrófica”.
Se trata de la sentencia dictada en enero de este año contra los laboratorios Baxter y Sanderson en el juicio por colusión.
El gremio solicita que el TDLC revierta su decisión inicial y abra un proceso para dictar instrucciones generales que regulen estas tasas.
La compañía reconoció a Clínica Los Carrera, firma en que posee el 28,6% de la propiedad, como competidora de su filial Clínica Ciudad del Mar en la prestación de servicios de salud privados en la Región de Valparaíso, y que no notificó esta participación dentro del plazo establecido.
En tanto, Transbank dijo que en caso de no poder iniciar los nuevos cobros contemplados para 2021, “arriesgan severamente la viabilidad” de la firma.
Dentro de las medidas anunciadas por las autoridades se incluyen una nueva ley de compras para modernizar la normativa actual.
El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia estableció que la red de adquirencia no podrá poner en marcha el sistema tarifario que pretendía iniciar en abril de 2021, esto hasta que no se resuelva la causa, proceso que podría tomar más de un año.
Ahorros por hasta US$ 855 millones al año podría lograr el Estado si aplicara una serie de recomendaciones formuladas en un informe preliminar de la Fiscalía Nacional Económica.
Sebastián Sichel destacó la relevancia del servicio que presta la red de la institución estatal al resto de los bancos.
La semana pasada, el fiscal nacional económico, Ricardo Riesco, anunció que están buscando bajar el umbral de venta para regular fusiones y adquisiciones debido a la crisis. Desde el mundo privado se está mirando con cautela el posible cambio, pues se argumentó que “pareciera que hay problemas más urgentes que atender”.
