En sus más de 40 años de carrera, el abogado ha defendido casos emblemáticos y desde muy joven ha estado vinculado con figuras que hoy son reconocidas en el mundo de la política.
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Córdova había dejado el centro reclusorio la madrugada del jueves 4 de enero, donde cumplía una pena de 18 años de presidio por la muerte de el matrimonio Luchsinger-Mackay.
Luego de que el machi, condenado por el crimen del matrimonio Luchsinger-Mackay, saliera en libertad este jueves, el abogado Carlos Tenorio dijo no compartir los cuestionamientos contra el Ejecutivo, al que se le acusó de un accionar tardío en el caso.
Coincidiendo con el undécimo aniversario del asesinato de la pareja, el machi pudo regresar a su domicilio ubicado en la comuna de Padre Las Casas. Ahí, de acuerdo con lo expuesto por su defensa, busca “retomar su vida familiar junto a su esposa e hijos, y realizar mejoras a la vivienda que sirve de hogar a la familia”. Los querellantes, en tanto, mantienen duras críticas a la determinación e insisten en que buscarán que la medida sea revocada en la Suprema.
Momentos antes de que se hiciera efectiva la libertad para el machi, el jurista Carlos Tenorio se mostró molesto con el fallo de la Corte de Apelaciones que permitió el beneficio para Córdova y anunció que se sumará a los recursos presentados para revertir la decisión.
En sus más de 40 años de carrera el abogado ha defendido casos emblemáticos y desde muy joven ha estado vinculado con figuras que hoy son reconocidas en la política.
El delegado presidencial en la región de La Araucanía, José Montalva, aseguró que en su calidad de intervinientes en la acción, se encuentran conformes con el fallo.
Marcela Ríos, en una sesión especial por la Macrozona Sur donde fue citada para explicar cuál será la estrategia del gobierno en la persecución penal de los delitos cometidos en ese sector del país, señaló que los que cuentan con permisos penitenciarios “continúan cumpliendo su condena, en una modalidad diferente, sin que esto implique el término anticipado de la condena”. En la instancia los diputados aprobaron un proyecto de resolución que rechaza el otorgamiento de beneficios carcelarios a los primos Tralcal.
Así lo aseguró el abogado de la familia, Carlos Tenorio: "Esta decisión (del beneficio) genera molestia en la víctimas, en quiénes somos operadores del sistema judicial; porque finalmente todo el trabajo que se hizo para obtener un margen de justicia, esto queda en la absoluta burla".
Los primos José y Luis Tralcal -condenados por el crimen del matrimonio Luchsinger Mackay- lograron que el consejo técnico del centro penitenciario especial en el que se encuentran privados de libertad en Victoria les concediera el beneficio de salida dominical y, además, cada tres meses poder contar con hasta siete días para salir del recinto. Pese a que la solicitud había sido rechazada previamente, una jugada de sus defensores en el Tribunal de Garantía de Temuco consiguió que el informe sicológico que exige dicha instancia fuera realizado por una profesional con "competencia multicultural". Con ese documento a su favor, ambos consiguieron la luz verde para volver a las calles, aunque sea solo cada siete días.
El hijo del matrimonio Luchsinger Mackay -cuyo asesinato cumplió nueve años- dice que espera que a la administración de Gabriel Boric le vaya bien, pero no mantiene expectativas sobre lo que pueda hacerse ante la violencia rural en la Macrozona Sur. Dice que cree en el diálogo, pero sin amenazas, y con un plan concreto. Sobre las declaraciones de Izkia Siches, quien se abrió a conversar con la CAM, sostiene que “cuando hay una persona con un fusil del otro lado, no es un diálogo, es una imposición”.
La constituyente llegó hasta el Centro de Educación y Trabajo (CET) de Victoria, en La Araucanía, para entrevistarse con Luis Tralcal Quidel y José Tralcal Coche, ambos sentenciados a 18 años de cárcel por el doble crimen ocurrido en la localidad de Vilcún en enero de 2013. La comunera mapuche, quien fue llevada a juicio y absuelta dos veces por este caso, llegó acompañada de dos asesores y sólo conversó con José, por cerca de dos horas.
Este jueves se dio a conocer el fallo de la Tercera Sala de la Corte Suprema, la que determinó una indemnización de $ 1.000 millones a los hijos del matrimonio Luchsinger-Mackay, por no haber brindado la debida protección a sus padres.
La coordinadora de la Comisión de Derechos Humanos ha dedicado la mayor parte de su carrera a defender a comuneros mapuches y, los últimos meses, a detenidos en el marco del estallido. Nunca ha militado, pero dice que su domicilio político está en el Movimiento de Defensa del Agua, la Tierra y la Protección del Medio Ambiente (Modatima). Sus primeros días en el cargo han estado marcados por la discusión sobre la integración de Jorge Arancibia en la instancia.
A ocho años de ocurrido el crimen del matrimonio en el Fundo Granja Lumahue, en Vilcún, el máximo tribunal del país acogió la demanda presentada por sus hijos y ordenó al Fisco resarcir los daños que provocó la muerte de Werner Luchsinger (75 años) y su esposa Vivianne Mackay (69 años) la noche del 4 de enero de 2013. A juicio de la Tercera Sala del máximo tribunal, hubo falta de servicio ante las constantes amenazas de muerte que denunció el matrimonio y su familia. La sentencia, en que se ordena un pago de $ 250 millones a cada hijo, se convierte en un hito en el contexto de los casos de violencia rural y un precedente que será observado atentamente por las víctimas de la Macrozona Sur.
