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La vocera Camila Vallejo aseguró que no existe el informe que mencionó Carlos Contreras, en el que, según su versión, advirtió a Presidencia sobre el convenio con Democracia Viva. Vallejo añadió que "no me puedo hacer cargo de todo lo que dice el ex seremi. No se ha revelado nada que no se haya revelado antes. Nunca llegó ese informe a Presidencia”.
El 5 de junio, el jefe del Departamento de Asentamientos Precarios, Ricardo Trincado, remitió un documento a la Subsecretaría de Vivienda, liderada en ese entonces por Tatiana Rojas (RD), en que hacía un análisis de lo denunciado por la asociación de funcionarios de la Seremi de Vivienda de Antofagasta. La acusación, presentada el 2 de mayo, daba cuenta de una serie de irregularidades en el servicio entonces liderado por Carlos Contreras, los cuales fueron acogidos parcialmente por el Ejecutivo. Se consideró que el ahora imputado exseremi había tomado medidas para mejorar estas inconsistencias. Pero, lo atribuido a la triada de Contreras, Daniel Andrade y Catalina Pérez, al menos, ya hacía ruido en La Moneda.
En un punto de prensa, la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, señaló que los temas relacionados al lío de platas "no se van a seguir resolviendo con especulaciones" y apuntó a que el asunto está en manos de la justicia. "Esperamos que las instituciones funcionen".
El exseremi de Vivienda en Antofagasta, Carlos Contreras (exmilitante de RD), enredó nuevamente al gobierno al asegurar que el 7 de junio Presidencia supo a través de un documento formal del convenio de Democracia Viva y el Minvu, lo que echa por tierra la versión del jefe de asesores de que trataba de un rumor. El abogado de Crispi ayer defendió sus dichos y dijo que está disponible a declarar en la Fiscalía.
Los legisladores Juan Antonio Coloma y Juan Manuel Fuenzalida aseguraron que si se llega a comprobar la versión del ex seremi de Vivienda se debe pedir la renuncia de Miguel Crispi y así entregar "una señal en contra de la corrupción”.
Guillermo Chahuán, a través de una declaración pública, indicó que su representado en su presentación ante la comisión investigadora por los líos de plata "se ajusta plenamente a los hechos: no recibió el informe señalado".
El exseremi de Vivienda de la Región de Antofagasta, Carlos Contreras, publicó una declaración que puso en entredicho la versión que ha mantenido el gobierno respecto de la fecha en que se enteraron oficialmente del caso.
El titular de Vivienda y Urbanismo, en medio de un punto de prensa, llamó a la subsecretaria de la cartera para que explicara por qué no se respondió oportunamente a un oficio solicitado por fiscalía.
"El que estemos acá junto con el ministro de Vivienda refuerza el respaldo que tiene por parte de todo el gobierno, partiendo por el Presidente de la República”, defendió la ministra vocera en un punto de prensa.
En el contexto de las indagatorias ligadas a los convenios con fundaciones, se allanó el recinto donde se encuentran las oficinas del ministro Carlos Montes, además de la Subsecretaria de Vivienda y oficinas del Programa de Asentamientos Precarios. "Es una diligencia normal en el contexto de las indagatorias que está llevando a cabo el Ministerio Público", dijo el titular de Justicia, Luis Cordero.
El exsecretario de Estado, tras su dimisión a la cartera de Desarrollo Social en agosto pasado, anunció que estaba evaluando una estrategia legal contra diversos parlamentarios que lo acusaron de estar involucrado en el caso de platas políticas entre el Estado y fundaciones, y también en el robo de 23 computadores en su ministerio en plena investigación.
El líder republicano cuestionó el llamado de la ministra vocera a superar la "discusión casi meramente electoral" que, a su juicio, se ha dado en materia de seguridad. "Esto no es un debate electoral", respondió.
La excandidata a alcaldesa por Concepción está acusada de varios delitos económicos, entre ellos estafa. Tras la audiencia de este miércoles de más de cinco horas, Polizzi y los otros cuatro imputados continuarán bajo custodia de Gendarmería.
El diputado José Miguel Castro (RN) se refirió este martes a la aprobación del informe por los supuestos traspasos irregulares a fundaciones, en que el que, si bien la derecha debió atenuar la redacción contra el secretario de Estado, quedó una referencia que podría tener efectos constitucionales.
