La ministra además se refirió al oficio de Contraloría señalando que "como Gobierno siempre hemos estado y estaremos disponibles a responder todos los requerimientos de la Contraloría o las consultas".
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Esta jornada el contralor Jorge Bermúdez lanzó un duro mensaje a La Moneda al solicitar que el jefe de asesores del Segundo Piso, Miguel Crispi (RD), explique por qué cree que está exento de la fiscalización de la Cámara de Diputados. El gobierno, a través del ministro Cordero, respondió que bajo ese criterio todos los jefes de gabinete y jefes de asesores del Segundo Piso, de administraciones pasadas y futuras, debieran comparecer a las comisiones investigadoras.
“La ley exime a la Presidencia de la República de algunas obligaciones comunes al resto de la administración, admitir una cosa distinta sería en algún sentido desviar los propósitos legislativos que el propio Congreso ha establecido en estas materias”, afirmó el ministro de Justicia.
Esta jornada el contralor Jorge Bermúdez lanzó un duro mensaje a La Moneda al solicitar que el jefe de asesores del Segundo Piso, Miguel Crispi (RD), explique por qué cree que está exento de la fiscalización de la Cámara de Diputados. Y es que, comentan fuentes conocedoras, la autoridad de Teatinos 56 se basa en la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, en que se señala que no solo los ministros deben comparecer ante las comisiones investigadoras del Senado y la Cámara. Con esto se derriba la tesis del gobierno de que el exdiputado puede excusarse de asistir porque ahora no tendría calidad de funcionario público. En la misma sesión, el líder del órgano fiscalizador lanzó también un dardo a la directora de Presupuesto, Javiera Martínez, también RD. Confirmó que durante la gestión de la ingeniera se bajaron los controles para otorgar los convenios con ONG que hoy están en la mira de la Fiscalía.
El mandamás del órgano fiscalizador se refirió a la situación del jefe de asesores de la Presidencia en una sesión de la comisión investigadora de la Cámara Baja. "Cualquier persona en un Estado democrático que está en una posición de poder tiene el deber de rendir cuentas", señaló.
El jefe del Segundo Piso, Miguel Crispi, y la directora de la Dipres, Javiera Martínez, nuevamente se volvieron blanco de las críticas opositoras en medio de la investigación que lleva adelante el Ministerio Público de los cuestionados convenios entre fundaciones y reparticiones del Estado. En La Moneda están inquietos por los coletazos que puedan existir en la discusión del Presupuesto y algunos prevén que deberán ajustar la estrategia.
"Dada la decisión adoptada por su administración, es que en el marco de la tramitación de la Ley de Presupuesto 2024 presentaremos una indicación para rebajar a $1 peso la partida correspondiente a la Presidencia de la República -de la cual depende el señor Crispi-, respondiendo así a la afrenta y a la actitud ofensiva de su gobierno con el Congreso Nacional", señala la carta enviada por legisladores gremialistas al Presidente Gabriel Boric.
Los ministros Luis Cordero y Carolina Tohá apuntaron que al jefe de asesores del Segundo Piso no le correspondía comparecer ante las citaciones del Congreso debido a la naturaleza de sus funciones. "Quienes se encuentran en el gabinete presidencial están sujetos a ciertas obligaciones de reserva por la forma y modo en que su gabinete funciona", planteó el titular de Justicia.
El jefe de asesores del Segundo Piso y exdiputado, Miguel Crispi, no ha asistido a ninguna de las sesiones que está llevando adelante la comisión especial de la Cámara de Diputados que investiga las responsabilidades políticas en torno a los líos de platas, instancia a la que ha sido invitado en dos ocasiones.
"No ha tenido respeto por la facultad fiscalizadora de la Cámara de Diputados", agregó el timonel UDI. Este viernes, en medio de la ofensiva de la oposición, el gobierno salió a defender la determinación del militante de RD.
La ofensiva se suma al oficio enviado ayer por la comisión que investiga irregularidades en el traspaso de recursos fiscales, que solicita al ente contralor que determine si Crispi entra o no en la categoría de funcionario público y que, por tanto, corresponda que concurra a las citaciones del Congreso. La tesis de los diputados UDI es que si el gobierno defiende que el jefe de asesores no es empleado fiscal, no corresponde que se utilicen dineros públicos para contratar a Luis Hermosilla, quien asumió la representación legal de Crispi en el marco de la investigación que dirige la Fiscalía de Antofagasta.
Esto, luego de que esta jornada, por segunda vez consecutiva, el jefe de asesores del Segundo Piso no respondió a una convocatoria realizada por la comisión parlamentaria y se limitó a enviar un documento de seis páginas para responder a algunos de los cuestionamientos en su contra.
La comisión que investiga el financiamiento irregular de fundaciones aprobó oficiar a Contraloría para zanjar si el jefe de asesores presidenciales tiene las obligaciones de un funcionario público y pide iniciar un proceso sancionatorio en su contra. El escrito se aprobó con votos oficialistas. Incluso, una de las diputadas que votó en contra, Mercedes Bulnes (independiente Frente Amplio), igualmente consideró la ausencia de Crispi como "imprudente".
El presidente de la comisión, José Miguel Castro (RN), aseguró que la decisión “es una provocación a este Congreso”, por lo que se enviarán los antecedentes a la Contraloría para eventuales sanciones. Soto (PPD) pidió evaluar su continuidad en el cargo.
En el marco de la investigación que lleva adelante el Ministerio Público por los cuestionados convenios entre fundaciones y reparticiones del Estado, el jefe de asesores del Segundo Piso también optó por fichar al abogado Luis Hermosilla.
