En una audiencia realizada ante el Tribunal, el Subjefe de la División Antimonopolios de la Fiscalía, Alejandro Domic, advirtió que, en este contexto, se requieren medidas específicas para impedir que esta empresa proteja su posición cuasi monopólica.
En él Watt’s adoptó compromisos para ajustar su conducta a lo dispuesto por el TDLC y asumió el pago de $483 millones a beneficio fiscal.
La próxima barrera será la Fiscalía Nacional Económica (FNE), que deberá analizar los riesgos en el ámbito de libre competencia. Ya visó sin mayor análisis la compra de Chilquinta.
El grupo incluye empresas de Estados Unidos y Reino Unido, así como rivales de 21 países de la Unión Europea.
Además, en el escrito la empresa anticipó que entablará una demanda infraccional en contra de la Subtel.
Una nueva amenaza regulatoria para el sector que ha llevado a las grandes empresas cotizadas a perder más de 220.000 millones de euros.
La empresa de Jeff Bezos podría enfrentar una multa de hasta el 10% de las ventas anuales.
En la demanda, la Agrecu solicita al TDLC una indemnización de $50.000 por cada consumidor.
Esto en el marco de una consulta realizada por la compañía, para que el Tribunal resuelva si las bases de licitación de los concursos pueden infringir las normas que protegen la libre competencia.
Ello luego que ante una consulta ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, éste determinara que el asunto sometido a conocimiento del tribunal contiene alegaciones de naturaleza tal que sólo podrían ser conocidas en un procedimiento contencioso.
Algunos de los socios notificaron a la supermercadista que no formaban parte de la denuncia por abuso de posición dominante. Ahora, Unilever abandonó el directorio de la entidad.
Además el gremio alega la imposición de cláusulas contractuales discriminatorias y abusivas hacia los productores de leche.
El presidente del gremio de proveedores, Vasco Costa Ramírez, señala que “la acción legal de AGIP se funda en nuevas prácticas de Walmart que a nuestro juicio lesionan gravemente los principios de la libre competencia y perjudican al consumidor".
En el acuerdo Watt’s se comprometió a pagar 800 Unidades Tributarias Anuales (UTA) a beneficio fiscal, lo que equivale a más de $483 millones.
Se le acusa de aplastar a la competencia para proteger su dominio sobre las búsquedas en Internet, gracias al control del 90% del mercado que tiene en territorio estadounidense.
