Al titular de Educación y sus equipos no les ha salido gratis la crisis educacional en el norte del país, la que provocó que se abrieran un par de flancos que hasta hace poco no tuvieran por dónde. El respaldo a su gestión desde La Moneda, en todo caso, se mantiene intacto.
La paralización de docentes en la región de la zona norte lleva casi 80 días.
Los Servicios Locales de Educación Pública reemplazan a las municipalidades como organismos responsables de los establecimientos educativos y en 2017 se estableció que existirían 70 a lo largo del país. De acuerdo al calendario que se ha establecido para este proceso de traspaso, su término está programado para 2027.
Jaime Veas sostuvo que “las buenas experiencias están” y que la situación de Atacama "es muy compleja y lamentable", pero se encuentran trabajando para salir adelante. En esta línea, detener este proceso de los SLEP "no es posible", "pero sí hay que perfeccionar significativamente la forma en que estamos creando y el diseño del Sistema de Educación Pública”.
El presidente del Colegio de Profesores Regional de Atacama, Carlos Rodríguez, aseguró que la infraestructura de los establecimientos está en malas condiciones y señaló que este "lunes vamos a levantar la realidad de los 46 establecimientos, vamos a hacer gráficos y videos para desmentir lo que están diciendo las autoridades".
Un conflicto que parecía ser solo territorial escaló rápidamente y agarró tintes más allá de lo educacional: lo político y lo administrativo entraron al ruedo. Con ello, al jefe del Mineduc se le dificultó un camino que lo obligó a endurecer el tono durante esta semana, apuntando a actos de corrupción. ¿Y el paro de profesores? Parece no tener un pronto final.
La iniciativa -aprobada con 114 votos a favor, 12 en contra y dos abstenciones- consolida el Sistema de Reconocimiento y Promoción del Desarrollo Profesional Docente como único método general de evaluación a los profesores.
Hace unos días, la municipalidad de esa comuna anunció el cierre de nueve establecimientos educacionales debido a una deuda de más de $ 18 mil millones. El Mineduc ya trabaja en dos medidas para hacer frente a la crisis que, según el titular Nicolás Cataldo, pondría en riesgo la garantía del derecho a la educación.
El ministro de Educación se refirió a los incidentes que se han vivido durante el año en estos establecimientos de la capital, asegurando que “el Estado ha fracasado consistentemente durante muchos años, hoy se han traspasado límites en cómo se ejerce la violencia por parte de algunos grupos".
Francisco Cox cobró una cifra similar a la que recibió cuatro años antes, cuando defendió a la entonces secretaria de Estado, Marcela Cubillos, en una instancia idéntica. El dinero, "por tratarse de consecuencias derivadas del ejercicio de la función pública" acorde a un dictamen de 2019 de Contraloría, fue asumido por el Ministerio de Educación.
Para octubre acordaron abordar en la mesa los criterios de cómo se va a comenzar a reparar la deuda histórica, y en noviembre se verá todo lo referente a la propuesta económica, es decir, de cuánto van a ser los montos, cuáles van a ser las formas de pago, entre otras materias.
El presidente del gremio hoy manifestó su rechazo a la iniciativa, indicando que esto es “una muestra más de la absoluta desconexión de la clase política”.
Según destacaron desde el gremio, se ha apresurando el proceso ya que el ministerio ha empezado a tomar contacto directo con los sostenedores. Algunos sin embargo, todavía no hacen la solicitud de recursos por lo que acordaron que dirigentes comunales y regionales hagan las gestiones correspondientes en cada lugar.
El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, explicó que "es mejor tener un día de suspensión (…) que tener dos semanas deterioradas la infraestructura y tener que repararla".
Según explicó Rodrigo Roco, estos hechos "no tiene que ver con manifestaciones que tengan que ver necesariamente demandas".
