Desde el sector, además, proyectaron que el líbelo no contaría con el respaldo necesario en el Congreso.
19 dic 2023 01:16 PM
Desde el sector, además, proyectaron que el líbelo no contaría con el respaldo necesario en el Congreso.
El libelo es presentado por la eventual responsabilidad del secretario de Estado en los traspasos de recursos desde el ministerio de Vivienda a fundaciones que están siendo investigados por la justicia.
El ministro de Vivienda dijo que desconoce aún el contenido del líbelo que presentará la oposición, pero que es “primera vez que alguien hace referencia a temas de probidad". Además, señaló “el que decide mi permanencia o no es el Presidente de la República”.
Tras conocerse la declaración de Tatiana Rojas, volvió a quedar en entredicho las explicaciones que ha brindado el ministro de Vivienda, Carlos Montes, quien recalca que no tuvo antecedentes hasta antes del 16 de junio, momento en que estalló el escándalo que involucra a organismos públicos y fundaciones.
El secretario de Estado detalló que se han entregado 92.093 viviendas, hay 125.191 en ejecución y otras 82.649 aprobadas para iniciar su construcción. La meta final es dar 260 mil viviendas durante la administración del Presidente Gabriel Boric, hasta fines del 2025.
A seis meses de que estallara el caso por transferencias entre organismos estatales y fundaciones, el fiscal jefe de Antofagasta, Cristián Aguilar, decidió separar las indagaciones y precisó las infracciones que se persiguen. De esta forma, confirmó que hay una hebra que se centra en las eventuales omisiones en que habrían incurrido funcionarios de la cartera liderada por el ministro Carlos Montes.
El secretario de Estado detalló que hasta la fecha hay 85.704 viviendas terminadas en todo el país, 127.162 en ejecución, y 78.847 en proyectos aprobados por iniciarse. La iniciativa tiene como meta llegar a 260 mil soluciones habitacionales durante la administración del Presidente Gabriel Boric.
Este martes efectivos de la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI llegaron hasta las oficinas de la repartición para incautar documentación relativa a convenios suscritos con ProCultura y Arquiduc. En ambos casos se indaga la participación de exfuncionarios de gobierno que habrían favorecido a dichas ONG, entre ellos Gonzalo Vega Moreira, ex brazo derecho de Ward.
Un grupo de personas llegó hasta el edificio del ministerio, ubicado en Serrano 15, para respaldar al ministro en medio del caso de líos de platas políticas.
El ministro de la Secretaría General de la Presidencia dijo que “la opinión técnica” que formuló en su momento el jefe del Departamento de Asentamientos Precarios del Minvu fueron proporcionados por el titular de Vivienda al Ministerio Público "cuando se realizó la primera denuncia" por el caso de platas políticas.
La renuncia del ahora exjefe del Departamento de Asentamientos Precarios fue solicitada este lunes por el ministro de Vivienda, Carlos Montes.
De acuerdo con la "ficha laboral" del arquitecto, ingresó a la cartera en abril de 2008 y, según los registros de convenios celebrados por la misma repartición y entidades privadas, fue quien propuso a Fundación EnRed en Ñuble, Atacama y O'Higgins. Además, tras su salida del Ejecutivo, su hermana constituyó una empresa que luego emitió boletas a la misma ONG.
"El que estemos acá junto con el ministro de Vivienda refuerza el respaldo que tiene por parte de todo el gobierno, partiendo por el Presidente de la República”, defendió la ministra vocera en un punto de prensa.
Se trata de la primera vez que en el marco de las indagatorias ligadas a los convenios con fundaciones se allana el recinto donde se encuentran las oficinas del ministro que encabeza la cartera, Carlos Montes. Además, efectivos policiales hicieron ingreso a la Subsecretaria de Vivienda y a las oficinas del Programa de Asentamientos Precarios.
A última hora fracasaron las gestiones para eximir al ministro de Vivienda de un juicio crítico de parte de la instancia investigadora de la Cámara. Un punto de prensa de la diputada Ericka Ñanco terminó por dinamitar las negociaciones con tres legisladores que eran cruciales para lograr un informe que protegiera al secretario de Estado.