La renuncia del ahora exjefe del Departamento de Asentamientos Precarios fue solicitada este lunes por el ministro de Vivienda, Carlos Montes.
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De acuerdo con la "ficha laboral" del arquitecto, ingresó a la cartera en abril de 2008 y, según los registros de convenios celebrados por la misma repartición y entidades privadas, fue quien propuso a Fundación EnRed en Ñuble, Atacama y O'Higgins. Además, tras su salida del Ejecutivo, su hermana constituyó una empresa que luego emitió boletas a la misma ONG.
"El que estemos acá junto con el ministro de Vivienda refuerza el respaldo que tiene por parte de todo el gobierno, partiendo por el Presidente de la República”, defendió la ministra vocera en un punto de prensa.
Se trata de la primera vez que en el marco de las indagatorias ligadas a los convenios con fundaciones se allana el recinto donde se encuentran las oficinas del ministro que encabeza la cartera, Carlos Montes. Además, efectivos policiales hicieron ingreso a la Subsecretaria de Vivienda y a las oficinas del Programa de Asentamientos Precarios.
A última hora fracasaron las gestiones para eximir al ministro de Vivienda de un juicio crítico de parte de la instancia investigadora de la Cámara. Un punto de prensa de la diputada Ericka Ñanco terminó por dinamitar las negociaciones con tres legisladores que eran cruciales para lograr un informe que protegiera al secretario de Estado.
Para aprobar el informe, la derecha debió atenuar la redacción contra el secretario de Estado, sin embargo, quedó una referencia que podría tener efectos constitucionales. El texto, además, cuestiona al jefe de asesores presidenciales, Miguel Crispi; a la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, y a la exsubsecretaria Tatiana Rojas, a quien le asigna responsabilidades administrativas y penales.
A diferencia de otras figuras que podrían ser señaladas en el informe de la comisión investigadora de la Cámara, el caso del ministro de Vivienda es delicado. Él es el único de los aludidos que podría ser acusado constitucionalmente. Por lo tanto, la opinión de Raúl Soto (PPD), Andrés Jouannet (Amarillos) y Rubén Oyarzo (PDG) es vital para el futuro del titular del Minvu.
Si llegase a prosperar ese texto en la instancia fiscalizadora, sentaría un punto delicado para el futuro del ministro de Vivienda, a quien sectores de la derecha pretenden acusarlo constitucionalmente. Este concepto fue usado en el pasado para sostener los libelos en contra de los exministros Harald Beyer (Educación), Yasna Provoste (Educación) y Andrés Chadwick (Interior).
La suspensión anticipada de convenios ha permitido a la cartera encabezada por Carlos Montes retener a las fundaciones involucradas varios cientos de millones, ya que las acciones emprendidas habilitaron al CDE para conseguir medidas precautorias en juzgados civiles. Desde la repartición insisten, en ese sentido, que utilizarán "todas las herramientas que nos permita la ley para recuperar los dineros".
El Plan Urbano Habitacional (PUH) Ciudad del Niño del Minvu entregará cerca de 1.800 viviendas y un parque urbano de más de 2 hectáreas. Los terrenos del proyecto fueron adquiridos por el Serviu, luego de que en 2022 privados desistieran de la construcción de 5.041 viviendas en el lugar, idea resistida por la comunidad que demandaba áreas verdes.
El ministro de Vivienda aseguró que la acción anunciada por la bancada del Partido Social Cristiano "hay que asumirla porque es parte de las instituciones". Asimismo, pidió a la comisión investigadora determinar en sus conclusiones las implicancias del caso sobre líos de platas.
El ministro de Vivienda este viernes salió al paso de los cuestionamientos en su contra tras el informe del órgano contralor, que da cuenta de la auditoría a 15 seremías del Minvu que efectuaron millonarios traspasos a fundaciones. "Había un un modelo con las fundaciones privadas, y simplemente seguimos con la que venía (...) no captamos el conjunto de forados y riesgos que había de hechos de corrupción", dijo.
Según lo informado por la cartera, la fundación liderada por Alberto Larraín incurrió en una serie de incumplimientos. Entre ellos, se constataron atrasos y ausencia de rendiciones. Tras la determinación, la repartición tiene un plazo de 10 días para emitir la liquidación de los tratos e informar si la ONG tendrá que devolver parcial o totalmente los recursos.
La Corte de Apelaciones confirmó el fallo del Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago que condenó al Estado a pagar $ 33 millones en indemnización a favor de Gabriella de Angelis, quien es doctora en arquitectura y experta en riesgos por desastres naturales. Hasta diciembre del 2021 se desempeñaba como funcionaria de la Comisión Asesora para la Reducción de Riesgos de Desastres y Reconstrucción, cuando fue desvinculada tras una serie de hostigamientos, según señaló el tribunal.
