El séptimo ministro del comité político es solo una de las formas en que en el Ejecutivo se refieren al titular de Justicia, quien asumió un rol clave de contención en el lío de platas. El abogado se ha ido ganando la confianza del Presidente y se ha convertido en el contacto preferido en los celulares de varios de sus compañeros del gabinete.
Son 18 las ONG que el ministerio liderado por Luis Cordero está investigando. Entre las organizaciones que están bajo "fiscalización vigente” se cuenta a Democracia Viva, ProCultura, Urbanismo Social, Arquiduc, Enlace Urbano, Fibra, entre otras. De acreditarse una irregularidad en su constitución, arriesgan su total disolución.
El senador y presidente de Revolución Democrática (RD) se sumó a los dichos del ministro de Justicia, Luis Cordero, quien endureció el tono hacia las organizaciones sin fines de lucro, esto luego que la Contraloría declarara ilegales convenios por $13 mil millones.
Las charlas para las autoridades entrantes no se generaron por “problemas de agenda” de la nueva administración y el ente fiscalizador no insistió.
El jefe de la cartera de Justicia, Luis Cordero, se refirió a las polémicas con convenios de fundaciones en el gobierno y además, comentó sobre la salida de la subsecretaria de las Culturas señalando que "no debería haber suscrito ningún documento respecto de una entidad que ella trabajo previamente".
El titular de Justicia aseguró que "hay un problema estructural" y que "es altamente probable que la auditoría de la Contraloría sea extremadamente severa", con la polémica asignación de recursos desde la Seremi de Vivienda de Antofagasta hacia la fundación Democracia Viva.
Iniciativa apunta a reconstruir las trayectorias de las personas víctimas de desaparición forzada, desde la detención y secuestro, hasta su paradero. Se epera que sea presentada al país el 30 de agosto.
El ministro de Justicia, Luis Cordero, señaló que están ante un "problema estructural" que dificulta la eventual devolución de dineros ante irregularidades. Explicó que originalmente las transferencias eran realizadas a los municipios y que cuando el modelo se amplió se siguió utilizando la misma fórmula "por inercia" y que están trabajando por la vía legal para solucionar la no exigencia de estos documentos.
Ministro de Justicia dijo que fue su par de Vivienda, Carlos Montes, quien el 4 y 5 de julio informó al Senado y a la Cámara que no existían dichos documentos en los convenios con fundaciones, y que el 14 de este mes solicitó la medida precautoria al Consejo de Defensa del Estado.
A las aprensiones que han manifestado Jaime Pizarro y varios parlamentarios, quienes anunciaron distintas modificaciones a la actual estructura con el fin de garantizar la transparencia, se suma ahora el responsable de la cartera que tiene directa relación con la entidad que rige a la ANFP.
El ministro de Justicia se refirió a los cuestionados convenios entre el Estado y fundaciones, asegurando -sobre la falta de exigencia de boletas de garantía a las organizaciones- que “varias de estas transferencias carecen de esto”.
El ministro de Justicia, además, pidió "no abusar de la retórica de la intransigencia y que no se utilice la calumnia" en torno a los ministros que encabezan las reparticiones afectadas por los delitos. También se refirió al recurso presentado por Democracia Viva para evitar restituir fondos cuestionados.
La política pública impulsada por el gobierno entró esta semana en su fase decisiva: tras encuentros de cierre con familiares, el Comité Interministerial de Derechos Humanos hará su revisión final. Como se definió, una de las metas principales será reconstruir las trayectorias de las personas víctimas de desaparición forzada, desde la detención y secuestro, hasta su paradero.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos aseveró que los cinco robos -entre frustrados y concretados- en edificios públicos serían perpetrados por "delincuentes comunes". También se mostró "preocupado" por la discusión de las enmiendas en el Consejo Constitucional.
"La situación demostró que estamos utilizando cualquier circunstancia, cualquier evento, en este caso este que está vinculado al robo de los computadores, para interpelar políticamente al ministro Jackson", manifestó el titular de Justicia y Derechos Humanos.
