El diputado aborda el paro educacional en su región y responde a las críticas de sus pares, quienes lo acusan de promover contrataciones en los servicios de la zona. "Yo no eludo el vínculo que tengo con esas dos personas", dice en relación a Claudio Álvarez y Miguel Carvajal, quienes están siendo investigados por supuestas irregularidades. El legislador, en todo caso, se defiende y asegura que quienes lo apuntan están intentado sacar réditos políticos.
“Esperamos que quienes tienen en las manos la decisión de retornar a clases, hagan la evaluación y tomen esa decisión. Nosotros no podemos hoy día accionar en contra de los profesores y profesoras si es que ellos no quieren volver a clases. Naturalmente, hay mecanismos y pronunciamientos de la propia Contraloría con dictámenes que señalan que cuando las clases no se realizan proceden descuentos", señaló el titular del Mineduc.
El informe, cuyos resultados fueron conocidos por el Ministerio de Educación en julio del año pasado, advertía de un “sistema de control interno insatisfactorio”, lo que “podría generar una eventual desviación de fondos e incumplimientos de la normativa vigente”.
Hoy, ni los municipios ni tampoco los SLEP, logran garantizar las mínimas condiciones de gestión y el uso de recursos para asegurar una verdadera oferta educativa estatal de calidad.
El pasado jueves 19 de octubre se informaron los primeros resultados de las postulaciones.
Actualmente, 46 establecimientos del SLEP Atacama se encuentran en paro, por lo que la propuesta busca que los estudiantes vuelvan a las aulas desde el 2 de noviembre y, a la vez adoptar precauciones en cuanto a los procesos educativos de la comunidad escolar.
El jefe de la cartera, los exministros Ávila y Figueroa, y parlamentarios como los diputados Santana y Cicardini o la senadora Provoste, han cobrado relevancia en estos 53 días que suman sin clases los estudiantes de la mayoría de los establecimientos dependientes del Servicio Local de Educación Pública atacameño.
El ministro Nicolás Cataldo se refirió al paro de profesores en la zona, indicando que se proyecta una "solución a corto plazo" y que se trabaja en un plan para enfrentar brechas de aprendizaje. "Estos más de 50 días de paralización de actividades no van a ser inocuos", advirtió.
"Instruimos también durante este periodo reciente una auditoría forense para poder identificar responsabilidades individuales, porque vamos a llegar hasta las últimas consecuencias”, advirtió el titular del Ministerio de Educación.
“El Ministerio de la Educación, como ha sido evidente en este caso, esperó 50 días para involucrarse directamente”, afirmó el exjefe de cartera.
Ni siquiera el compromiso por parte del Ministerio de Educación de comenzar los trabajos de reparación y restauración en los establecimientos a más tardar el 6 de noviembre ha logrago convencer a los profesionales, que se niegan a retornar hasta ver concretado el inicio de las obras. Casi 30 mil estudiantes corren serio riesgo de perder el año escolar.
La intervención de la senadora, que representa a esa circunscripción en el Congreso, se produjo en una sesión de la comisión de Educación de la Cámara Alta este lunes, en la que emplazó al titular del Mineduc por los problemas por los que atraviesa el sistema educativo de la región.
La Subsecretaría de Educación Superior informó que una vez que el respectivo decreto esté totalmente tramitado, enviarán un oficio al Consejo Nacional de Educación solicitando su acuerdo sobre la propuesta de administrador de cierre.
El Servicio Local de Educación Pública de la zona registra serias deficiencias administrativas y de infraestructura, lo que tiene a los docentes movilizados desde inicios de septiembre, a casi 30.000 estudiantes afectados y en un riesgo latente de perder el año escolar si es que el problema no ve una pronta salida.
El Ministerio de Educación informó la decisión a través de sus redes sociales.
